Contraloría alerta riesgo millonario en contrato de helicópteros MI-17 del Ejército

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia al ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por las irregularidades en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, firmado el 31 de diciembre de 2024 con la empresa Vertol Systems Company. El acuerdo, por un valor de US$32 millones, tiene como plazo de ejecución el 15 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe del ente de control, el contratista recibió un anticipo del 50% —equivalente a US$16 millones—, pero a la fecha apenas registra un 8% de avance financiero. Esta situación fue catalogada como crítica y con alto riesgo de incumplimiento.

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“El gerente del proyecto, Comandante de la Brigada de Aviación No. 32 de apoyo y sostenimiento de aviación, informó al comandante del Ejército Nacional el avance del contrato, señalando que el avance financiero corresponde al 50% y cuenta con un avance de ejecución física del 8%. Lo que representa un estado crítico del contrato y que puede ser susceptible de incumplimientos por parte del contratista”, señala la advertencia.

En consecuencia, la Contraloría alertó sobre un riesgo inminente de pérdida por US$13,586,873, correspondiente al saldo del anticipo entregado. Cabe recordar que el 3 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa ya había anunciado el inicio de un proceso administrativo por presunto incumplimiento contractual.

Otro punto crítico detectado es que la evaluación económica realizada al inicio del proceso se sustentó en información financiera limitada de la empresa contratista. 

“A pesar de la información limitada con que contaba el Ministerio de Defensa, se consideró que la empresa cumplía con las condiciones financieras requeridas”, advirtió el informe.

Finalmente, el órgano de control evidenció problemas en la garantía del anticipo. La póliza No. 87580, expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A., tiene vigencia hasta el 15 de noviembre de 2025, sin contemplar que el contrato puede tardar hasta dos años más en su liquidación. Esto, según la Contraloría, deja desprotegido el patrimonio público ante eventuales incumplimientos.

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