JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excabecillas de las Farc por violencia sexual y de género

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excabecillas de las extintas Farc por su presunta responsabilidad en violencias basadas en género, violencia sexual y actos de persecución cometidos contra la población civil durante el conflicto armado colombiano.

Según la decisión judicial, los comparecientes fueron identificados como máximos responsables, ya sea por responsabilidad de mando o por autoría directa, de conductas constitutivas de los crímenes de guerra de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de personas civiles. Asimismo, se les atribuye responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso de población.

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La JEP precisó que, debido a la gravedad de los hechos imputados, estos delitos no pueden recibir perdón judicial. La determinación se adoptó en el marco del Subcaso 01 del Caso 11, que investiga los crímenes cometidos por las Farc contra civiles por razones relacionadas con el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

De acuerdo con la jurisdicción, este subcaso busca esclarecer la manera en que los prejuicios y las relaciones desiguales de poder influyeron en el accionar de los grupos armados y en las diferentes formas de violencia ejercidas contra personas que no participaban directamente en las hostilidades.

La JEP recordó que el Caso 11 está dividido en varios subcasos. Mientras el Subcaso 01 se centra en los delitos cometidos por las extintas Farc contra civiles por razones de género, el Subcaso 02 investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública contra la población civil y es liderado por el magistrado Óscar Parra Vera. Por su parte, el Subcaso 03 aborda los llamados crímenes intrafilas ocurridos tanto en las Farc-EP como en el Ejército Nacional, bajo la dirección de la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

Entre los exintegrantes de las Farc imputados figuran antiguos comandantes de frente, miembros de estados mayores y otros integrantes de los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, así como del Comando Conjunto Central. La JEP les atribuye responsabilidad de mando o autoría directa en los hechos investigados.

Por el Bloque Sur fueron imputados Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’, excomandante del Frente 14, y Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’, excomandante de los frentes 2 y 48.

En el Bloque Oriental fueron señalados Élmer Caviedes, conocido como ‘Albeiro Córdoba’, excomandante del Frente 44; Bertulfo Caicedo Garzón, alias ‘Alberto Pitufo’, exintegrante del Estado Mayor del Frente 27 encargado de las finanzas; y Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, quien estuvo al frente de la denominada “oficina de quejas y reclamos” de las Farc-EP en Vista Hermosa, Meta, durante la zona de distensión.

Por el Bloque Noroccidental fueron imputados Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como ‘Isaías Trujillo’, excomandante del Frente 34, y Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias ‘Anderson’ o ‘Carranza’, excomandante de los frentes Aurelio Rodríguez y 36.

La lista también incluye a Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21, y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, responsable de la organización política y de masas del mismo frente, ambos pertenecientes al Comando Conjunto Central.

Finalmente, por el Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental fueron imputados Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, exintegrante del Estado Mayor del Frente 29, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’, excomandante de la Columna Móvil Jacobo Arenas.

Con esta decisión, la JEP avanza en el esclarecimiento de las violencias basadas en género ocurridas durante el conflicto armado, un componente que busca determinar responsabilidades individuales y de mando por graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario contra la población civil.

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