Contraloría alerta sobre alto riesgo fiscal en el régimen pensional de la Fuerza Pública

La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio sectorial sobre los regímenes exceptuados y especiales de pensiones de la Fuerza Pública (2008–2023), elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Delegada para el sector Defensa y Seguridad, en el que se analizaron más de 200 millones de registros con el fin de evaluar la situación actual y futura de este sistema especial.

El informe revela que el gasto en pensiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional alcanzó los $11,68 billones en 2023, equivalentes al 0,71% del PIB, mientras que las proyecciones actuariales estiman un pasivo entre $42,3 y $62,3 billones para las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones para la Policía Nacional. 

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Según el organismo, estas cifras representan una presión fiscal creciente y un riesgo macroeconómico debido a la alta sensibilidad del pasivo frente a variaciones en la inflación y las tasas de descuento.

El estudio también destacó avances en la estandarización de bases de datos y creación de variables analíticas, lo que permitió una lectura más precisa de la evolución del régimen pensional. No obstante, la Contraloría advirtió que persisten inconsistencias históricas en los registros, especialmente entre 2008 y 2013, debido a errores en fechas de nacimiento, duplicidad de datos y fallas en la homologación de grados, lo que dificulta la trazabilidad y confiabilidad de la información. Ante esto, el ente de control instó a modernizar los sistemas institucionales y fortalecer la interoperabilidad de los datos para una gestión actuarial más sólida.

En el plano demográfico, el estudio evidenció que las Fuerzas Militares redujeron su personal activo de 173.900 a 158.400 efectivos entre 2008 y 2023, mientras que el número de retirados creció hasta representar el 12,8% del total. Esta tendencia refleja un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, con un aumento de la dispersión hacia edades más avanzadas. Además, aunque la participación femenina sigue siendo baja (3,4%), presenta una tendencia positiva de crecimiento en los últimos años.

Desde el punto de vista financiero, la nómina ajustada a valor presente aumentó de $5,31 a $7,59 billones, aunque su participación en el PIB cayó de 0,50% a 0,42%, reflejando mayor eficiencia relativa del gasto militar. En 2023, el costo anual promedio por militar se ubicó en $47,9 millones, concentrado principalmente en oficiales y suboficiales, quienes reciben mayores beneficios salariales. La estructura de pago mostró una reducción del sueldo básico y un aumento en primas por antigüedad y carga familiar, fortaleciendo la retención del personal en servicio.

El número de beneficiarios del régimen exceptuado también aumentó de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado por el incremento de las asignaciones de retiro, que representaron el 71,7 % del total. Frente a esta tendencia, la Contraloría recomendó revisar los requisitos de retiro de soldados y policías de menor rango para promover criterios más equitativos, así como crear reservas actuariales, fondos de reserva y mecanismos automáticos de monitoreo que permitan anticipar riesgos y ajustar los parámetros del sistema.

Finalmente, el organismo sugirió diversificar las fuentes de financiamiento mediante mayores aportes de los miembros en servicio y la utilización de recursos extraordinarios, como los provenientes de bienes incautados. 

Además, hizo un llamado a convertir estas recomendaciones en políticas de Estado que garanticen la sostenibilidad fiscal y la protección de los derechos adquiridos de los integrantes de la Fuerza Pública. La Contraloría reafirmó su compromiso con la transparencia, equidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en coherencia con el mandato constitucional de justicia social.

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