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Uriel Alberto Amaya, el juez que desafió al M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Su esfuerzo quedó sin efecto tras la amnistía otorgada en el proceso de paz que selló la impunidad del caso.

Toma del Palacio de Justicia 25
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 08/11/2025 - 10:21 Créditos: Toma del Palacio de Justicia. Tomada de Centro Nacional de Memoria Histórica

Cuatro décadas después de la tragedia del Palacio de Justicia, el país recuerda a Uriel Alberto Amaya, el único juez que intentó llevar ante los tribunales a la cúpula del M-19 por la sangrienta toma ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pese a su decisión judicial, el proceso quedó sin efecto tras la amnistía otorgada al grupo guerrillero en el acuerdo de paz firmado con el Estado en 1990.

Amaya, quien en 1989 se desempeñaba como juez 30 de instrucción criminal, lideró la investigación que buscaba establecer la responsabilidad de los guerrilleros y de miembros de las Fuerzas Militares por las 96 muertes reportadas oficialmente —a las que luego se sumaron los restos de seis desaparecidos—.

“Hubo un desmedido uso de la fuerza, desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio, incluyendo magistrados, personal de cafetería y dos guerrilleras, una de las cuales logró huir a México”, recordó Amaya en diálogo con Noticias Caracol.

El exjuez reconoció que, si bien la responsabilidad inicial recayó sobre el M-19 por haber irrumpido de manera violenta con más de 30 combatientes, la investigación también concluyó que varias muertes fueron causadas por el fuego de las propias autoridades. “Incluso algunos rehenes murieron por disparos de las Fuerzas Militares”, afirmó.

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Amaya subrayó que, pese a la gravedad de los hechos, la mayoría de los guerrilleros implicados murieron durante la retoma y los sobrevivientes fueron cobijados por la amnistía del proceso de paz, lo que impidió que se dictaran condenas.

“Como jueces determinamos responsabilidades tanto de la institucionalidad pública como de la guerrilla. Pero nada de eso tuvo efecto. El proceso de paz alteró la investigación y dejó sin justicia a las familias”, lamentó.

Cuarenta años después, el magistrado retirado considera que el país aún no ha saldado la deuda con las víctimas. “No ha habido compensación ni esclarecimiento de muchas desapariciones. Los familiares siguen esperando verdad y justicia”, concluyó.

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