CARF alerta deterioro: nuevo gobierno recibirá déficit alto, deuda en máximos y requiere ajuste de 4,8% del PIB

El más reciente informe técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 dejó un diagnóstico que compromete el margen de maniobra del próximo gobierno: Colombia enfrenta una situación fiscal deteriorada, con déficit elevado, deuda por encima del ancla legal, necesidades de financiamiento crecientes, mayor exposición cambiaria y una senda de ajuste que, según el organismo, tendría que ser más ambiciosa que la planteada por el Ministerio de Hacienda.

El documento, elaborado en julio de 2025, parte de una conclusión central: la economía colombiana muestra señales de recuperación, pero el frente fiscal se convirtió en el principal foco de inestabilidad macroeconómica.

El CARF señala que en 2024 el país creció 1,6%, después del 0,6% registrado en 2023, mientras la inflación continuó moderándose y la cuenta corriente se mantuvo en niveles manejables. Sin embargo, esos avances fueron opacados por el deterioro de las cuentas públicas.

El déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2024 en 6,7% del PIB, 1,1 puntos porcentuales por encima de la meta prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024, y la deuda neta subió a 59,3% del PIB, lejos del ancla legal de 55%.

La frase más fuerte del informe es que “la posición fiscal continúa deteriorándose”. El Comité no presenta el problema como una dificultad transitoria, sino como una señal de pérdida de consistencia entre ingresos, gastos, deuda y regla fiscal.

Según el documento, el déficit de 2024 interrumpió la reducción que venía desde 2021, cuando el desequilibrio fue de 7% del PIB, hasta 2023, cuando bajó a 4,2%. Esa corrección quedó frenada por la caída de los ingresos y por un gasto primario superior al programado, asociado, entre otros factores, a la ejecución de reservas presupuestales.

El CARF también cuestionó la forma como el Gobierno reportó el cumplimiento de la regla fiscal de 2024. El Ministerio de Hacienda sostuvo que el Gobierno cumplió porque el Balance Primario Neto Estructural fue de -0,2% del PIB, en línea con la ley.

Para llegar a ese cálculo, el Gobierno incluyó transacciones de única vez por $31,1 billones, equivalentes a 1,8% del PIB. Sin embargo, el CARF solo dio concepto favorable a $6,2 billones, equivalentes a 0,4% del PIB.

El punto de fondo es que, para el Comité, una parte sustancial de esas transacciones no tenía carácter temporal, inusual ni sobreviniente, sino que correspondía a una normalización del recaudo tributario hacia su tendencia de mediano plazo.

El informe advierte que el deterioro no se detendría en 2025. El Marco Fiscal proyecta para ese año un déficit total de 7,1% del PIB, superior al 6,7% de 2024 y muy por encima del promedio de los últimos 20 años, que el CARF ubica en 4% del PIB.

Ese nivel, según el Comité, sería el tercero más alto desde que se tienen registros, solo superado por años de crisis profunda como 1999 y 2020. 

El déficit primario previsto para 2025 sería de 2,4% del PIB, prácticamente igual al observado en 2024, lo que implica que el Gobierno seguiría gastando por encima de sus ingresos antes del pago de intereses.

El CARF estima que incluso para cumplir la nueva meta de déficit de 7,1% del PIB aprobada por el CONFIS en 2025 serían necesarias medidas de ajuste por $8,3 billones, equivalentes a 0,5% del PIB.

La razón principal es que el Comité proyecta menores ingresos tributarios que el Ministerio de Hacienda. A esto se suman dos riesgos relevantes: el recaudo con papeles y las devoluciones en efectivo han sido más altos que en años anteriores, lo que podría reducir el recaudo neto, y el cumplimiento de la meta de gasto primario implicaría una ejecución de inversión de apenas 15%, frente a un promedio histórico de 63%.

