Canacol Energy: ¿el nuevo Pacific Rubiales? se preguntan en el sector de los hidrocarburos

Las últimas semanas han sido de incertidumbre, denuncias, cartas y anuncios, sobre Canacol Energy. Un variopinto de situaciones que tienen a la expectativa en el mercado a la compañía de origen colombiano con accionistas en su mayoría canadienses. Es por ello, que en círculos del sector de los hidrocarburos los expertos comienzan a preguntarse si se trata de la nueva Pacific Rubiales de Colombia.

Los especialistas lo hacen para referirse a la desaparecida compañía petrolera que durante años fue el epicentro de bonanza de los hidrocarburos pero que terminó fuera del mercado por múltiples y cuestionados manejos de sus propietarios de Colombia y Venezuela principalmente.

La versión extraoficial del gobierno frente a lo que está sucediendo con empresa es clara: “Quieren agrupar en una sola subsidiaria todos sus negocios de cara a la negociación que se dice está adelantando con Ecopetrol y como algunos particulares tienen controversias contractuales con ellos, están saliendo a denunciar el proceso de sesión a esas subsidiarias”.

No obstante, sendas publicaciones del diario El Colombiano y el portal económico Valora Analitik dejan más dudas que certezas sobre el comportamiento y los manejos financieros de la compañía gasifera.

A esto se suman las declaraciones recientes del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y las pruebas que existirían en EE.UU por supuestos negocios de la empresa.

Transferencia de contratos

Y es que la compañía Canacol Energy, uno de los actores relevantes del mercado de gas natural en Colombia, inició un proceso para transferir siete contratos de exploración y producción a Cantana Energy Sucursal Colombia, una de sus subsidiarias.

El trámite se presentó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el pasado 18 de julio de 2025, mediante sus filiales CNE Oil & Gas y CNEOG.

Los contratos en cuestión abarcan zonas estratégicas ubicadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, regiones clave para el desarrollo energético nacional.

La solicitud de cesión de estos activos coincide con un periodo complejo para Canacol, en el que enfrenta varios procesos judiciales, tanto en Colombia como en el exterior, así como un nivel significativo de endeudamiento y presión creciente por parte de sus inversionistas.

La información financiera disponible señala que el grupo consolida una deuda superior a los 700 millones de dólares estadounidenses, lo que genera incertidumbre en los mercados sobre su capacidad de respuesta ante eventuales incumplimientos contractuales o financieros.

Una fuente del sector energético reveló al medio Valora Analitik los estados financieros de Cantana Energy, los cuales reflejan una trayectoria negativa en términos de resultados contables.

Sucursal con millonarias pérdidas

En 2021, la sucursal reportó pérdidas por $1.474 millones; en 2022, estas se elevaron a $5.086 millones. Aunque en 2023 la empresa registró utilidades, en 2024 volvió a presentar resultados adversos, cerrando el ejercicio con una pérdida de $14.400 millones.

Una situación que genera preocupación en cuanto a la viabilidad de la filial para asumir las obligaciones inherentes a los contratos, que incluyen compromisos de inversión técnica, producción, cumplimiento ambiental y pago de regalías al Estado.

A pesar de que el marco normativo colombiano exige que los nuevos operadores de contratos hidrocarburíferos demuestren capacidad financiera, técnica y operativa, el historial reciente de Cantana Energy podría dificultar que tales requisitos se cumplan de forma efectiva. 

Analistas del sector advierten que la estrategia adoptada por Canacol podría tener como propósito separar los activos de mayor valor económico en una nueva estructura, mientras se mantienen en la matriz las cargas asociadas a procesos legales, obligaciones con proveedores y otras contingencias económicas.

Procesos ejecutivos y arbitraje

En paralelo, Canacol Energy enfrenta al menos tres procesos ejecutivos ante juzgados civiles de Bogotá, y un arbitraje en la Cámara de Comercio de la capital colombiana.

Estos litigios están relacionados con disputas por facturas impagas y presuntos incumplimientos contractuales, particularmente en lo referente al suministro de gas.

Adicionalmente, la empresa matriz enfrenta una demanda colectiva en Canadá, donde inversionistas la acusan de haber omitido información clave durante las negociaciones de un proyecto de transporte de gas.

Esta acción legal ha contribuido al deterioro reputacional de la compañía en los mercados bursátiles.

El panorama se complica por el contexto energético nacional. Colombia atraviesa un periodo de presión sobre su abastecimiento interno de gas natural, lo que ha derivado en la necesidad de recurrir a importaciones para garantizar la continuidad del servicio.

En este escenario, cualquier incumplimiento por parte de los operadores de los contratos de exploración y producción podría agravar la situación, con impactos directos en la seguridad energética y las finanzas públicas, ya que las regalías constituyen una fuente significativa de ingresos para las regiones productoras.

La cesión de contratos propuesta por Canacol está sujeta a la evaluación técnica, financiera y jurídica por parte de la ANH, que debe verificar la idoneidad del cesionario.

Las Superintendencias de Sociedades y Financiera también tendrán un papel relevante, en la medida en que supervisa la situación financiera de las empresas constituidas en el país.

