Carlos Carrillo, director de la Ungrd, arremete contra Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud

El reciente nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud por parte del presidente Gustavo Petro no solo ha generado controversia en el sector sanitario, sino que también reactivó fracturas políticas dentro del propio bloque oficialista, especialmente por la reacción del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

La designación de Quintero se produce en un contexto crítico para el sistema sanitario colombiano, marcado por la intervención de varias EPS, tensiones financieras y el fracaso de la reforma estructural impulsada por el Gobierno en el Congreso.

El exalcalde de Medellín, sin trayectoria directa en el sector salud, asumirá el cargo con la promesa de combatir lo que ha denominado el “cartel de la salud”, mientras enfrenta cuestionamientos por un proceso penal relacionado con el caso Aguas Vivas.

Su llegada implica, además, un giro hacia una mayor intervención estatal en el sistema, en línea con la estrategia del Ejecutivo tras la renuncia del anterior superintendente, Bernardo Camacho, quien discrepaba con decisiones como la liquidación de EPS.

Carrillo, lanzó una de las críticas más contundentes desde el interior del oficialismo contra el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, al calificar la decisión como un “error enorme” que afecta al Gobierno y debilita el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Otras frases de Carrillo

A través de declaraciones públicas y pronunciamientos en redes sociales, Carrillo cuestionó abiertamente la designación del exalcalde de Medellín:
“El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”.

El funcionario fue más allá y planteó un reparo de fondo: “Esta decisión es un error enorme y mi deber moral es advertirlo”.

Las afirmaciones evidencian un distanciamiento explícito frente a una de las decisiones recientes del presidente Petro, en un momento de alta sensibilidad política para el Ejecutivo.

Carrillo también introdujo un elemento particularmente delicado: la situación judicial de Quintero. En sus declaraciones, señaló: “Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa, pero el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos; nada le debemos y nada nos aporta”.

Con esta afirmación, el director de la UNGRD no solo cuestiona la idoneidad del nombramiento, sino que marca una línea política dentro del petrismo frente a figuras con procesos judiciales en curso.

El funcionario también anticipó que otros sectores del oficialismo podrían evitar pronunciarse: “La mayoría de líderes políticos del Pacto guardarán silencio para evitar el desgaste de contradecir al presidente”.

Sin embargo, defendió su postura como un acto de lealtad política: “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”.

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Carrillo enmarcó su posición en una reflexión más amplia sobre la izquierda en América Latina. Señaló que el proyecto político en Colombia no debe repetir errores de otros países de la región: “La izquierda colombiana no puede repetir los errores de la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana”.

Y agregó que en varios contextos regionales la corrupción ha terminado por erosionar estructuras políticas:
“La corrupción ha corroído hasta los cimientos las estructuras políticas, terminando por normalizarse”.

Líos judiciales

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle (2020–2023), enfrenta actualmente un conjunto de investigaciones penales y cuestionamientos administrativos que se concentran, principalmente, en decisiones adoptadas durante su administración.

El caso más avanzado —y de mayor impacto jurídico y político— es el relacionado con el predio conocido como Aguas Vivas, aunque no es el único elemento que ha generado controversia sobre su gestión.

El proceso central contra Quintero gira en torno a presuntas irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en decisiones administrativas que habrían beneficiado a terceros en la valorización del lote Aguas Vivas, ubicado en una zona estratégica de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde en abril de 2025 por los delitos de: peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato  por acción e  interés indebido en la celebración de contratos.

Según el ente acusador, las decisiones adoptadas durante su administración habrían permitido un incremento sustancial en el valor del terreno, pasando de aproximadamente 2.700 millones a cerca de 48.000 millones de pesos, lo que configuraría un posible detrimento patrimonial y favorecimiento indebido a particulares.

Un juez de control de garantías avaló la imputación, lo que formalizó su vinculación al proceso penal. Quintero no aceptó los cargos, lo que dio paso a la siguiente fase judicial.

Posteriormente, la Fiscalía radicó el escrito de acusación con miles de elementos probatorios, incluyendo documentos y testimonios, y el caso avanzó hacia etapa de juicio.

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