Esa cifra de inversión es una de las señales más delicadas del informe. Si el Gobierno ejecutara la inversión en línea con el promedio histórico, el gasto primario de 2025 podría ser hasta $18 billones superior al estimado en el Marco Fiscal, es decir, cerca de 1 punto del PIB adicional.

Pero si la inversión se ejecutara muy por debajo del estándar, el riesgo sería otro: una nueva acumulación de reservas presupuestales para ejecutar en 2026 cercana a COP 50 billones, equivalentes a 2,8 % del PIB, similar a la registrada en 2024.

El informe también analiza la decisión del CONFIS de activar la cláusula de escape de la regla fiscal para las vigencias 2025, 2026 y 2027. El Gobierno justificó esa decisión por la inflexibilidad del gasto y la dificultad de aumentar ingresos en el corto plazo.

Sin embargo, el CARF fue explícito: “no encontró en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficientemente sólida para activar la cláusula en los términos contemplados en la ley”. Para el Comité, el argumento de aplazar el ajuste fiscal no corrige el problema macroeconómico, sino que puede agravarlo, porque el principal desbalance del país es precisamente el fiscal.

La cláusula de escape permite que el Gobierno se aparte temporalmente de las metas ordinarias de la regla fiscal. Pero el CARF advierte que esa flexibilización exige un plan creíble de retorno.

Según el Marco Fiscal, la senda de déficit total y primario sería de 7,1 % y 2,4 % del PIB en 2025; 6,2 % y 1,4 % en 2026; y 4,9 % y 0,3 % en 2027. Para el Comité, esa ruta es insuficiente porque no inicia el ajuste desde 2025 y concentra buena parte del esfuerzo después de 2027.

El problema para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella es que recibirá el Estado con una deuda neta en máximos históricos. El CARF proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegará a 61,4 % del PIB en 2025, 2,1 puntos por encima del nivel de 2024. El incremento se explica, sobre todo, por el déficit primario de 2,4 % del PIB.

El Comité calcula que para estabilizar la deuda alrededor de 60 % del PIB en 2025 habría sido necesario un superávit primario cercano a 1 % del PIB, es decir, un resultado 3,4 puntos mejor que el proyectado.

Para 2026, el Marco Fiscal prevé un déficit de 6,2 % del PIB, lo que marcaría el comienzo de la reducción del desequilibrio. Pero esa reducción depende de una reforma tributaria o ley de financiamiento por COP 19,9 billones, cerca de 1 % del PIB. El CARF advierte que desconoce el contenido de ese proyecto y, por tanto, no lo incluye plenamente en su escenario central.

Sus cálculos indican que para cumplir la meta fiscal de 2026 sería necesario un ajuste de 1,7 puntos del PIB, equivalente a COP 33 billones, ya sea mediante nuevos ingresos, reducción de gastos o una combinación de ambas medidas.

El informe plantea varios escenarios de riesgo para 2026. En el escenario central del CARF, el déficit sería de 6,2 % del PIB. Si se concretan factores favorables, como una estrategia de financiamiento más eficiente que reduzca costos, el déficit podría bajar a 5,8 %.

Pero si no se aprueba la reforma tributaria, el faltante aumentaría en 1 punto del PIB; si se mantiene una alta presión por reservas presupuestales de 2025, sumaría 0,8 puntos adicionales; y si entra en vigor la reforma pensional con presión fiscal neta, agregaría 0,4 puntos. Bajo ese escenario adverso, el déficit fiscal de 2026 podría ampliarse hasta 8,4 % del PIB.

El frente de financiamiento también es complejo. Para 2026, las necesidades de financiamiento del Gobierno ascenderían a COP 171,5 billones, equivalentes a 8,9 % del PIB, frente a un promedio histórico de 6,7 %.

Aunque esa cifra sería menor que la prevista para 2025, cuando las necesidades se ubicarían en 10,7 % del PIB, sigue siendo elevada.

La composición también genera alertas: 64 % del financiamiento provendría de deuda interna y 36 % de deuda en moneda extranjera.

