UNGRD: indagan presión a contratistas en favor de Leonidas Name candidato al Senado y exfuncionario de la entidad

Una denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación puso en conocimiento de ese organismo de control una serie de hechos que, según los denunciantes, estarían ocurriendo en distintas entidades del Estado en el contexto de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo.

El documento solicita investigar presuntas presiones políticas, exigencias económicas y participación indebida en actividades de campaña por parte de contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios.

El escrito fue presentado el 27 de febrero y está firmado de manera anónima por un grupo que afirma representar a 470 contratistas del Estado.

Los firmantes solicitaron reserva de identidad y confidencialidad, argumentando que revelar sus nombres podría ocasionar la terminación de contratos y eventuales afectaciones personales o familiares.

Según el contenido del documento revelado por Semana, los denunciantes prestan servicios profesionales en varias entidades del orden nacional, entre ellas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como ministerios y el Departamento para la Prosperidad Social.

A pesar de que su vinculación contractual corresponde a la modalidad de prestación de servicios, los denunciantes aseguran que en la práctica se les imponen dinámicas de subordinación, horarios de trabajo y participación en reuniones que excederían las obligaciones propias de ese tipo de contratación.

En el documento también se describe que, dentro de esas presiones, algunos contratistas habrían sido instados a participar en actividades políticas relacionadas con las elecciones legislativas.

Entre las situaciones mencionadas se incluyen convocatorias para repartir propaganda, asistir a eventos de campaña o viajar a distintas regiones del país para apoyar actividades proselitistas.

Los denunciantes señalan que quienes no participan en esas actividades enfrentarían advertencias relacionadas con la continuidad de sus contratos o con la renovación de los mismos.

En el texto se afirma que, además de las presiones para participar en actos políticos, existirían solicitudes de aportes económicos provenientes de los honorarios contractuales con el fin de financiar campañas al Congreso.

De acuerdo con la denuncia, estas situaciones se presentarían de forma reiterada y habrían generado un ambiente de temor entre los contratistas.

Los firmantes explican que durante meses evitaron denunciar los hechos por el riesgo de perder su principal fuente de ingresos.

El documento también menciona que algunos trabajadores habrían tenido que asumir cargas adicionales de trabajo para cubrir funciones de otros contratistas que, según la denuncia, se dedicaban a actividades relacionadas con campañas electorales.

Los denunciantes solicitaron a la Procuraduría adelantar una investigación disciplinaria, garantizar la confidencialidad de quienes aporten información y establecer medidas que eviten represalias.

En el texto sostienen que las entidades públicas no deben convertirse en espacios de financiación forzada de campañas políticas ni en escenarios de presión sobre personas vinculadas mediante contratos.

Entre los anexos entregados a las autoridades se incluye un formato denominado “lista de invitados”. Se trata de una tabla elaborada en hoja de cálculo en la que se solicitan datos personales de personas cercanas a los contratistas que serían convocadas a eventos políticos.

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El formulario pide diligenciar información como nombre completo, número de identificación, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, redes sociales, ubicación geográfica y, en el caso de Bogotá, la localidad de residencia.

Fuentes cercanas a los denunciantes indicaron que dicho formato debía ser presentado de manera física y que posteriormente se solicitaría a los asistentes respaldar electoralmente a determinados candidatos.

Tras conocerse la radicación de la denuncia, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se refirió al tema en una comunicación interna dirigida al personal de la entidad.

En ese mensaje afirmó que ha recibido reiteradas versiones sobre presiones políticas dentro de la institución y pidió a los trabajadores no aceptar ese tipo de situaciones.

También habilitó un correo electrónico institucional para que funcionarios y contratistas puedan reportar eventuales irregularidades.

De manera paralela, fuentes sindicales de la entidad señalaron que algunos contratistas vinculados a áreas administrativas han manifestado respaldo público al candidato al Senado Leonidas Name, quien participa en la contienda electoral por el Frente Amplio liderado por Roy Barreras.

Name es sobrino del expresidente del Senado Iván Name. Este último fue mencionado en investigaciones relacionadas con el escándalo de sobornos asociados a recursos de la UNGRD. Leonidas Name se desempeñó como secretario general de esa entidad desde abril de 2024.

De acuerdo con fuentes consultadas en la entidad, durante su paso por la secretaría general consolidó un equipo cercano de asesores.

Entre las personas mencionadas figura la abogada María Daniela Castaño de la Torre, quien, según confirmó el director de la UNGRD, mantiene una relación de pareja con el candidato.

La entidad señaló que Castaño se encuentra vinculada mediante contrato de prestación de servicios y que suspendió temporalmente su contrato por un mes, con fecha prevista de regreso a sus funciones el 9 de marzo.

Sin embargo, diversas fuentes señalan que ha acompañado actividades de campaña del candidato desde el inicio del proceso electoral.

En redes sociales también se han difundido publicaciones de otros contratistas vinculados a la entidad, entre ellos Salvador Julio Villa Romero y Eliana Jackeline Álvarez Muñoz, quienes han compartido fotografías y mensajes de respaldo a la candidatura de Name durante eventos de campaña.

En algunos de esos contenidos se incluyen piezas audiovisuales que incorporan material relacionado con la entidad pública.

Este hecho generó inquietudes dentro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, que envió una comunicación al director de la UNGRD manifestando preocupación por el uso de imágenes de funcionarios en contenidos asociados a la campaña política.

En la carta, el sindicato señaló que ha recibido quejas de afiliados cuyas imágenes habrían sido utilizadas en material que promueve la candidatura al Senado.

La organización pidió verificar si existe algún tipo de relación entre actividades políticas y personas que desempeñan funciones públicas dentro de la entidad.

El sindicato citó disposiciones de la Ley 996 de 2005, que regula las garantías electorales y prohíbe ejercer presiones sobre servidores públicos o contratistas para respaldar campañas o causas políticas.

Consultado sobre estas preocupaciones, el secretario general del sindicato, Edilberto Centeno, explicó que algunos funcionarios afiliados han expresado inconformidad por el uso de mensajes institucionales en contenidos de campaña.

Por su parte, el director de la UNGRD sostuvo que los contratistas no están sujetos a subordinación laboral y que, siempre que cumplan con las obligaciones establecidas en sus contratos, pueden participar en actividades políticas durante su tiempo libre.

Carrillo señaló que la participación de contratistas en campañas políticas constituye un derecho individual y que la entidad no puede restringir ese tipo de actividades si no afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Respecto al uso de imágenes relacionadas con la UNGRD en contenidos de campaña, indicó que la entidad no tiene control directo sobre la forma en que un candidato decide presentar su trayectoria o sus vínculos profesionales.

El funcionario reiteró que rechaza cualquier tipo de presión política contra trabajadores o contratistas y afirmó que, hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas ante la entidad a través del canal habilitado para denuncias internas.

Tanto Leonidas Name y María Daniela Castaño, no se pronunciaron al respecto.

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