Empresa Metro de Bogotá denuncia ante la Fiscalía presunto caso de corrupción en la Primera Línea del Metro

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación tras conocer un presunto caso de corrupción que involucra a un directivo de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC), una de las empresas que integran el consorcio encargado de construir la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La decisión fue anunciada luego de que la entidad realizara una revisión interna sobre la información conocida públicamente y verificara que la persona mencionada en la denuncia corresponde a un directivo de la compañía asiática.

Según explicó la EMB, los hechos objeto de investigación estarían relacionados con la interacción contractual entre funcionarios de CHEC y uno de sus subcontratistas, sin que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, exista evidencia de afectación sobre los recursos públicos destinados a la obra.

A través de un comunicado oficial, la Empresa Metro de Bogotá rechazó cualquier actuación que pueda vulnerar los principios de transparencia que rigen la ejecución del proyecto y aseguró que puso toda la información recopilada a disposición de la Fiscalía para facilitar las investigaciones penales que permitan establecer la existencia de posibles responsabilidades.

La entidad también notificó el caso a la banca multilateral que participa en la financiación del proyecto, con el propósito de que las entidades financieras internacionales conozcan el desarrollo de la situación y puedan ejercer los mecanismos de supervisión previstos dentro de los acuerdos suscritos para la construcción de la infraestructura.

Según el análisis preliminar realizado por la Empresa Metro de Bogotá, los hechos investigados estarían circunscritos a la relación contractual entre la unidad Ubeam Unit de China Harbour Engineering Company Limited Colombia y la Unión Temporal Metrobuild, empresa subcontratista encargada de ejecutar parte de las estructuras de la Primera Línea del Metro.

La EMB precisó que el dinero mencionado en la denuncia correspondería a recursos privados derivados de relaciones comerciales entre particulares y que, hasta ahora, no existe evidencia de que esos hechos comprometan el presupuesto público destinado al proyecto ni el cronograma general de construcción.

La empresa distrital indicó además que ha cumplido oportunamente con los desembolsos establecidos en el contrato de concesión y recordó que el concesionario tiene la obligación de efectuar los pagos correspondientes a sus subcontratistas conforme al modelo financiero pactado.

En ese sentido, insistió en que el avance de la Primera Línea del Metro supera actualmente el 80% y que las labores constructivas continúan ejecutándose de acuerdo con la programación prevista.

La denuncia tomó fuerza tras conocerse la existencia de un video que ya hace parte del material probatorio entregado a la Fiscalía General de la Nación y que registra una reunión entre representantes de la Unión Temporal Metrobuild y funcionarios de CHEC en una oficina ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Las imágenes muestran una conversación relacionada con cuentas pendientes y facturas correspondientes a actividades ejecutadas dentro del proyecto.

Durante el encuentro, el representante del subcontratista extrae de una maleta una bolsa oscura que posteriormente entrega a uno de los funcionarios de la empresa china.

De acuerdo con la denuncia, el contenido de esa bolsa correspondería a $60 millones en efectivo. El dinero habría sido contado en presencia de los asistentes y posteriormente registrado en una agenda como constancia de recibido.

El material audiovisual tendría una duración aproximada de 26 minutos y documentaría desde el ingreso del contratista a las oficinas de CHEC hasta el desarrollo completo de la reunión.

Antes del encuentro principal, el contratista sostiene conversaciones con otros empleados de la empresa acerca del estado de varias facturas pendientes de aprobación.

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En esas conversaciones se hace referencia a cuentas de cobro relacionadas con trabajos ejecutados y a la expectativa de obtener la autorización definitiva para efectuar los pagos.

Posteriormente, el representante de Metrobuild ingresa a la oficina del gerente comercial de CHEC, identificado en la denuncia como Yang. Allí ambos dialogan en inglés sobre montos pendientes, cronogramas de pago y la situación financiera derivada de las obligaciones con trabajadores y proveedores.

Según la denuncia radicada ante la Fiscalía, el representante del subcontratista explicó que la demora en los desembolsos comprometía el pago de salarios de aproximadamente 350 trabajadores, además de aportes a la seguridad social, obligaciones bancarias y compromisos con proveedores que financiaban la ejecución de las obras.

