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Paloma Valencia y los beneficios para los motociclistas: propone excluir del SOAT a motos de hasta 250 cc
Además reabre el debate sobre la financiación de la atención a víctimas de tránsito en Colombia.
La propuesta legislativa que impulsa la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia para excluir del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos irrumpe en un terreno sensible donde convergen movilidad, salud pública y sostenibilidad fiscal.
El texto del proyecto, fechado para 2026 y orientado a modificar el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, plantea una excepción directa a la obligación de adquirir este seguro para un segmento mayoritario del parque automotor colombiano, bajo la premisa de aliviar la carga económica de millones de motociclistas.
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El documento establece que la excepción aplicaría exclusivamente a motocicletas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), con licencia en la categoría correspondiente y con cilindraje igual o inferior a 250 cc.
Este punto no es menor: el proyecto no elimina el SOAT en general, sino que crea una excepción focalizada que, en la práctica, abarcaría una proporción significativa de las motos en circulación, dado que este rango de cilindraje corresponde al segmento más popular del mercado colombiano.
En su articulado, la iniciativa intenta anticipar uno de los principales cuestionamientos: cómo garantizar la atención de víctimas de accidentes de tránsito sin el respaldo del seguro obligatorio.
El texto propone que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Superintendencia Financiera, diseñe en un plazo de seis meses un esquema administrativo transitorio que permita reconocer y pagar las atenciones en salud derivadas de siniestros viales en los que participen motocicletas exceptuadas.
Este punto revela el núcleo del problema: el SOAT no es solo un requisito de tránsito, sino una fuente directa de financiación del sistema de atención de urgencias por accidentes.
De acuerdo con la normativa vigente, el SOAT garantiza la cobertura inmediata de víctimas, independientemente de la responsabilidad del accidente.
Su eliminación parcial implica trasladar ese costo a otras fuentes, principalmente al sistema de salud pública o a mecanismos que aún no están definidos en detalle en el proyecto.
La referencia explícita a la ADRES sugiere que el Gobierno tendría que asumir un rol más activo en la financiación, lo que abre interrogantes sobre sostenibilidad fiscal y riesgo de desfinanciamiento.
El proyecto también introduce reglas de control para evitar abusos. Por ejemplo, establece que la verificación del cilindraje y la clase del vehículo se hará con base en la información registrada en el RUNT y en la licencia de tránsito, y prevé que cualquier inconsistencia deberá ser corregida por el propietario.
Asimismo, contempla que la excepción se perderá automáticamente si la motocicleta es modificada para superar los 250 cc, obligando al usuario a actualizar su información antes de volver a circular.
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Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la propuesta se inserta en un contexto donde las motocicletas han adquirido un peso determinante en la movilidad del país.
Según cifras del RUNT y del Ministerio de Transporte, las motos representan más del 60 % del parque automotor en Colombia, y también concentran una alta proporción de la siniestralidad vial. Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han señalado de manera reiterada que los motociclistas son el grupo más vulnerable en accidentes de tránsito, tanto en número de víctimas como en gravedad de las lesiones.
Este panorama convierte la discusión en un asunto de política pública compleja. Por un lado, existe una presión social creciente por el costo del SOAT, que en los últimos años ha sido objeto de ajustes tarifarios, subsidios parciales y medidas contra el fraude.
Por otro, está la necesidad de garantizar la atención inmediata de víctimas, un principio que ha sustentado el sistema durante décadas.
La propuesta de Valencia intenta equilibrar ambos frentes mediante la creación de un régimen de transición y la definición de mecanismos de verificación, pero deja abiertos interrogantes clave: cuál será la fuente concreta de financiación, cómo se evitará la evasión o el subregistro, y qué impacto tendrá en la red hospitalaria, que ya enfrenta presiones presupuestales.
El artículo de vigencia del proyecto establece que la ley comenzaría a regir seis meses después de su promulgación, periodo en el que seguiría aplicándose el régimen actual.
Este margen busca dar tiempo a la reglamentación, aunque expertos en política pública suelen advertir que los cambios en sistemas de aseguramiento requieren desarrollos técnicos más amplios y pruebas piloto para evitar fallas estructurales.
El debate no es nuevo. En distintos momentos, gremios de motociclistas han solicitado revisiones al esquema del SOAT, argumentando que el costo no siempre corresponde a su capacidad de pago.
A su vez, el Estado ha identificado problemas como el fraude en reclamaciones y la evasión del seguro, lo que ha llevado a reformas parciales. Sin embargo, ninguna iniciativa previa había planteado una exclusión tan amplia basada en el cilindraje.
La propuesta de Paloma Valencia, en ese sentido, marca un punto de inflexión. No solo cuestiona la universalidad del seguro obligatorio, sino que traslada la discusión hacia el modelo de financiación de la atención de emergencias por accidentes de tránsito.
En un país donde la motocicleta es, para millones, una herramienta de trabajo y transporte esencial, el proyecto toca fibras económicas y sociales profundas.
A medida que avance su trámite en el Congreso, el debate probablemente se concentrará en la viabilidad fiscal, el impacto en la seguridad vial y la capacidad del Estado para reemplazar un mecanismo que, con todas sus falencias, ha garantizado durante años la atención inmediata de víctimas.
La discusión apenas comienza, pero ya anticipa una tensión de fondo entre alivio económico y responsabilidad colectiva frente a los riesgos de la movilidad.
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