Además, la participación del financiamiento externo aumentaría frente a 2025, cuando representaría 32,3 % de los desembolsos, lo que incrementa la exposición cambiaria.

La deuda neta del Gobierno Nacional Central alcanzaría 63,5% del PIB en 2026, según el CARF, 2,1 puntos más que en 2025. Ese aumento se explicaría por el déficit primario, que aportaría 1,4 puntos del PIB, y por el costo efectivo de la deuda frente al crecimiento económico, que sumaría 0,7 puntos.

En otras palabras, aun con crecimiento económico, la carga de intereses y el déficit primario mantendrían la deuda en una trayectoria ascendente.

El diagnóstico de mediano plazo tampoco ofrece alivio. El Marco Fiscal proyecta que el déficit pasaría de 6,2 % del PIB en 2026 a 4,9 % en 2027 y 3,1 % en 2028, para luego estabilizarse alrededor de 2,8% entre 2029 y 2036.

El CARF considera que esa trayectoria depende de un ajuste tardío. Según sus cálculos, cumplir las metas aprobadas por el CONFIS entre 2025 y 2027 y volver a cumplir la regla fiscal desde 2028 exigiría un ajuste promedio anual de 4 puntos del PIB durante la próxima década.

Ese esfuerzo es superior al planteado por el Gobierno, que estima 3,4 puntos. Si el objetivo fuera llevar la deuda al ancla legal de 55% del PIB, el ajuste requerido subiría a entre 4,3% y 4,8% del PIB en promedio.

En materia de deuda, el Comité proyecta que el punto máximo se alcanzaría entre 2026 y 2027, alrededor de 64 % del PIB. Luego empezaría una reducción gradual hasta 62,8 % del PIB en 2036.

El dato es relevante porque, incluso después de una década de ajuste, la deuda seguiría casi 8 puntos por encima del ancla legal de 55%.

El CARF advierte además que, en escenarios de riesgo del Ministerio de Hacienda, la deuda podría superar el límite legal de 71% del PIB en 2029 con una probabilidad de 20%.

El informe señala que para estabilizar la deuda y conducirla hacia niveles prudentes se requerirían superávits primarios sostenidos entre 1,5 % y 2 % del PIB a partir de 2029. El Marco Fiscal, en cambio, proyecta superávits primarios promedio de 1,1 % entre 2028 y 2036. Esa diferencia explica por qué, aun con ajuste, la deuda no regresaría al ancla legal.

El CARF también advierte que el gasto seguirá presionando las finanzas públicas. En su escenario inercial, el gasto total promedio entre 2027 y 2036 sería de 24,9 % del PIB. El gasto en intereses se ubicaría en 4,4 % del PIB, 0,5 puntos por encima de lo estimado por el Ministerio de Hacienda.

El espacio promedio para inversión sería de apenas 1,8 % del PIB anual, por debajo del promedio de los últimos 20 años, que fue de 2,2 %. Entre 2026 y 2036, los rubros que más aumentarían serían el Sistema General de Participaciones, con 2,1 puntos del PIB; aseguramiento en salud, con 0,9 puntos; y pensiones, sin reforma, con 0,5 puntos.

En contraste, la inversión sería el rubro con mayor reducción, con una caída de 0,9 puntos del PIB.

Este punto será determinante para la administración De la Espriella. El nuevo gobierno no solo tendrá que decidir si tramita una reforma tributaria o una ley de financiamiento, sino también si impulsa reformas al gasto.

El CARF insiste en que el control del gasto exigirá medidas que reduzcan inflexibilidades, mejoren la eficiencia y focalicen los programas. Sin esos cambios, cualquier ajuste podría recaer sobre la inversión, afectando infraestructura, programas regionales y ejecución de proyectos.

El contexto macroeconómico agrega riesgos. El informe reconoce que los supuestos del Marco Fiscal son posibles en conjunto, pero advierte sobre incertidumbre internacional, tensiones comerciales, volatilidad del petróleo y restricciones financieras.

