¿Quién es alias Araña? perfil del jefe narco cuya extradición frenó Gustavo Petro

Geovany Andrés Rojas, ampliamente conocido en el mundo del crimen organizado como alias Araña, se ha convertido en uno de los nombres más controversiales en la conversación pública sobre seguridad, justicia internacional y política de paz en Colombia.

Su historia combina décadas de violencia, crimen transnacional y negociaciones con el Estado colombiano, hasta llegar al punto en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos, solo para que el presidente Gustavo Petro decidiera suspenderla en el marco de su política de “paz total”.

Nacido en Cali, hace aproximadamente 44 años, Rojas ingresó al mundo delictivo desde muy joven en el sur de Colombia, región marcada por la presencia de grupos armados, narcotráfico y economías ilícitas que aprovecharon los vacíos del Estado tras décadas de conflicto armado.

Su carrera criminal se forjó en estructuras como La Constru, una organización nacida de antiguos paramilitares y excombatientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con el paso del tiempo, Rojas consolidó su liderazgo en los llamados Comandos de la Frontera, un grupo armado al margen de la ley y clasificado como Grupo Armado Organizado (GAO) con presencia estratégica en los departamentos de Putumayo y Caquetá, zonas clave para las rutas del narcotráfico en la región amazónica y fronteriza con Ecuador.

Bajo su mando, los Comandos de la Frontera operaron como una poderosa red criminal dedicada principalmente a la producción, transporte y exportación de cocaína, además de otras actividades delictivas como retenes armados ilegales, amenazas y asesinatos de líderes sociales, imposición de normas por la fuerza y control territorial mediante violencia sobre la población civil.

Aunque no existe un registro público completo de todas las masacres o secuestros atribuidos de manera directa a Araña, organizaciones de derechos humanos y autoridades han documentado que grupos como el que él lideraba han ejercido violencia generalizada, contribuido a desplazamientos forzados y participado indirectamente en reclutamiento de menores mediante presión y cooptación en zonas rurales, prácticas comunes entre estructuras armadas ilegales en regiones como el Putumayo.

La evolución de Araña desde combatiente en La Constru hasta jefe de los Comandos de la Frontera refleja la complejidad del fenómeno pos‑acuerdo de paz con las FARC: tras la desmovilización formal de esa guerrilla, surgieron disidencias que retomaron las armas y buscaron consolidar redes criminales bajo la apariencia de organización insurgente.

Los Comandos de la Frontera surgieron como una alianza entre disidentes de los antiguos Frentes 48 y 30 de las FARC y elementos de La Constru, e incluso se les adjudica el control de rutas de cocaína y alianzas con otras estructuras armadas ilegales, como parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una coalición de disidencias emergentes.

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El ascenso de Araña también estuvo marcado por la violencia interna: según reportes periodísticos, llegó a matar a su antecesor como líder del frente, conocido como Sinaloa, lo que consolidó su control sobre la organización y sus operaciones delictivas.

Bajo su mando, los Comandos de la Frontera impusieron toques de queda obligatorios, obligaron a la siembra de coca a agricultores locales y desafiaron la presencia estatal, exacerbando la inseguridad y la victimización de comunidades rurales.

El caso de Araña cobró proyección internacional cuando una Corte del Distrito Sur de California emitió una solicitud formal de extradición en su contra por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, acusándolo de coordinar envíos de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de rutas que pasan por Ecuador, México y Centroamérica.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló esta solicitud, encontrando que se cumplían los requisitos constitucionales para la entrega del líder criminal, a pesar de su participación en actuales procesos de paz

El episodio de la extradición coincide además con tensiones internas en la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de la cual los Comandos de la Frontera forman parte, así como con momentos de violencia, como la reciente acusación de que miembros de esta estructura habrían ordenado quemar a dos soldados durante una confrontación en la región del Putumayo, hechos que pusieron en riesgo la continuidad de las negociaciones.

Hasta ahora, aunque el enfoque gubernamental ha sido mantener abierta la puerta del proceso de paz y condicionar la extradición a la contribución de Araña a ese fin, no hay evidencia pública de que los crímenes más atroces atribuidos a su grupo —incluyendo homicidios masivos, secuestros o reclutamiento de menores— hayan sido procesados de forma integral en Colombia, ni de que se avance en la judicialización de estos hechos de manera autónoma al pedido estadounidense.

Lo que está claro es que el caso de Araña encarna la profunda tensión entre justicia, paz y seguridad en un país que lleva décadas intentando cerrar el largo capítulo de su guerra interna sin dejar impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y delitos transnacionales.

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