Los denunciantes sostienen que desde marzo de 2026 comenzaron retrasos reiterados en la aprobación de las cuentas correspondientes a los trabajos ejecutados, pese a que la documentación requerida ya había sido presentada y contaba con las firmas necesarias, excepto la autorización del gerente general de proyectos de CHEC, identificado como Wang Chuang.

De acuerdo con la versión entregada a la Fiscalía, funcionarios de la empresa china habrían condicionado la aprobación de esas facturas a la entrega de $60 millones en efectivo.

La denuncia sostiene que esa exigencia habría sido transmitida por el gerente comercial Yang siguiendo instrucciones de Wang Chuang, quien tendría la facultad de autorizar los pagos pendientes.

Los empresarios colombianos aseguran que la exigencia carecía de fundamento contractual, pues las sumas reclamadas correspondían a obligaciones que CHEC debía cancelar por trabajos ya ejecutados por la Unión Temporal Metrobuild.

Según la documentación aportada al proceso, las partes mantenían desde 2024 varios contratos para la construcción de zapatas, columnas y otras estructuras del viaducto de la Primera Línea del Metro, por un valor cercano a los US$32.000 millones.

La denuncia indica que los contratos contemplaban retenciones equivalentes al cinco por ciento de cada pago para responder por la calidad de las obras, recursos que permanecían bajo control de CHEC y que, según los denunciantes, superaban los US$1.200 millones.

Por esa razón, sostienen que no existía soporte contractual para exigir un pago adicional relacionado con supuestos problemas de calidad en dos vigas, argumento que, según afirman, habría sido utilizado para justificar la solicitud de dinero.

Los empresarios manifestaron ante la Fiscalía que la presión financiera derivada del retraso en los desembolsos terminó obligándolos a acceder a la entrega del dinero con el fin de evitar la paralización de las obras y garantizar el pago de la nómina de cientos de trabajadores.

Según la denuncia, una vez CHEC realizó el desembolso correspondiente a las facturas pendientes, el representante legal de Metrobuild retiró el efectivo, lo guardó en una bolsa y posteriormente lo entregó durante la reunión registrada en video.

Además del material audiovisual, los denunciantes entregaron un audio obtenido durante otra reunión celebrada el 8 de abril de 2026, en la que, presuntamente, se habría acordado la entrega de los $60 millones como condición para autorizar el pago del corte correspondiente al mes de marzo.

También fueron aportadas conversaciones sostenidas mediante la aplicación WeChat, en las que, según la denuncia, funcionarios del departamento comercial de CHEC mencionaban posibles descuentos y señalaban que actuaban siguiendo instrucciones de sus superiores.

Los denunciantes afirman igualmente que, pese a la entrega del dinero, la empresa china mantendría retenidas facturas por más de 2.500 millones de pesos, las cuales continuarían pendientes de aprobación.

El abogado de la Unión Temporal Metrobuild, Julián Quintana, sostuvo ante la Fiscalía que los hechos podrían configurar conductas como concusión y extorsión, al considerar que el contratista habría actuado bajo presión para evitar el bloqueo de pagos necesarios para mantener la operación del proyecto.

Como parte de las diligencias solicitadas, la defensa pidió a la Fiscalía incautar los dispositivos electrónicos utilizados para registrar las reuniones de abril de 2026, realizar extracción forense de la información y garantizar la cadena de custodia de los archivos audiovisuales.

Tras hacerse pública la denuncia, el Consorcio Metro Línea 1 fue consultado sobre los hechos. A través de su oficina de relaciones públicas manifestó que, una vez conozca en detalle el contenido del expediente, evaluará la apertura de una investigación interna para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Hasta el cierre de los pronunciamientos conocidos, el consorcio no había emitido una posición oficial sobre el fondo de las acusaciones.

Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá reiteró que continuará colaborando con las autoridades judiciales y con los organismos internacionales que participan en la financiación del proyecto, mientras avanzan las investigaciones para establecer si existieron conductas irregulares dentro de la relación entre la empresa integrante del concesionario y uno de sus subcontratistas.

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