Para 2025, el Gobierno proyecta crecimiento real de 2,7 %, inflación de 4,5 %, tasa de cambio promedio de COP 4.264,7 por dólar, precio Brent de USD 67,2 por barril, producción petrolera de 764.400 barriles diarios y déficit de cuenta corriente de 2,3 % del PIB.

Para 2026, prevé crecimiento de 3 %, inflación de 3,2 %, tasa de cambio promedio de COP 4.407,9, Brent de USD 62,3, producción de 756.800 barriles diarios y déficit de cuenta corriente de 2,5 %.

El petróleo es otro frente sensible. El Gobierno redujo su supuesto de precio Brent para 2025 a USD 67,2 por barril, frente a los USD 74,3 del Plan Financiero. Para 2026, el supuesto baja a USD 62,3.

El CARF recuerda que menores precios del crudo reducen la renta petrolera y los dividendos de Ecopetrol, aunque parcialmente alivian el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El efecto neto, sin embargo, es contractivo para las finanzas públicas.

El informe también llama la atención sobre el costo del endeudamiento. La incertidumbre fiscal, el aumento de la deuda, la estrechez de liquidez del Gobierno y la caída de la calificación crediticia han elevado las tasas a las que Colombia se financia. 

El CARF señala que el país está pagando tasas similares o incluso superiores a las de economías con peor calificación, lo que sugiere que parte del castigo financiero responde a factores internos.

En ese escenario, el Gobierno planteó una estrategia de endeudamiento con dos objetivos: recomponer la liquidez y reducir en el margen los costos efectivos de financiamiento.

Para 2025, esa estrategia incluye mayor dependencia de deuda de corto plazo, fondos administrados, repos, simultáneas y préstamos de corto plazo, además de una recomposición del financiamiento externo hacia bonos globales y créditos comerciales.

El CARF admite que esas medidas pueden generar beneficios tácticos, pero advierte que aumentan los riesgos de refinanciamiento, mercado y exposición cambiaria.

La lectura política del informe es clara: el próximo presidente recibirá un país con menos espacio fiscal para ejecutar promesas de campaña.

Cualquier reducción de impuestos, aumento del gasto o nuevo programa social deberá compensarse con ingresos permanentes o recortes estructurales.

De lo contrario, el déficit podría ampliarse, la deuda seguiría creciendo y el costo de financiar al Estado aumentaría.

El gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá, por tanto, tres decisiones inmediatas. La primera será definir si presenta una reforma tributaria o ley de financiamiento que permita cerrar el faltante de COP 19,9 billones previsto para 2026.

La segunda será establecer una estrategia de reducción del gasto que no dependa únicamente de recortar inversión.

La tercera será enviar señales creíbles a los mercados y a las calificadoras para reducir primas de riesgo, contener el costo de la deuda y recuperar la confianza fiscal.

El CARF no plantea una crisis inevitable, pero sí una advertencia de fondo: Colombia puede corregir la trayectoria, siempre que el ajuste sea oportuno, creíble y suficiente.

El organismo sostiene que aplazar la consolidación fiscal aumenta el costo económico y social del ajuste posterior. En su lectura, “entre más rápido se dé la reducción del déficit, menor es el esfuerzo fiscal requerido para estabilizar la deuda”.

En suma, el informe técnico deja al próximo gobierno ante una ecuación exigente. El país crecería, pero con deuda alta; mantendría acceso a financiamiento, pero a costos elevados; tendría margen para corregir, pero no para postergar.

Si la nueva administración logra combinar disciplina fiscal, reformas de ingresos, control del gasto y protección de la inversión productiva, podría estabilizar la deuda y recuperar credibilidad. Si no lo hace, Colombia podría entrar en un ciclo de déficit persistente, deuda elevada, intereses crecientes y menor capacidad del Estado para financiar sus prioridades.