Revelan negociación secreta entre Fiscalía y Carlos Mattos por salidas irregulares de prisión

En el marco de una audiencia reciente ante una jueza de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación defendió un principio de oportunidad concedido al empresario condenado Carlos José Mattos Barrero, que contempla el archivo de un proceso penal a cambio de la entrega de vehículos a entidades estatales.

Esta negociación surgió tras una investigación que reveló que Mattos habría salido de forma irregular de la cárcel La Picota, escoltado por dragoneantes del Inpec, con el fin de atender asuntos personales en Bogotá, situación que generó una amplia controversia nacional en marzo de 2022.

La propuesta, cuya existencia fue revelada por Caracol Radio, se soporta en una figura jurídica introducida por la reforma a la justicia de 2025, que amplió las causales para la aplicación del principio de oportunidad, incluyendo la denominada “reparación integral”.

En este contexto, Mattos entregaría en “donación” dos camionetas Hyundai STARIA modelo 2025, valoradas en más de 180 millones de pesos cada una, a la Fiscalía y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el propósito de evitar un juicio penal por los hechos mencionados.

La fiscal del caso, Aida Esperanza Moreno, presentó ante el juzgado las características técnicas de los vehículos ofrecidos y señaló que estos serían utilizados para labores logísticas, de custodia y transporte de personas privadas de la libertad.

Según su exposición, la entrega del primer vehículo tendría lugar en el Búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que el segundo, junto a una motocicleta adicional ofrecida por los dragoneantes involucrados, sería destinado al Inpec.

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La moto, una Adventure 250, fue descrita con detalles técnicos por la misma fiscal, quien argumentó que todos los elementos ofrecidos constituían una forma válida de “reparación integral”.

En paralelo al acuerdo ofrecido a Mattos, también se contempló la cesación del procedimiento penal contra los tres funcionarios del Inpec involucrados: Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero.

Estos custodios, quienes acompañaron al empresario durante sus salidas no autorizadas, entregaron como parte del acuerdo una motocicleta cuyo valor fue estimado en más de 25 millones de pesos. En total, la Fiscalía valoró el paquete de bienes donados en aproximadamente 390 millones de pesos.

Durante la audiencia, la fiscal Moreno justificó la viabilidad del principio de oportunidad con base en criterios de utilidad, necesidad y proporcionalidad, y argumentó que se estaba accediendo a la justicia y a la reparación como principios constitucionales.

No obstante, también aclaró que desconocía el estado mecánico de los vehículos ofrecidos, aunque indicó que eran modelos recientes.

De acuerdo con lo revelado, si el principio de oportunidad es aprobado en firme por el despacho judicial, tanto Mattos como los tres guardias penitenciarios deberán ofrecer disculpas públicas por su conducta.

El trámite judicial lleva más de tres años sin que se haya realizado una imputación formal de cargos contra el empresario por el episodio de las salidas irregulares, a pesar de que, según la Fiscalía, existen pruebas documentales que confirman al menos cuatro incursiones fuera del centro penitenciario en las que Mattos habría utilizado vehículos oficiales y recibido acompañamiento del personal del Inpec.

Durante las salidas, Mattos habría asistido a su oficina en el norte de Bogotá, mantenido reuniones con su abogado y familiares, y utilizado los medios del Estado para trasladarse sin autorización legal.

Imágenes y testimonios difundidos por medios nacionales confirmaron que incluso se acondicionaron bolsas plásticas negras en las rejas de acceso a sus oficinas para evitar ser identificado.

Mientras el empresario no fue imputado formalmente durante el proceso, los tres dragoneantes del Inpec sí enfrentan cargos y una audiencia de acusación fijada para el 8 de julio, lo que ha generado críticas sobre el desequilibrio procesal y el tratamiento diferenciado entre el privado de la libertad con capacidad económica y los funcionarios de menor rango.

La audiencia para definir la aprobación o rechazo del principio de oportunidad está programada para continuar el próximo 10 de febrero, fecha en la que se espera que la jueza evalúe la legalidad y conveniencia de la figura planteada por la Fiscalía.

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