Fin de las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil: Lula ordena acabarlas y emite norma

Brasil, uno de los mercados que en pocos años convirtió las apuestas deportivas por internet en un negocio de miles de millones de reales, inició el camino para sacar del país a las llamadas “bets”.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 25 de septiembre de 2026 una medida provisional que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en todo el territorio brasileño, una decisión que comprende tanto las apuestas vinculadas con competencias deportivas como los casinos y juegos en línea.

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La determinación supone un cambio en la política que Brasil había construido alrededor de esta industria. Las apuestas de cuota fija habían sido legalizadas en 2018 y posteriormente quedaron sometidas a un proceso de regulación que avanzó durante el actual Gobierno.

Ahora, el Ejecutivo decidió pasar de la reglamentación a la prohibición y fijó un periodo de transición para desmontar las operaciones autorizadas, devolver a los usuarios el dinero que permanece en las plataformas y cerrar los sitios y aplicaciones.

La decisión quedó consignada en la Medida Provisional 1.394, del 25 de septiembre de 2026. El texto establece que quedan prohibidas en territorio brasileño la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las loterías de apuestas de cuota fija, independientemente de que funcionen en medios físicos o virtuales. La disposición también alcanza a operadores establecidos en el exterior cuando ofrezcan sus servicios a personas ubicadas en Brasil.

La prohibición comprende las apuestas sobre acontecimientos deportivos reales y los juegos virtuales en línea. La medida, sin embargo, no elimina las demás modalidades de lotería autorizadas por la legislación brasileña.

La decisión también alcanza las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas por los estados y el Distrito Federal. De esta manera, el Gobierno busca que la prohibición tenga aplicación nacional y no deje abierta la posibilidad de que las plataformas continúen funcionando mediante licencias expedidas por autoridades regionales.

El cambio tendrá efectos sobre una industria que se instaló en la vida cotidiana de millones de brasileños y que encontró en el fútbol una de sus principales vitrinas.

Nombres y logotipos de casas de apuestas pasaron a ocupar camisetas de clubes, transmisiones deportivas, estadios, programas de televisión, plataformas digitales y campañas protagonizadas por figuras del deporte y del entretenimiento.

El Gobierno estableció un cronograma para ejecutar la salida. Desde la publicación de la medida quedaron prohibidos los nuevos aportes de dinero a las plataformas.

Los apostadores disponen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar voluntariamente los recursos que tengan depositados. A partir del 6 de octubre, los sitios y aplicaciones de apuestas deberán salir del aire.

Entre el 7 y el 8 de octubre, las empresas tendrán que informar a las instituciones financieras los saldos que permanezcan en las cuentas de los usuarios, identificados por CPF, el registro fiscal individual utilizado en Brasil. Entre el 9 y el 14 de octubre, las entidades financieras deberán devolver esos recursos a los apostadores.

Si se presentan obstáculos para efectuar los pagos, la Caixa Econômica Federal recibirá los valores y se encargará de realizar la devolución.

El Gobierno anunció, además, que las plataformas que permanezcan operando después del plazo establecido serán consideradas ilegales y estarán sometidas a bloqueos y acciones para identificar los recursos que movilicen.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó que al momento de adoptarse la decisión funcionaban legalmente 85 empresas, que agrupaban alrededor de 180 marcas.

El Ejecutivo pretende utilizar la experiencia acumulada durante los últimos años para perseguir las plataformas clandestinas. Desde 2024, según las autoridades brasileñas, más de 60.000 páginas relacionadas con apuestas habían sido bloqueadas.

La fiscalización involucra organismos como los ministerios de Hacienda y Justicia, la Receita Federal, la Policía Federal y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel.

El Gobierno también anunció un proyecto de ley para reforzar las sanciones contra la explotación ilegal de apuestas y tipificar conductas relacionadas con esta actividad.

La ofensiva, por tanto, no se limita al cierre de los operadores que hasta ahora contaban con autorización, sino que contempla mecanismos contra las plataformas que intenten seguir captando jugadores desde Brasil una vez finalizado el periodo de transición.

La prohibición llega después de un crecimiento del negocio que transformó a Brasil en uno de los mercados relevantes para las compañías de apuestas.

Según cifras oficiales citadas por EFE, cerca de 25 millones de brasileños realizaron apuestas durante 2025 y movieron unos 220.600 millones de reales en apuestas deportivas y casinos en línea.

El sector había recorrido un camino diferente hasta ahora. Las apuestas deportivas de cuota fija fueron autorizadas en 2018, durante el Gobierno de Michel Temer.

Durante los años siguientes funcionaron sin un sistema regulatorio equivalente al tamaño que alcanzó el mercado. En 2023, ya durante el Gobierno de Lula, Brasil avanzó en su reglamentación y posteriormente concedió autorizaciones para que las compañías operaran legalmente y pagaran impuestos.

