Contraloría advierte riesgo fiscal por aumento de deuda pública y presiona al ministerio de Hacienda

La Contraloría General de la República emitió este martes una Función de Advertencia al ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública, al considerar que el acelerado incremento del endeudamiento, sumado a condiciones financieras más restrictivas y una débil articulación entre ingresos y gastos, está comprometiendo el equilibrio fiscal del país.

La advertencia se fundamenta en el artículo 268 de la Constitución Política y fue presentada durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”. Allí, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, expuso un panorama económico y fiscal con múltiples alertas relacionadas con la programación financiera, la ejecución del gasto, la contratación pública y las obligaciones acumuladas en sectores estratégicos.

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Uno de los puntos críticos señalados es el deterioro en las condiciones de financiamiento. Según la Contraloría, las tasas de los TES B de corto plazo alcanzaron el 13,69%, mientras que las de largo plazo en pesos llegaron al 14,03%. Además, las operaciones de canje previstas para 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, lo que evidencia un empeoramiento en las condiciones de la deuda.

El organismo de control también advirtió una creciente presión sobre las finanzas públicas en varios sectores clave. En salud, las EPS acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024. En el sector de medicamentos, las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de $2,8 billones en 2024 a $3,8 billones en 2025. En energía, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a cerca de $3,8 billones, en un escenario que podría agravarse ante la llegada del Fenómeno del Niño prevista para el segundo semestre de 2026.

A esto se suman las contingencias judiciales, donde el Estado registra $17 billones en obligaciones por fallos ejecutoriados, de los cuales $14,9 billones deberán pagarse en menos de un año, aumentando la presión inmediata sobre la caja pública. En materia de víctimas, el Estado ha indemnizado a 1,9 millones de personas con $15 billones, pero aún tiene pendientes 7,8 millones de víctimas, lo que representa compromisos estimados en $133 billones entre reparaciones colectivas e individuales.

Frente a este panorama, la Contraloría planteó una hoja de ruta basada en cinco ejes: depurar cuentas y reconocer pasivos acumulados, fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto, cerrar brechas en la ejecución presupuestal y mantener la disciplina fiscal.

“El primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas. Debe ser presentar el plan de recuperación económica que el país necesita. Este nuevo ciclo de gobierno será recordado no por la magnitud de sus anuncios, sino por la solidez de sus decisiones”, concluyó el contralor Rodríguez Becerra.

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