CARF alerta grave deterioro fiscal en Colombia para 2026: déficit, deuda y gasto en máximos históricos

El Comité Autónomo de la Reglas Fiscal, CARF, publicó este lunes su pronunciamiento más detallado sobre la situación fiscal del país.

El documento actualiza las cifras de corto y mediano plazo con base en los datos del Ministerio de Hacienda disponibles hasta febrero y concluye que el deterioro de las finanzas públicas durante 2025 fue mayor al previsto.

También advierte que el plan fiscal del Gobierno para 2026 enfrenta un conjunto de riesgos que, de materializarse, impedirían el retorno a las metas de la Regla Fiscal.

La Regla Fiscal es el conjunto de límites que el Estado se impone para controlar el déficit y evitar que la deuda crezca más rápido que la capacidad del país para pagarla.

Es, en esencia, un mecanismo de estabilidad. El CARF es el organismo independiente que vigila su cumplimiento y alerta cuando las cuentas empiezan a alejarse de lo razonable.

Esa es, precisamente, la advertencia central del informe: las cifras recientes muestran que Colombia entró en una senda de desbalance que exige un ajuste permanente, no transitorio.

Una de las conclusiones más fuertes es que en 2025 se observó un deterioro estructural del balance fiscal, combinado con una economía que mostraba señales de recalentamiento.

El crecimiento económico fue de 2,6 % y la inflación cerró en 6 %, niveles que, en apariencia, podrían considerarse manejables. Sin embargo, la demanda interna creció 3,9 %, lo que significa que el consumo y la inversión se movieron por encima de lo que la economía puede sostener sin generar tensiones.

El desempleo alcanzó mínimos históricos y el déficit comercial continuó reduciéndose, dos indicadores que suelen confirmar la presencia de presiones internas sobre los precios.

En ese contexto, el balance primario —que mide la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses— terminó en 3,5 % del PIB, el nivel más alto en treinta años fuera de situaciones de crisis.

La cifra está muy por encima del 2,4 % que había proyectado el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El salto refleja que los ingresos fueron sobreestimados y que el gasto se subestimó, especialmente en los rubros de inversión, funcionamiento, transferencias del Sistema General de Participaciones, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y los recursos destinados a enfrentar la ola invernal.

El gasto primario llegó a 19,9 % del PIB, un nivel similar al del año 2020 y notablemente superior al promedio histórico.

Aunque los ingresos tributarios crecieron 11 %, ese dinamismo no fue suficiente para alcanzar la meta oficial. El recaudo neto superó en 8,2 % el crecimiento nominal del PIB y aun así se incumplió la meta del MFMP.

La DIAN recaudó 9,7 billones de pesos adicionales frente a lo previsto, lo que equivale a medio punto del PIB, pero la ejecución del gasto de inversión también fue mayor y terminó absorbiendo ese impulso.

El Comité explica que la brecha entre ingresos y gastos se amplió incluso en un contexto de crecimiento económico, lo que sugiere fallas de planeación y de evaluación de las presiones permanentes del gasto.

La deuda neta del Gobierno Nacional cerró en 58,5 % del PIB, menos de lo que había proyectado el MFMP, pero ese alivio no provino de un ajuste estructural sino de factores temporales.

La apreciación del peso, las operaciones de manejo de deuda, los descuentos obtenidos en canjes de títulos y menores costos de endeudamiento contribuyeron a esa disminución.

El CARF enfatiza que, sin estas condiciones favorables, la deuda habría sido más alta y que los efectos de esas operaciones desaparecen en el tiempo.

El riesgo país también mostró señales que preocupan al Comité. Aunque a mediados de 2025 las primas de riesgo de los países de la región disminuyeron por condiciones financieras globales más favorables, en Colombia la reducción fue mucho menor.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, mientras en Brasil, Perú, México y Chile las primas continuaban cayendo, en Colombia aumentaban.

Para el CARF, esta diferencia revela la existencia de factores internos que afectan la confianza de inversionistas y acreedores, lo cual puede traducirse en costos más altos de financiamiento.

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El Gobierno presentó su plan fiscal para 2026 durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria. La hoja de ruta oficial estima un déficit primario de 2,1 % del PIB y una deuda neta de 58,9 %. Sobre el papel, esto implicaría una reducción relevante del desbalance frente a 2025.

Pero el CARF señala que llegar allí requiere un ajuste de 31,1 billones de pesos, equivalentes a 1,6 % del PIB. Esa cifra representa el faltante entre los ingresos y recortes de gasto que serían necesarios para cumplir la meta.

El problema es que el gasto proyectado para 2026 sigue en ascenso. El gasto primario llegaría a 20,2 % del PIB, una cifra mayor a la del año anterior.

Sus componentes incluyen un funcionamiento equivalente a 17,4 % del PIB, una inversión de 2,4 % y un gasto adicional de 0,4 % asociado a la Emergencia Económica declarada por la ola invernal.

De cumplirse las proyecciones oficiales, los ingresos totales ascenderían a 16,5 % del PIB, y los tributarios, que son la mayor fuente estable, representarían 15 %.

El informe alerta además que la entrada en vigencia de la reforma pensional podría elevar el gasto en 0,7 puntos del PIB.

La eventual aprobación de la reforma laboral presionaría otros 0,2 puntos del PIB. A esto se suma el efecto del aumento del salario mínimo sobre las entidades públicas, que podría agregar 0,3 puntos del PIB, y el costo de la emergencia invernal, que genera ingresos netos aproximados de 8,3 billones de pesos, equivalentes a 0,4 puntos del PIB.

Las indexaciones derivadas de una inflación persistente también trasladan nuevos costos al presupuesto. Si estas presiones se materializan simultáneamente, el gasto primario podría acercarse a 22,5 % del PIB.

Incluso si el Gobierno lograra financiarse en mejores condiciones que en 2025, las presiones sobre el mercado de deuda no desaparecerían.

Las necesidades de financiamiento para 2026 representan 7,8 % del PIB, una cifra inferior al promedio del último lustro. Este descenso se explica por menores amortizaciones y una menor necesidad de liquidez frente al escenario de julio de 2025.

Sin embargo, el país debe refinanciar amortizaciones por 2,1 % del PIB y las tasas de los títulos TES han subido 137 puntos básicos entre 2019 y 2026. El pago de intereses podría ubicarse en 1,4 % del PIB, su nivel más alto de los últimos cinco años.

Las proyecciones del CARF indican que si el país no logra el ajuste de 1,6 % del PIB requerido para 2026, la deuda neta podría cerrar el año en 60,5 % del PIB, dos puntos porcentuales por encima de la cifra observada en 2025. Si, en cambio, el ajuste se lograra plenamente, la deuda retornaría a 58,9 % del PIB.

La diferencia entre ambos escenarios muestra la magnitud del desafío fiscal.
El Comité cierra su evaluación con una advertencia sostenida: la situación fiscal es cada vez más compleja.

El desbalance estructural que se profundizó entre 2024 y 2025 se combina con presiones de gasto permanentes y crecientes.

El deterioro respecto a la meta de la Regla Fiscal se amplió y el país enfrenta un entorno de menor confianza externa.

Aunque existen señales positivas, como el hecho de que la deuda neta de 2025 fue inferior a la proyectada, el CARF insiste en que estos alivios no sustituyen la necesidad de ajustes permanentes. Sin medidas fiscales de fondo, el retorno a la Regla Fiscal será difícil en el mediano plazo.

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