Contraloría alerta por vacíos en el uso de $8,68 billones de la Emergencia Económica

La Contraloría General de la República identificó vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos expedidos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, e instó al Gobierno Nacional a garantizar que los $8,68 billones recaudados se destinen exclusivamente a atender la crisis en los ocho departamentos afectados, en cumplimiento de los fines sociales y ambientales previstos.

El ente de control señaló que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), junto con los ministerios, gobernaciones y alcaldías, debe coordinar el uso de esos recursos a través de Planes de Acción Específica. La Contraloría, con el respaldo del ministerio de Hacienda, anunció que vigilará el recaudo, traslado y destinación de los fondos para asegurar que su uso sea transparente y oportuno.

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El organismo advirtió además que la reorientación de recursos y la ampliación de facultades de contratación derivadas de la emergencia exigen rigor técnico y jurídico. 

Es preciso recordar que el Gobierno decretó impuestos con los que espera recaudar hasta $8,68 billones, por lo que está obligado a garantizar un recaudo adecuado, oportuno y con destinación exclusiva para atender los daños ocasionados por la emergencia invernal en los ocho departamentos incluidos en el Decreto 0150. Para ello, insistió en fortalecer la capacidad operativa de la Dian y los mecanismos de control para recaudar el impuesto al patrimonio y el impuesto a los juegos de suerte y azar operados por internet.

Sin un fortalecimiento previo de la capacidad de ejecución del Invias, los ministerios y la Ungrd, los proyectos corren el riesgo de retrasarse o ejecutarse de manera deficiente, lo que pondría en peligro tanto los recursos públicos como la atención efectiva de las necesidades de la población afectada.

En uno de los llamados de atención más contundentes, la Contraloría pidió al Gobierno revisar el traslado de recursos del sector eléctrico a la Ungrd, argumentando que dicha entidad no cuenta con la estructura ni la experiencia necesarias para ejecutar obras de infraestructura eléctrica compleja. También alertó sobre decisiones unilaterales en la operación de embalses, que podrían derivar en incumplimientos contractuales, afectaciones tarifarias y pérdida de confianza de los inversionistas en un sector considerado estratégico para el país.

Finalmente, la Contraloría anunció que seguirá ejerciendo vigilancia y control fiscal de manera preventiva y concomitante para proteger el patrimonio público y asegurar que los recursos destinados a atender la emergencia cumplan su propósito.

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