La justicia de EE.UU.

A esto se suma que Canacol y Afinia, están en el centro de una denuncia internacional. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, formalizó la entrega de un paquete de documentos a representantes diplomáticos de Estados Unidos en Colombia, en los que se detallan presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con el exalcalde Daniel Quintero.

La información, según explicó Gutiérrez en rueda de prensa, podría derivar en una solicitud de extradición si se comprueba que recursos obtenidos de manera ilícita fueron trasladados a ese país.

El caso involucra directamente a dos entidades ya conocidas por investigaciones y denuncias previas: la empresa energética Canacol y la compañía Afinia, filial del Grupo EPM.

El encuentro se produjo tras una serie de manifestaciones públicas por parte de figuras políticas de Estados Unidos. El subsecretario de Estado —funcionario de alto nivel en la política exterior del país norteamericano— expresó que revocaría con gusto la visa de Quintero, luego de que este hiciera pública una supuesta petición de cancelación de su visado en respaldo al presidente Gustavo Petro. 

Un senador republicano

A esta postura se sumó el senador republicano Bernie Moreno, quien pidió seguir el rastro del dinero que, según él, el exalcalde habría ocultado en territorio estadounidense.

La situación se desarrolla en un contexto de creciente cercanía entre Gutiérrez y el cuerpo diplomático de Estados Unidos.

Durante su visita a Medellín, el encargado de negocios de ese país en Colombia, Jhon McNamara, destacó públicamente las relaciones con el gobierno local.

Tras el encuentro, McNamara publicó en sus redes sociales un mensaje en el que resaltó los planes de inversión en Antioquia por parte de empresas estadounidenses, y agradeció a Gutiérrez por la recepción.

El alcalde, por su parte, indicó que los funcionarios estadounidenses fueron informados de los avances de las investigaciones contra Quintero y su administración, y que existe interés de su gobierno por establecer el destino final de los fondos presuntamente desviados.

Gutiérrez mencionó que los indicios más relevantes estarían conectados con las operaciones de las compañías Canacol Energy y Afinia.

Según dijo, hay información sobre vínculos de personas cercanas a la administración Quintero con ciudadanos venezolanos radicados en Miami y con socios colombianos establecidos en esa ciudad y en otras partes de Estados Unidos.

Los nombres de estas personas no fueron revelados, pero el mandatario señaló que los casos estarían relacionados con los negocios desarrollados por Canacol y Afinia en Medellín y en la Costa Caribe.

En el caso de Afinia, la denuncia se remonta a mayo de 2024, cuando Gutiérrez presentó un testimonio protegido que aseguraba que esta empresa habría sido transferida por un valor de 8 millones de dólares a un grupo político, mediante una negociación informal supuestamente pactada en un restaurante de la vía Las Palmas.

A la cita habrían asistido políticos, empresarios venezolanos, un exfuncionario de la Alcaldía y otro empresario señalado previamente en procesos judiciales por contratación irregular.

Un político salpicado

Aunque no se divulgaron los nombres de todos los participantes, algunos sectores señalaron como figura clave al excongresista William Ortega, quien negó haber intervenido en la operación.

La Fiscalía abrió una investigación sobre el caso, y uno de los aspectos bajo revisión es si el exalcalde Quintero incurrió en tráfico de influencias durante el nombramiento de Javier Lastra como gerente de Afinia.

La defensa de Lastra sostiene que su designación fue resultado de un proceso realizado por una firma especializada en selección de personal, y que no existió presión externa ni intervención política.

Respecto a Canacol, la controversia se remonta a un contrato por $5 billones que la compañía canadiense pretendía firmar con EPM para suministrar gas a Medellín durante 11 años. 

El proyecto contemplaba la construcción de un gasoducto de 289 kilómetros desde el municipio de Jobo, Córdoba, hasta la capital antioqueña. Aunque el acuerdo estaba estructurado desde 2019, fue suspendido antes de ser suscrito, coincidiendo con el final del gobierno anterior.

¿Pago de comisiones?

Posteriormente surgieron versiones que señalaban presuntos pagos de comisiones y la participación de una firma china en las negociaciones. Canacol, finalmente, se retiró del proceso alegando dificultades en la obtención de licencias ambientales y otros factores legales y operativos.

Las autoridades de Estados Unidos, según indicó Gutiérrez, analizan si recursos provenientes de estas operaciones llegaron a su jurisdicción.

De confirmarse que fondos obtenidos de manera irregular fueron transferidos a ese país, el proceso podría avanzar hacia una solicitud formal de extradición.

La investigación se encuentra en fase reservada, aunque el mandatario aseguró que se han recogido elementos suficientes para avanzar en el rastreo de activos y en la cooperación con agencias internacionales.

Lo cierto es que las dudas no cesan y lo que se dice en los círculos del sector de hidrocarburos sobre que Canacol Energy podría ser la nueva Pacific Rubiales tiene argumentos y no precisamente gaseosos. Las autoridades del sector y la propia empresa tienen la última palabra al tiempo siguen creciendo las dudas entre accionistas e inversionistas. 

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