Cae millonaria contratación casi oculta y de última hora en Fiduprevisora por más de $33.000 millones

Un proceso de contratación que superaba los $33.000 millones y con el que la Fiduciaria La Previsora S.A. buscaba garantizar buena parte de su infraestructura informática terminó antes de llegar a puerto.

Lo que inicialmente estaba planteado como una contratación para disponer de computadores de escritorio y portátiles, acompañados de soporte, mantenimiento y otros servicios tecnológicos, terminó convertido en objeto de una actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación y, finalmente, en un procedimiento que la propia Fiduprevisora decidió no continuar.

La cifra exacta ayuda a dimensionar el negocio: $33.127.881.408. El proceso correspondía a la Invitación Abierta No. 004 de 2026 y contemplaba el suministro de equipos de cómputo bajo la modalidad Computer as a Service (CaaS), un esquema mediante el cual los equipos y servicios tecnológicos asociados son proporcionados durante un periodo determinado, en lugar de limitar la contratación a una compra tradicional de computadores.

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Pero el alcance era mayor que la simple disponibilidad de máquinas. La documentación conocida del procedimiento establecía que el objeto incluía computadores de escritorio y portátiles, instalación, configuración, soporte técnico, mantenimiento, garantía, ingeniería en sitio y bajo demanda, además de una mesa de servicios para atender incidentes y requerimientos en niveles 1 y 2.

El expediente avanzó durante varios meses. Una Adenda No. 4, por ejemplo, fue expedida el 21 de mayo de 2026 y modificó condiciones técnicas y el cronograma de la Invitación Abierta No. 004. La contratación, por tanto, no se encontraba apenas en una fase embrionaria cuando comenzaron a cobrar fuerza las advertencias sobre su estructuración.

La intervención de la Procuraduría cambió el curso del procedimiento. La Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública examinó el proceso y puso sobre la mesa una serie de reparos que iban más allá de una discusión sobre especificaciones de computadores.

El cuestionamiento central se trasladó a asuntos esenciales de cualquier selección contractual: la publicidad de la información, la igualdad de los interesados, la justificación de los requisitos para participar y las condiciones necesarias para que exista una competencia efectiva entre los posibles oferentes.

La actuación quedó identificada, según información conocida sobre el expediente, con el radicado E-2026-325100. La Procuraduría advirtió riesgos relacionados con el proceso de $33.127.881.408 y planteó cuestionamientos sobre la falta de publicidad de documentos que sustentaban la etapa precontractual, entre ellos el análisis de mercado y los estudios previos.

Ese punto resultaba especialmente relevante porque esos documentos permiten conocer cómo una entidad llegó a determinadas conclusiones antes de abrir una contratación: cuánto puede costar lo que pretende contratar, cómo funciona el mercado, cuáles empresas podrían prestar el servicio, qué requisitos son razonables y cuáles son las razones técnicas, jurídicas y económicas que respaldan las reglas posteriormente exigidas a quienes quieran competir.

La discusión, por consiguiente, dejó de girar exclusivamente alrededor de los computadores. Lo que estaba bajo examen era la manera como había sido construido el camino para escoger al eventual contratista.

El organismo de control consideró que las situaciones detectadas podían comprometer principios de la función administrativa. En el comunicado conocido este 11 de agosto, la Procuraduría destacó específicamente los riesgos para la publicidad, la transparencia y la igualdad y señaló que su Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública había advertido posibles deficiencias en los requisitos habilitantes, con consecuencias potenciales sobre la participación empresarial.

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El asunto es particularmente sensible porque un requisito habilitante determina quién puede seguir adelante y quién queda por fuera de una selección. Cuando las exigencias responden a las necesidades reales de un contrato, funcionan como un mecanismo para garantizar que los participantes tengan capacidad jurídica, técnica, financiera u organizacional suficiente. Cuando son innecesariamente restrictivas o carecen de justificación, pueden producir el efecto contrario: reducir el universo de competidores.

