Documento: Banco de la República defendió alzas en tasas ante el Congreso y advirtió riesgos inflacionarios y fiscales

En el marco del debate de control político realizado  en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el Banco de la República defendió las recientes decisiones de incremento en la tasa de interés y expuso un diagnóstico detallado sobre la economía colombiana, marcado por presiones inflacionarias persistentes, riesgos fiscales y desequilibrios macroeconómicos.

En el documento oficial remitido al Congreso, la entidad explicó las razones técnicas y macroeconómicas detrás de su política monetaria restrictiva y advirtió que el país enfrentaba un entorno complejo que exigía medidas contundentes para preservar la estabilidad de precios.

Durante el debate, el Banco reiteró que su principal mandato constitucional había sido mantener el poder adquisitivo de la moneda mediante una meta de inflación del 3%. No obstante, reconoció que el país acumulaba cinco años consecutivos de incumplimiento de este objetivo.

Al cierre de 2025, la inflación total se había ubicado en 5,1% y la inflación básica en 5%. Para 2026, las proyecciones habían empeorado de manera significativa: el Banco había elevado su estimación de inflación a 6,3%, mientras que las expectativas del mercado alcanzaron niveles cercanos al 6,6%.

La autoridad monetaria explicó que el aumento de más de 200 puntos básicos en las expectativas inflacionarias había sido determinante para adoptar una postura más restrictiva, ante el riesgo de un desanclaje prolongado frente a la meta.

El Banco señaló que la economía colombiana había registrado excesos de demanda, con un crecimiento del gasto interno superior a la capacidad productiva, situación que había generado presiones adicionales sobre los precios.

En ese contexto, destacó el impacto del incremento del salario mínimo para 2026, superior al 23%, el cual había incidido directamente en el aumento de las expectativas de inflación y en la indexación de precios, especialmente en servicios.

Ante este panorama, la Junta Directiva había decidido incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos en enero y nuevamente en marzo, con el objetivo de contener la inflación y preservar la credibilidad del esquema de política monetaria.

La entidad informó que la economía había crecido 2,6% en 2025, por debajo de las expectativas iniciales, y proyectó un crecimiento de 2,4% para 2026.

Pese a esta desaceleración, el mercado laboral había mostrado niveles históricamente bajos de desempleo, lo que, según la entidad, había contribuido a mantener presiones inflacionarias desde el lado de la demanda.

Presión sobre las finanzas públicas

En materia fiscal, el Banco presentó cifras que evidenciaron un aumento significativo del endeudamiento:
La deuda del Gobierno Nacional Central había alcanzado COP 1.195 billones, equivalente al 64,4% del PIB.

El pago de intereses proyectado para 2026 ascendía a COP 68,8 billones (3,4% del PIB).

El servicio total de la deuda se estimaba en COP 96,4 billones.

Asimismo explicó que el costo de financiamiento del Gobierno dependía en mayor medida de la percepción de riesgo soberano que de la tasa de intervención.

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En ese sentido, advirtió que el indicador CDS a cinco años se había ubicado alrededor de 220 puntos básicos, reflejando un mayor nivel de riesgo frente a economías comparables.

Uno de los puntos centrales del debate fue el impacto de las tasas de interés sobre la inversión pública. El Banco sostuvo que no existía evidencia de una afectación directa significativa.

De acuerdo con la información presentada, las obligaciones de inversión del Presupuesto General de la Nación para 2025 se habían ubicado en alrededor de COP 50 billones.

Sin embargo, al incluir las reservas presupuestales, la cifra ascendía a cerca de COP 83 billones, superando el promedio histórico.

El gráfico presentado en el documento (página 9) evidenció que, incluso en un entorno de política monetaria restrictiva, la ejecución presupuestal había mantenido una trayectoria elevada, lo que indicaba que su dinámica respondía principalmente a factores propios del sistema presupuestal y no directamente a las tasas de interés.

Incluso, reconoció que el incremento de tasas había tenido efectos de corto plazo sobre el acceso al crédito, reduciendo los incentivos de hogares y empresas para endeudarse.

No obstante, sostuvo que en el mediano y largo plazo, una inflación baja y estable favorecería condiciones de financiamiento más accesibles, especialmente para sectores como vivienda, consumo y pequeñas empresas, al reducir la incertidumbre y el riesgo crediticio.

Durante su intervención, la entidad advirtió sobre múltiples riesgos que habían incidido en sus decisiones:
En el frente externo, destacó el impacto del conflicto en Medio Oriente, el aumento de los precios de la energía y las condiciones financieras más restrictivas a nivel global.

A nivel interno, señaló preocupaciones por el deterioro fiscal, el aumento del gasto público, la posible inconsistencia con el ancla fiscal y los efectos del salario mínimo sobre la inflación.

También alertó sobre riesgos asociados a fenómenos climáticos, como un eventual fenómeno de El Niño, y ajustes en precios regulados como energía y gas.

Finalmente, el Banco defendió su autonomía constitucional y explicó que sus decisiones se habían adoptado en coordinación con la política económica general, aunque reconoció la existencia de tensiones naturales entre la política fiscal y la monetaria.

La entidad sostuvo que estas tensiones eran “esperables e incluso saludables”, en la medida en que reflejaban la existencia de contrapesos institucionales orientados a garantizar la estabilidad macroeconómica.

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