El Gobierno llegó a otorgar 85 autorizaciones por 30 millones de reales cada una, con permisos para explotar la actividad durante cinco años.

Según otros reportes durante los primeros 18 meses de funcionamiento regulado el sector registró ingresos por 57.100 millones de reales, calculados como la diferencia entre los depósitos efectuados y los premios pagados.

Pero mientras el negocio crecía, también aumentaron las alertas por el dinero destinado a las apuestas, el endeudamiento de los hogares y los casos de dependencia. Esa discusión terminó convirtiéndose en uno de los argumentos centrales del Gobierno para cambiar de dirección.

Tras la firma de la medida, Lula presentó la prohibición como una respuesta a los efectos que, según el Ejecutivo, las apuestas están causando sobre las familias.

El presidente calificó la determinación como una medida “dura y drástica” y comparó el problema generado por la dependencia de las apuestas con una enfermedad que debe ser enfrentada antes de que continúe avanzando.

El mandatario sostuvo que había escuchado a integrantes de su equipo económico, organizaciones sociales y ciudadanos antes de tomar la decisión.

También relató casos de personas afectadas por deudas y dependencia de los juegos de azar para explicar las razones que llevaron a su Gobierno a optar por la prohibición.

El Ministerio de Salud incorporó el problema dentro de su estrategia de atención. El Gobierno ha señalado la ludopatía como un asunto de salud pública y anunció que utilizará información disponible sobre frecuencia de apuestas y solicitudes de autoexclusión para identificar posibles casos de dependencia y ampliar la atención a través del Sistema Único de Saúde, SUS.

La medida también golpea una de las fuentes de financiación que más espacio ganó en el fútbol brasileño. Las empresas de apuestas se convirtieron en patrocinadoras de clubes y competiciones, mientras sus anuncios ocuparon espacios en las transmisiones de los partidos.

La reacción del fútbol formó parte de la discusión previa a la decisión. Clubes y organizaciones deportivas advirtieron sobre las consecuencias financieras de eliminar los contratos de patrocinio.

Lula respondió que el fútbol brasileño había alcanzado sus principales títulos antes de la expansión de las casas de apuestas y señaló que había recibido información según la cual estos patrocinios representaban entre el 6 % y el 7 % del presupuesto de un equipo.

El alcance sobre la publicidad también es amplio. La Medida Provisional 1.394 prohíbe las acciones de comunicación, publicidad, propaganda, mercadeo y patrocinio relacionadas con las apuestas de cuota fija en cualquier medio físico o digital.

El texto incluye los contenidos dirigidos al público brasileño que ofrezcan, promuevan, divulguen o faciliten el acceso a estas modalidades.

La industria había construido una presencia considerable en el mercado publicitario. Folha de S.Paulo informó, antes de la expedición de la medida, que las compañías del sector utilizaban como argumento los recursos destinados a publicidad y patrocinios para advertir sobre el impacto económico de una prohibición.

Según datos de Tunad citados por ese medio, las empresas invirtieron cerca de 1.400 millones de reales en publicidad durante 2025.

La decisión adoptada por Lula abre ahora otra etapa: la aplicación de la medida y su trámite político. Al tratarse de una medida provisional, tiene fuerza de ley desde su publicación, pero deberá ser examinada por el Congreso Nacional para mantener su vigencia.

Se señaló además que el texto necesita aprobación legislativa dentro del periodo constitucional correspondiente.

La determinación fue adoptada además en un momento político particular, a pocos días de las elecciones previstas para octubre de 2026.

Expertos situaron la medida dentro de ese contexto electoral, mientras sectores de oposición cuestionaron sus motivaciones.

El Gobierno, por su parte, fundamentó públicamente la decisión en los efectos sociales, sanitarios y financieros asociados al crecimiento de las apuestas.

Brasil pasa así, en menos de una década, de abrir legalmente la puerta a las apuestas deportivas a ordenar su salida.

Entre 2018 y 2026, las “bets” dejaron de ser un negocio incipiente para convertirse en patrocinadoras del fútbol, anunciantes de alcance nacional y plataformas utilizadas por millones de personas.

Ahora comienza el recorrido inverso. Los usuarios deberán recuperar sus saldos, las empresas tendrán que terminar sus operaciones, los anuncios desaparecerán y las autoridades deberán enfrentar el desafío de impedir que el mercado regulado sea sustituido por páginas clandestinas alojadas dentro o fuera de Brasil.

El 6 de octubre será una fecha decisiva en ese proceso. Desde ese día, según el cronograma anunciado por el Gobierno, las aplicaciones y páginas autorizadas deberán estar fuera del aire. Lo que hasta esta semana constituía una industria legal y regulada pasará a quedar bajo una prohibición nacional que modifica por completo el escenario de las apuestas deportivas y los juegos en línea en Brasil.

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