Abelardo de la Espriella presenta contrapropuesta para un proceso electoral y en paz

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria entregó a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz, un documento que define como una “contrapropuesta valiente y necesaria” para proteger la democracia colombiana en un año electoral.

El comunicado, firmado por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, sostiene que el país atraviesa un deterioro progresivo de las garantías democráticas y alerta sobre un uso indebido del aparato estatal para favorecer intereses políticos del Gobierno de Gustavo Petro.

Según el aspirante, lo que está en juego no es una diferencia ideológica más, sino una crisis estructural que obliga a exigir compromisos verificables antes de avanzar hacia un acuerdo nacional.

De La Espriella señala que la utilización de medios públicos para atacar a la oposición, la intervención del Ejecutivo en disputas internas de partidos y la estigmatización sistemática de voces críticas constituyen prácticas que rompen la neutralidad estatal.

En el comunicado, afirma que se está tratando a la oposición como “un enemigo a vencer” y no como un componente legítimo del sistema democrático, lo que, en su concepto, profundiza divisiones y debilita la capacidad del país para sostener un debate político libre.

El candidato advierte que este escenario representa “un riesgo real, estructural y progresivo de deterioro democrático”.
El documento recurre al caso venezolano como ejemplo histórico.

Según De La Espriella, el país vecino ilustra cómo un proyecto político con amplio respaldo inicial terminó desplazando la alternancia y desmantelando los contrapesos institucionales.

El comunicado enfatiza que la oposición es un pilar del sistema democrático y que su debilidad o falta de garantías crea un terreno propicio para la concentración del poder. Para el movimiento ciudadano, el equilibrio que consagra la Constitución de 1991 —a través de pesos y contrapesos entre ramas del poder— se encuentra comprometido en la actualidad, y esa ruptura es precisamente lo que la contrapropuesta busca enfrentar.

El texto sostiene que el documento entregado a la Defensoría no pretende profundizar confrontaciones, sino establecer “una agenda de restauración democrática, pluralismo y equilibrio institucional”.

El movimiento expresa su disposición a participar en un acuerdo nacional, pero insiste en que cualquier pacto requiere compromisos “reales, verificables y exigibles”, pues de lo contrario se limitaría a una declaración simbólica sin capacidad de salvaguardar el sistema democrático, especialmente cuando la amenaza, a su juicio, proviene del propio Ejecutivo.

El comunicado afirma que en Colombia no existe hoy igualdad de condiciones para competir electoralmente. Según el movimiento, esta afirmación no es una percepción sino un hecho constatado.

Señala que los medios públicos se han convertido en herramientas para atacar a opositores y que la difusión de narrativas favorables al Gobierno, acompañada de la invisibilización de voces alternativas, constituye un síntoma evidente de deterioro democrático.

De La Espriella sostiene que, cuando canales financiados con recursos estatales dejan de cumplir funciones pedagógicas y plurales para operar como plataformas de confrontación política, se rompe el principio de imparcialidad que debe regir la comunicación pública.

El dirigente aclara que no se trata de limitar la libertad de expresión del Gobierno, sino de impedir que bienes financiados con fondos del Estado intervengan en la competencia electoral.

El documento recuerda además que la Misión de Observación Electoral alertó en 2024 sobre el incremento de conductas asociadas a la participación indebida en política y sobre los riesgos de uso de recursos públicos en contextos preelectorales.

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La preocupación se centra en que, cuando quienes deben garantizar igualdad de reglas se convierten en actores de campaña, desaparece el equilibrio básico de la contienda.

Una parte clave de la comunicación se refiere a la violencia política. Según los datos citados, en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales.

De ellos, más del 59 por ciento afectó directamente a liderazgos políticos, mientras que la violencia letal aumentó en un 22 por ciento respecto al año anterior.

Los secuestros de líderes llegaron a 11 casos, la cifra más alta en años recientes. Entre marzo y julio de 2025 se documentaron 139 agresiones en el marco del calendario electoral para 2026, de las cuales la mitad se dirigió contra actores políticos.

Para el movimiento, estas cifras no representan incidentes aislados sino un patrón nacional que afecta la participación libre y sin coacción.

En ese contexto, señala que el Estado estaría renunciando a su obligación constitucional de proteger a quienes participan en la vida política, permitiendo que la violencia determine quién compite.

El magnicidio del dirigente opositor Miguel Uribe Turbay es citado como muestra de esta fragilidad en las garantías.

La carta advierte también que la política de “Paz Total” ha generado condiciones adversas para la seguridad electoral. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, los grupos armados crecieron un 23,5 por ciento en 2024 y el reclutamiento de menores aumentó en un 300 por ciento.

Para De La Espriella, estos datos demuestran que los actores armados siguen condicionando la vida social y política en distintas regiones.

En territorios donde los fusiles regulan economías locales, restringen reuniones políticas o condicionan la participación ciudadana, afirma el comunicado, no existen garantías reales para candidatos ni para votantes.

La legitimidad democrática, sostiene, no se limita a abrir urnas, sino a asegurar que nadie vote bajo coerción.

En cuanto a las exigencias para firmar un acuerdo nacional, la contrapropuesta plantea varias obligaciones para el Gobierno Petro.

La primera es la neutralidad estatal, que incluye la prohibición del uso político de medios públicos, la restricción absoluta a la participación política del presidente y de altos funcionarios, y sanciones efectivas por el uso indebido de recursos estatales.

También exige una protección reforzada para la oposición, con medidas de seguridad especiales, protocolos de reacción inmediata ante amenazas y un incremento sustancial del pie de fuerza en territorios críticos.

En materia de presencia armada, el movimiento pide un compromiso claro para impedir que estructuras ilegales influyan en las elecciones, recuperar el control territorial, desmantelar redes criminales e impedir que la intimidación determine resultados.

Solicita además investigaciones independientes sobre atentados y asesinatos, incluyendo el caso de Miguel Uribe Turbay, que aborden tanto a autores materiales como a determinadores e intelectuales, y cuyos resultados sean públicos y verificables.

Finalmente, exige transparencia total en el proceso electoral mediante veeduría ciudadana independiente, observación institucional robusta y acceso equitativo a medios y espacios públicos.

El comunicado cierra con una declaración de principios que, según el movimiento, defenderán hasta el final.

Señala que el Estado no es un partido político, que la oposición es una garantía del equilibrio democrático, que la vida y la seguridad de quienes piensan distinto son sagradas, que las elecciones deben realizarse sin miedo, sin armas y sin manipulación estatal, y que la democracia es irrenunciable y no puede negociarse con actores armados.

Para Defensores de la Patria, el camino hacia unas elecciones libres exige compromisos concretos del Gobierno Petro y verificación permanente de la Defensoría del Pueblo.

Concluye De La Espriella en el manifiesto, se trata de un llamado firme y urgente a defender la democracia “antes de que sea demasiado tarde”. El movimiento respalda esa advertencia y afirma que la democracia requiere acción inmediata.

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