Déficit fiscal en Colombia llegará a $45 billones en 2026, según informe del Carf

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó ante el Congreso de la República su más reciente evaluación sobre las finanzas públicas del país.

El documento, centrado en la coyuntura macroeconómica y fiscal, advierte que, a pesar de una leve recuperación en algunos sectores productivos, persisten señales de vulnerabilidad estructural en la política fiscal, lo que compromete la sostenibilidad de la deuda pública y limita el margen de acción del Gobierno en materia de gasto social y productivo.

El análisis abarca el comportamiento económico global entre mayo y agosto de 2025, periodo durante el cual se registró una mejoría en el ritmo de crecimiento respecto a comienzos del año, aunque con marcadas diferencias regionales y en medio de una elevada incertidumbre.

En el caso colombiano, se indica que, si bien sectores como servicios, agroindustria y comercio han mostrado signos de recuperación, el frente fiscal sigue siendo el principal factor de inestabilidad.

El Comité observa que la inflación ha dejado de acercarse a la meta establecida por el Banco de la República, mientras que los supuestos macroeconómicos del Gobierno, aunque viables, están expuestos a presiones adicionales en precios y tipo de cambio.

En materia fiscal, el informe reitera que, pese a la reactivación moderada de la actividad económica, el país mantiene una posición frágil.

El Gobierno ha hecho uso de la cláusula de escape prevista en la regla fiscal, y con base en ello proyecta un déficit primario del 2,4 % del producto interno bruto (PIB) para 2025, seguido de una reducción al 2 % en 2026 y al 0,3 % en 2027.

Sin embargo, el Comité advierte que el aumento de la meta de déficit fiscal entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 ha generado desconfianza entre los inversionistas, lo que podría traducirse en mayores costos de endeudamiento para el país.

Las proyecciones del Carf señalan que la deuda neta alcanzaría el 64,4 % del PIB en 2027 y se mantendría en niveles similares hasta 2036, apenas por debajo del límite legal del 71 %.

Uno de los aspectos destacados por el informe es el peso creciente del servicio de la deuda en las finanzas públicas: uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina actualmente al pago de obligaciones, lo que reduce el espacio disponible para inversión pública en áreas sociales o de infraestructura.

El Comité también señala un desbalance estructural entre ingresos y gastos. Entre 2019 y 2024, los ingresos del Gobierno Nacional Central se incrementaron en apenas 0,3 puntos porcentuales del PIB, mientras que los gastos lo hicieron en 4,6 puntos.

En 2024, los ingresos representaron el 16,5 % del PIB, en contraste con un gasto del 23,2 % del mismo indicador.
Una de las preocupaciones más relevantes es el déficit estimado para la financiación del Presupuesto General de 2026.

El Comité calcula que se requieren ajustes por al menos $45,4 billones —equivalentes al 2,4 % del PIB— para cumplir con las metas fiscales establecidas.

Si bien valora el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para reducir en $10 billones el monto presupuestal, considera que la medida es insuficiente, ya que dejaría un faltante de $35,4 billones (1,8 % del PIB), siempre y cuando la reducción tenga efecto fiscal pleno.

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Esta cifra no incluye los ingresos potenciales que derivarían de la eventual aprobación de una nueva Ley de Financiamiento, actualmente en trámite legislativo.

El informe también resalta que el 87,9 % del gasto previsto en el PGN 2026 es inflexible, es decir, no puede ser modificado fácilmente sin reformas legales o constitucionales.

Según el Carf, esta proporción podría aumentar al 92,7 % en 2036 si no se adoptan reformas estructurales, situación que agravaría la rigidez del presupuesto nacional y limitaría aún más la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias o coyunturas adversas.

En este contexto, el Comité reitera la necesidad urgente de adoptar reformas orientadas a incrementar los ingresos permanentes del Estado y a racionalizar el gasto público.

Plantea que la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo exigirá una mejora sustancial del balance primario, de entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB, durante el periodo 2027-2036.

Una de las advertencias específicas del Carf se refiere al impacto fiscal que podría tener la eventual aprobación de la reforma al sistema de salud.

Según el análisis, en caso de que no se lleve a cabo ninguna reforma, el gasto aumentaría en 1,3 puntos del PIB entre 2026 y 2036. Si la reforma propuesta por el Gobierno es aprobada en sus términos actuales, el impacto sería aún mayor: 0,6 puntos porcentuales adicionales del PIB por cada año durante esa década.

Los escenarios proyectados por el Comité muestran trayectorias divergentes. En los casos más desfavorables, el nivel de deuda podría superar el límite legal del 71 % del PIB en 2027 o 2033, dependiendo del comportamiento económico.

En los más optimistas, la deuda convergería hacia el ancla del 55 % del PIB en 2034 o 2036, siempre que el crecimiento económico se aproxime al 4 % anual y se mantenga la disciplina fiscal.

Finalmente, el informe menciona algunos avances institucionales del propio Carf, entre ellos el cierre del programa de asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la adopción de una nueva estrategia de comunicaciones y la suscripción de un protocolo de información con el Ministerio de Hacienda.

El Comité concluye que la principal tarea del país en materia económica será recuperar la credibilidad fiscal, reequilibrar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda en un entorno internacional marcado por la volatilidad y el endurecimiento de las condiciones financieras.

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