Precisamente allí se concentró una de las advertencias. De acuerdo con la información divulgada sobre la actuación preventiva, la Procuraduría encontró posibles deficiencias que podían limitar la libre concurrencia de oferentes y restringir la competencia dentro del proceso de selección.

Pero no fue el único cuestionamiento. La forma de evaluar la experiencia también llamó la atención del Ministerio Público. La Procuraduría cuestionó que se otorgaran 40 puntos por acreditar experiencia específica adicional, pese a que la experiencia ya aparecía contemplada dentro de los requisitos técnicos habilitantes.

El reparo tenía una consecuencia práctica: un mismo factor podía terminar teniendo incidencia en dos momentos distintos de la selección. Primero, para establecer si una compañía estaba habilitada para competir; después, como elemento capaz de incrementar considerablemente su puntaje.

Según la información divulgada sobre el oficio preventivo, el organismo consideró que esa situación podía constituir una doble valoración de la experiencia, especialmente porque los 40 puntos representaban una proporción significativa de la calificación total.

A los cuestionamientos del Ministerio Público se sumaban observaciones formuladas dentro del propio procedimiento por interesados y una veeduría.

Entre los temas discutidos aparecieron los indicadores financieros establecidos para participar, su correspondencia con el estudio de mercado, la metodología utilizada para fijarlos y la existencia de un análisis que demostrara que, pese a esas exigencias, continuaba existiendo una pluralidad suficiente de posibles oferentes. También fueron cuestionadas modificaciones incorporadas mediante las adendas 2 y 3 del proceso.

El asunto había alcanzado un momento crítico a finales de junio. El 24 de junio, la gerente de Adquisiciones y Contratos de Fiduprevisora, Estefanía Gutiérrez Arcila, suscribió la comunicación mediante la cual se informó inicialmente la suspensión del procedimiento.

Para ese momento, la contratación se encontraba avanzada y la advertencia preventiva de la Procuraduría ya había puesto en discusión la conveniencia de continuar con el trámite en las condiciones existentes.

Según información, entre los reparos estaban precisamente la ausencia de publicidad de los estudios previos y del análisis de mercado y las dudas alrededor de la valoración de la experiencia. También se conoció que dentro del procedimiento habían presentado propuestas Ricoh Colombia S.A.S. y Nueva Era Soluciones (NES S.A.S.).

La suspensión, sin embargo, no sería el desenlace definitivo. Después de revisar la advertencia del organismo de control y realizar su propia evaluación interna, Fiduprevisora tomó una decisión más drástica: terminar anticipadamente el proceso de selección.

La propia fiduciaria informó oficialmente el 30 de julio que no continuaría con la Invitación Abierta No. 004 de 2026. Explicó que la determinación obedeció tanto al análisis de las observaciones formuladas por la Procuraduría como a una revisión interna realizada por la entidad.

Esa revisión interna resulta significativa porque Fiduprevisora reconoció que también había encontrado asuntos que debían estudiarse con mayor profundidad antes de continuar.

Entre ellos figuró un elemento adicional: la omisión de exigir el aval de un ingeniero con matrícula profesional vigente para un contrato que comprendía actividades propias de la ingeniería, según informó la fiduciaria al explicar públicamente las razones de su determinación.

La entidad concluyó que las situaciones detectadas generaban riesgos frente a principios como planeación, transparencia, publicidad, igualdad, libre concurrencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

La decisión adquirió una nueva dimensión este 11 de agosto, cuando la Procuraduría presentó públicamente el resultado de su actuación preventiva y atribuyó a las observaciones formuladas por el Ministerio Público la terminación del procedimiento.

El comunicado es contundente en ese aspecto: la actuación preventiva llevó a Fiduprevisora a terminar anticipadamente el proceso después de que el organismo de control advirtiera inconsistencias que, en su criterio, comprometían su solidez.

No se trata, sin embargo, de afirmar que el contrato fue adjudicado y posteriormente cancelado. El procedimiento de selección fue terminado antes de culminar con la contratación, una precisión importante para entender jurídicamente lo ocurrido.

Tampoco las advertencias preventivas equivalen, por sí mismas, a una declaración de responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal de funcionarios o particulares.

