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Abelardo de la Espriella denunció supuesta coacción armada en votación en favor de Iván Cepeda
El candidato de Defensores de la Patria exige garantías.
La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella informó que puso en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos documentación relacionada con presuntos hechos de coacción armada al sufragio en distintas regiones de Colombia.
La comunicación fue remitida al vicesecretario de Estado, Christopher Landau, junto con soportes técnicos que contrastan los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial con las alertas electorales emitidas por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la documentación remitida, en 109 municipios de Cauca, Chocó y Nariño el candidato oficialista superó el 70% de la votación analizada.
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De esos municipios, 100, equivalentes al 91,7%, coinciden con territorios clasificados dentro de niveles de riesgo electoral por presencia de estructuras armadas ilegales.
En algunos casos, las concentraciones electorales alcanzaron porcentajes superiores al 95%.
Se solicitó a las autoridades colombianas verificar con rigor si en estos territorios existieron amenazas, carnetización forzada, restricciones a la movilidad, presión sobre comunidades rurales o cualquier otra conducta orientada a alterar la libertad del voto.
Abelardo De La Espriella fue enfático:“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”.
“La documentación aportada no pretende reemplazar las investigaciones que corresponden a las autoridades ni anticipar responsabilidades penales. Su propósito es exigir que el Estado actúe antes de la segunda vuelta presidencial y garantice que ningún colombiano sea obligado a votar bajo la presión de un fusil”, señaló el comunicado.
Frente a la reacción de Iván Cepeda, de la Espriella afirmó: “Su reacción fue denunciarme por lo único que sale de su boca: ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida, Cepeda”.
“En plena contienda electoral, la democracia colombiana no puede quedar sometida al control territorial de organizaciones criminales ni a estructuras interesadas en prolongar una política que les ha permitido expandirse sin entregar las armas”, indicó la campaña.
La campaña solicitó además a la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la URIEL y las misiones de observación electoral reforzar de inmediato la vigilancia en los territorios identificados.
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