Asofondos alerta riesgo fiscal por traslado de $5 billones a Colpensiones

El Decreto 415 de 2026 encendió las alarmas en el sistema pensional colombiano tras ordenar a los fondos privados trasladar cerca de $5 billones a Colpensiones en un plazo de apenas ocho días. La medida busca cubrir el pago de pensiones de personas que migraron al régimen público luego de la reforma pensional, con un giro que debía concretarse antes del próximo jueves y que ya desató una fuerte controversia jurídica y fiscal.

Según el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, los recursos derivados de los afiliados trasladados serían suficientes para cubrir las obligaciones. Explicó que las pensiones de este grupo costarían alrededor de $450.000 millones al año, mientras que los nuevos cotizantes aportarían cerca de $600.000 millones anuales, generando un excedente de $150.000 millones. Sin embargo, advirtió que el traslado masivo tendría otro efecto: liberar espacio de caja inmediato para el Gobierno Nacional, ya que cada peso transferido a Colpensiones equivaldría a un peso adicional de liquidez para las finanzas públicas.

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El debate también gira en torno al destino de esos recursos. Asofondos y los demandantes sostienen que la ley ordena que el dinero del sistema pensional sea ahorrado para garantizar el pago futuro de las mesadas, y no utilizado para aliviar necesidades fiscales de corto plazo. La preocupación aumenta en un contexto en el que el costo del régimen público de pensiones en 2026 equivale, según estimaciones, a todo el recaudo anual del IVA, es decir, unos $70 billones.

A esto se suma la presión estructural del sistema. Actualmente, se requieren ocho personas cotizando sobre un salario mínimo para financiar una pensión mínima, pero hoy apenas existen cinco cotizantes por pensionado, lo que pone en duda la sostenibilidad del modelo a largo plazo, según Velasco.

El decreto ya está bajo revisión judicial. En total cursan 12 demandas con solicitud de medida cautelar urgente, y distintos sectores consideran necesario que el Consejo de Estado o algún organismo de control suspenda la aplicación de la norma antes de que venza el plazo establecido.

De hecho, el Consejo de Estado ya decidió suspender parcialmente el Decreto 415 tras analizar esas acciones judiciales, entre ellas una tutela y una demanda respaldada por Asofondos y los fondos Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos. La decisión puso bajo la lupa el Capítulo 5 del decreto, que ordena trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque cambiaron de régimen, aún no cumplen con los requisitos de edad y semanas para pensionarse.

El conflicto radica en que, según los demandantes, esos recursos deberían permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional. Por ello, el magistrado ponente analiza frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial que podría ser masivo e irreversible bajo reglas jurídicas cuestionadas.

Con esta suspensión parcial, el régimen público solo recibiría $5 billones de los $25 billones inicialmente exigidos por el decreto. Velasco explicó que existe una población que aún está cotizando —cuyos recursos suman cerca de $20 billones— y otra de aproximadamente 20.000 personas que ya reciben pensión, cuyos recursos ascienden a $5 billones. No obstante, Asofondos anunció que buscará tumbar la totalidad del decreto.

Por el contrario, el Capítulo 6 del decreto tendría mayores probabilidades de superar el examen judicial, ya que regula el traspaso de capital de quienes ya consolidaron su derecho a la jubilación. En estos casos, dado que Colpensiones debe comenzar a pagar las mesadas de inmediato, el traslado de los fondos responde a una necesidad administrativa y financiera para garantizar el flujo de los pagos.

El decreto establece que el 50% del capital debía entregarse en un plazo de 20 días y el restante en los 10 días siguientes. Aun así, las demandas califican la medida como un “salto al vacío” normativo, argumentando que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser transferido anticipadamente al Estado.

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