Lo documentado hasta ahora corresponde a observaciones y riesgos detectados durante la vigilancia preventiva de la contratación y a la decisión posterior de Fiduprevisora de no continuar el procedimiento.

La consecuencia administrativa, no obstante, fue concreta: un negocio proyectado por más de $33.127 millones quedó sin continuar bajo las condiciones inicialmente estructuradas.

Fiduprevisora anunció que evaluará la apertura de un nuevo proceso contractual para atender las necesidades tecnológicas que dieron origen a la contratación.

La fiduciaria sostuvo que necesita garantizar la continuidad de su operación y que una nueva estructuración deberá preservar los principios que gobiernan su actividad contractual.

La necesidad de computadores, soporte y servicios informáticos, entonces, no desapareció con la terminación del procedimiento. Lo que deberá cambiar será la manera de estructurar la contratación.

De hecho, la información institucional de Fiduprevisora permite establecer que la entidad ha continuado adelantando durante 2026 distintos procedimientos relacionados con tecnología y servicios especializados.

Su portal de contratación incluye procesos sobre gestión de vulnerabilidades, servicios tecnológicos y otras necesidades operativas, mientras que la Dirección de Adquisiciones aparece como la dependencia encargada de las etapas de planeación, evaluación, negociación, selección, suscripción, terminación y liquidación de contratos celebrados por la fiduciaria en posición propia.

El episodio deja además una secuencia que permite reconstruir cómo una contratación de más de $33.000 millones pasó de avanzar hacia la selección de un proveedor a desaparecer del escenario contractual en cuestión de semanas.

Primero estuvo la estructuración de la Invitación Abierta No. 004 de 2026 y sus sucesivas modificaciones. Después llegaron las observaciones sobre publicidad, experiencia, requisitos habilitantes e indicadores financieros.

A continuación intervino preventivamente la Procuraduría. El 24 de junio se produjo la suspensión. Posteriormente, Fiduprevisora revisó internamente el expediente y, el 30 de julio, anunció que terminaba anticipadamente el procedimiento.

Finalmente, este 11 de agosto, la Procuraduría informó que su actuación preventiva había derivado en esa decisión y reiteró que las condiciones detectadas podían comprometer principios fundamentales de la contratación.

Hay, además, una diferencia sustancial entre el comienzo y el final de esta historia. Al comienzo, la discusión era tecnológica: computadores de escritorio, portátiles, instalación, mantenimiento, soporte, garantías, ingeniería y mesa de ayuda bajo un esquema CaaS.

Al final, la discusión fue contractual. La pregunta dejó de ser solamente qué computadores necesitaba Fiduprevisora o cuánto costaría mantenerlos disponibles.

El centro del debate pasó a ser si las reglas utilizadas para escoger al proveedor garantizaban suficiente publicidad, igualdad entre los participantes, pluralidad de oferentes y una selección objetiva.

La fiduciaria terminó aceptando que había elementos que requerían una revisión más profunda y optó por empezar de nuevo antes que mantener un procedimiento sobre el cual pesaban las advertencias del organismo de control.

Así, los $33.127.881.408 que inicialmente representaban el valor de una contratación tecnológica terminaron convirtiéndose en la cifra alrededor de la cual quedó documentada una intervención preventiva del Ministerio Público.

Ahora habrá que observar cómo se estructura el nuevo proceso anunciado por Fiduprevisora y, especialmente, si las nuevas condiciones corrigen los puntos que hicieron naufragar la Invitación Abierta No. 004 de 2026: la publicidad de la etapa precontractual, la construcción y justificación de los requisitos habilitantes, los criterios de experiencia, los indicadores financieros y las condiciones destinadas a garantizar que exista una competencia efectiva.

Porque esa será, finalmente, la prueba del efecto de la actuación preventiva: no solamente que un proceso de más de $33.000 millones haya sido detenido y terminado, sino que su eventual reemplazo sea construido con reglas suficientemente claras, públicas y justificadas para que los interesados puedan competir en condiciones de igualdad en el contexto de un nuevo gobierno.

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