Canacol Energy en crisis: nuevas medidas de la Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades informó a los acreedores, terceros interesados y al público en general que, mediante Auto No. 2025-01-851648 de 17 de diciembre de 2025, se reconoció en Colombia como proceso extranjero principal el trámite de insolvencia iniciado por Canacol Energy Colombia S.A.S, CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia Sucursal Colombia, regulado bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) ante la Corte del Tribunal del Rey de Alberta, Canadá.

En virtud de esta decisión se reconoce a KPMG INC. como Representante Extranjero y Monitor del proceso principal, con las facultades previstas en los artículos 96 y 97 de la Ley 1116 de 2006.

Se aplican las medidas automáticas del artículo 105 de la Ley 1116, consistentes en la suspensión de procesos de ejecución contra las deudoras y la prohibición de disponer de sus bienes fuera del giro ordinario sin autorización de esta autoridad.

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Se prorrogan las medidas cautelares adoptadas en Auto 2025-01-844296, que incluyen la suspensión de los procesos de ejecución y la disposición de las cuentas bancarias de las deudoras para garantizar el pago de nómina, impuestos y gastos operativos, así como la prohibición de terminación unilateral de contratos estratégicos, en los términos de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 1116 de 2006.

Se ordena la inscripción de esta providencia en el registro mercantil y la fijación de avisos en las sedes de las sociedades para conocimiento de todos los acreedores.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó: “la cooperación internacional en materia de insolvencia es un pilar para preservar el valor empresarial y proteger el empleo. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la estabilidad económica, la transparencia y la protección de los acreedores. Colombia se suma a los estándares globales para facilitar procesos ordenados que permitan el salvamento de compañías estratégicas, asegurando que las decisiones judiciales extranjeras se armonicen con nuestro ordenamiento jurídico y con la defensa del interés público. El reconocimiento del proceso extranjero busca proteger los activos de las deudoras en Colombia, garantizar la continuidad operativa y salvaguardar los intereses de los acreedores, conforme a lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024”.

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