Ciudades capitales alertan impactos fiscales y operativos por alza del 23% en el salario mínimo

Las ciudades capitales se pronunciaron sobre el incremento del 23% del salario mínimo legal vigente, advirtiendo que, si bien la medida beneficia a más de 2,4 millones de trabajadores que devengan este ingreso en Colombia, también genera impactos fiscales y operativos significativos para otros trabajadores y para las finanzas, proyectos y recursos municipales.

Las administraciones locales señalaron que el aumento del salario mínimo tiene efectos directos en sectores y servicios clave que dependen en gran medida de la indexación al SMMLV, lo que presiona los presupuestos públicos y obliga a ajustes en tarifas, subsidios y coberturas.

En el transporte público urbano, los sistemas masivos, colectivos y estratégicos presentan una alta intensidad de mano de obra: entre 40% y 55% de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social, muchos de ellos indexados al salario mínimo. 

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El incremento, advirtieron, genera mayor presión sobre las tarifas al usuario o, en su defecto, sobre los subsidios financiados con recursos municipales, además de tensiones en el equilibrio financiero, especialmente en ciudades donde la demanda aún se recupera.

En vivienda de interés social (VIS), al estar definida en salarios mínimos, el alza produce un ajuste automático en los topes de precio. Esto eleva los límites de comercialización hasta en $49 millones, según la categoría de vivienda y la ciudad. Como efectos inmediatos, las capitales prevén menor oferta de proyectos VIS, dificultades en programas de vivienda y mejoramiento integral por mayores presiones presupuestales y menor decisión de compra de las familias, ante precios finales más altos y condiciones de crédito o subsidio menos favorables.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta un riesgo fiscal significativo. Los costos del talento humano —manipuladores de alimentos, operadores logísticos y transporte escolar, y servicios tercerizados— están directamente indexados al salario mínimo. El aumento eleva el costo por beneficiario, limita la ampliación de coberturas y obliga a ajustes en la planeación y priorización del programa, cuya financiación depende en gran medida de recursos locales ya comprometidos.

Asimismo, el incremento del salario mínimo genera un ajuste automático de multas, tasas y trámites administrativos conforme a la Ley 1801 de 2016. Con el salario mínimo diario estimado en $58.363 para 2026, las sanciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aumentarían proporcionalmente:

• Multa Tipo 1 (4 SMDLV): $233.452, por conductas como no recoger excrementos de mascotas o uso indebido del espacio público.
• Multa Tipo 2 (8 SMDLV): $466.904, por evadir el pago del transporte, portar sustancias peligrosas o participar en riñas.
• Multa Tipo 3 (16 SMDLV): $933.808, por comercializar celulares hurtados, ruido excesivo o tenencia de fauna silvestre.
• Multa Tipo 4 (32 SMDLV): $1.867.616, por arrojar residuos, uso indebido del 123, resistirse a la autoridad o consumo de sustancias en espacios prohibidos.

Las ciudades capitales concluyeron que, aunque la indexación garantiza la actualización periódica de las sanciones y valores, también implica un mayor costo económico para los ciudadanos y presiones adicionales sobre la sostenibilidad fiscal y operativa de los gobiernos locales.

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