Corte Constitucional avala estado de emergencia decretado por presidente De La Espriella tras terremoto

La Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión, adoptada este miércoles 11 de noviembre, estableció restricciones territoriales, presupuestales y administrativas para la utilización de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo.

La determinación quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena respaldó la declaratoria mediante una votación de siete magistrados a favor y uno en contra parcialmente, después de examinar los decretos legislativos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026.

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El alto tribunal avaló la declaratoria de emergencia, pero condicionó su aplicación a la atención de los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sus réplicas. Las medidas extraordinarias quedaron circunscritas a los municipios y territorios en los que se hayan comprobado afectaciones relacionadas directamente con el desastre natural.

Entre las disposiciones adoptadas, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular el costo de la emergencia y establecer los recursos estrictamente necesarios para atenderla. La cartera dispone de 20 días hábiles para realizar ese ejercicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en la decisión judicial.

El tribunal también determinó que las entidades públicas que dispongan gastos extraordinarios deberán justificar la imposibilidad de atender esas necesidades mediante los mecanismos ordinarios de financiación. Esta exigencia se aplicará a las actuaciones relacionadas con la utilización de recursos excepcionales para responder a la calamidad.

Asimismo, dispuso la implementación de un sistema de seguimiento independiente que permita a los organismos de control conocer el destino de los recursos destinados a la atención de los damnificados y la recuperación de las zonas afectadas.

La Corte exhortó al presidente Abelardo de la Espriella a ejecutar un plan de reconstrucción respaldado por una planeación financiera plurianual, con el propósito de organizar las intervenciones necesarias para recuperar la infraestructura y los servicios afectados por el terremoto.

La declaratoria había sido expedida mediante el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, firmado por el presidente y su gabinete ministerial. El documento estableció inicialmente un periodo de 30 días calendario para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 215 de la Constitución Política.

Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1348 del 31 de agosto, mediante el cual modificó el ámbito territorial de aplicación de la emergencia, teniendo en cuenta la información que las autoridades fueron recopilando sobre las afectaciones causadas por el terremoto.

La revisión constitucional comprendió ambas disposiciones, así como las circunstancias que llevaron al Ejecutivo a declarar el estado de excepción y la delimitación de los territorios comprendidos en la medida.

El terremoto que originó la declaratoria ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano estableció que el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad aproximada de 103 kilómetros.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Hacienda, se trató del movimiento sísmico más fuerte registrado en Colombia durante los últimos 47 años y el segundo de mayor magnitud en el último siglo. Hasta el 19 de agosto, las autoridades habían contabilizado 393 réplicas y reportado que el temblor se sintió en 30 departamentos.

El balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), correspondiente al Reporte Situacional número 36, con corte al 19 de agosto, registró 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas. También contabilizó 262.154 damnificados, pertenecientes a 147.464 familias.

Según ese mismo reporte, las afectaciones se extendieron a 471 municipios de 15 departamentos, con daños en viviendas, instituciones educativas, centros asistenciales, vías, puentes, acueductos y otras instalaciones públicas.

El inventario preliminar identificó 30.664 viviendas destruidas y otras 136.946 averiadas. También reportó el colapso de 302 edificios y daños en 5.809 construcciones adicionales.

En materia educativa, las autoridades registraron afectaciones en 3.470 establecimientos. A estas cifras se sumaron 352 centros de salud, 4.971 centros comunitarios, 449 vías, 71 puentes y 105 acueductos afectados.

Las ciudades de Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre los centros urbanos que registraron daños importantes en su infraestructura. Las consecuencias del movimiento también alcanzaron zonas rurales y municipios donde las condiciones geográficas dificultaron las primeras labores de evaluación y atención.

El Ministerio de Hacienda calculó inicialmente que los daños ocasionados por el terremoto podrían representar pérdidas de al menos 30 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 1,5 % del producto interno bruto nacional. Esa estimación fue presentada como preliminar, mientras avanzaban las evaluaciones técnicas en los territorios afectados.

Antes de declarar el estado de excepción, el Gobierno había expedido el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, mediante el cual declaró la situación de desastre nacional y activó los instrumentos de respuesta previstos en la legislación sobre gestión del riesgo.

Entre las medidas implementadas estuvieron las operaciones de búsqueda y rescate, atención hospitalaria, evacuación de personas, habilitación de alojamientos temporales, remoción de escombros y restablecimiento de servicios públicos.

También se adoptaron disposiciones relacionadas con la suspensión de términos judiciales y el aplazamiento de obligaciones tributarias en los territorios afectados.

Posteriormente, el Ejecutivo acudió al artículo 215 de la Constitución Política para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. En el Decreto 1261 argumentó que la magnitud de los daños y las necesidades de reconstrucción superaban las capacidades de los mecanismos ordinarios disponibles.

La medida comprendió municipios afectados de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

El decreto contempló la posibilidad de incorporar otros municipios cuando se demostraran afectaciones concretas relacionadas con el terremoto. Precisamente, uno de los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional se refiere a la acreditación técnica de los daños en los territorios comprendidos en la emergencia.

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