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Quién es alias “Marlon”, el disidente vinculado a la masacre en Cauca y beneficiado en la política de paz
Masacre en la vía Panamericana: el historial criminal de alias “Marlon” y su paso por acercamientos con el Gobierno.
La identificación de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias “Marlon”, volvió a situarse en el centro del debate público tras ser señalado como uno de los principales responsables del atentado ocurrido el 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), que dejó al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.
El nombre de este cabecilla de las disidencias de las Farc no solo aparece vinculado a la reciente ofensiva armada en el suroccidente del país, sino también a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de la política de paz, que incluyeron la suspensión temporal de la orden de captura que pesaba en su contra.
De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición, la medida de suspensión fue solicitada por la Consejería Comisionada de Paz con el fin de permitir su eventual participación como representante de estructuras armadas en acercamientos con el Gobierno.
Este tipo de decisiones se enmarca en la estrategia de negociación impulsada por la actual administración, que ha buscado establecer diálogos simultáneos con distintos grupos armados ilegales.
Sin embargo, la suspensión perdió vigencia el 22 de abril de 2023, luego de que las autoridades concluyeran que el individuo no evidenciaba compromiso con el proceso.
Desde entonces, alias “Marlon” volvió a ser objetivo prioritario de las operaciones militares.
Señalamientos por el atentado en Cajibío
Las autoridades atribuyen a este cabecilla la coordinación del ataque con explosivos que impactó un bus de transporte público y varios vehículos en el sector conocido como El Túnel, sobre la vía Panamericana.
El hecho dejó inicialmente más de una decena de muertos, cifra que posteriormente ascendió a 20 víctimas, en su mayoría civiles, según reportes oficiales.
El presidente Gustavo Petro señaló que el atentado fue ejecutado por estructuras disidentes vinculadas a alias Iván Mordisco, y mencionó a alias “Marlon” como uno de los responsables directos.
El ataque se produjo en un contexto de incremento de la violencia en el suroccidente colombiano, donde la disputa por rutas del narcotráfico y el control territorial ha intensificado las acciones armadas contra la población civil y la infraestructura.
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Alias “Marlon” es considerado por el Ministerio de Defensa como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en Cauca y Valle del Cauca.
Las autoridades lo vinculan con delitos como homicidio, secuestro, narcotráfico, extorsión y reclutamiento de menores.
Además, sería el encargado de coordinar varias estructuras armadas que operan en el suroccidente del país, con influencia en corredores estratégicos para economías ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Su accionar ha sido relacionado con una serie de atentados recientes en municipios como Cali, Palmira y Cajibío, lo que llevó al Gobierno a reforzar la presencia militar en la región.
En respuesta a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura, considerada una de las más altas fijadas en el país.
El jefe de la cartera de Defensa lo calificó como uno de los objetivos prioritarios, al señalar que representa una amenaza para la seguridad en el suroccidente colombiano.
Contexto de la política de paz
El caso de alias “Marlon” se suma a las controversias alrededor de la política de paz impulsada por el Gobierno, especialmente frente a los mecanismos utilizados para facilitar acercamientos con actores armados.
Mientras el Ejecutivo ha defendido estas medidas como herramientas necesarias para abrir canales de diálogo, sectores políticos y analistas han cuestionado los resultados, en medio de un escenario marcado por el recrudecimiento de la violencia.
El atentado en la vía Panamericana, uno de los más letales contra civiles en los últimos años, ha reavivado el debate sobre la eficacia de dicha estrategia y el manejo de los beneficios concedidos a integrantes de organizaciones ilegales.
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