Presidente Petro señala ocupación en la Amazonía por parte del Gobierno de Perú: historia de un conflicto de 1932

El presidente, Gustavo Petro, hizo pública una acusación contra el Gobierno del Perú por una presunta infracción al tratado limítrofe vigente entre ambos países desde mediados del siglo XX.

Según expresó el mandatario, autoridades peruanas habrían ocupado un área comprendida dentro del territorio colombiano en la región de la Amazonía, en contradicción con lo dispuesto por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, tratado suscrito para poner fin al conflicto fronterizo que enfrentó a ambas naciones entre 1932 y 1933.

El pronunciamiento se produjo a través de una publicación realizada por el presidente Petro en su cuenta oficial en la red social X, donde manifestó que el territorio en cuestión se encuentra bajo jurisdicción colombiana de conformidad con lo pactado en el instrumento internacional que delimitó la frontera binacional.

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El mandatario afirmó que Perú habría transgredido los términos acordados al establecer presencia institucional en una franja del río Amazonas que corresponde, según su interpretación, a soberanía colombiana.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin al conflicto limítrofe. El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia se resolverá entre las partes”, señaló el presidente Petro en su mensaje.

La declaración reaviva un tema que, aunque zanjado formalmente desde la primera mitad del siglo XX, ha generado interpretaciones jurídicas diferenciadas sobre la cartografía del tramo fluvial delimitado.

Detalles del Protocolo

El Protocolo de Río de Janeiro es el tratado internacional que formalizó la paz entre Colombia y Perú después de un enfrentamiento armado que se originó por disputas limítrofes en la región del Trapecio Amazónico, una extensa zona selvática cuya soberanía fue motivo de controversia a comienzos del siglo XX.

Firmado el 24 de mayo de 1934 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, este instrumento jurídico puso fin a la llamada Guerra Colombo-Peruana, también conocida como la “guerra del Putumayo” o “conflicto de Leticia”.

El documento fue suscrito por los plenipotenciarios Alfredo Vásquez Cobo, por Colombia, y Víctor M. Maúrtua, por Perú, bajo la mediación del Gobierno de Brasil, país que desempeñó un papel clave como garante del proceso de conciliación.

El acuerdo fue adoptado tras un proceso de negociaciones diplomáticas en el que participaron también representantes de la Sociedad de Naciones, organismo multilateral precursor de las Naciones Unidas, que en ese momento intervenía como facilitador de conflictos entre Estados.

El origen del conflicto armado entre Colombia y Perú se remonta al 1.º de septiembre de 1932, cuando un grupo de civiles peruanos, en su mayoría comerciantes, ocupó la población colombiana de Leticia, ubicada en el departamento del Amazonas.

Esta acción fue motivada por inconformidades de sectores económicos peruanos que rechazaban el Tratado Salomón-Lozano de 1922, mediante el cual Perú había cedido a Colombia parte del territorio que antes controlaba en el sureste de su frontera.

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Aunque el tratado había sido ratificado por ambas partes, ciertos sectores peruanos lo consideraban lesivo para los intereses nacionales.

La toma de Leticia fue seguida por una respuesta militar del Estado colombiano que, bajo la presidencia de Enrique Olaya Herrera, envió tropas para recuperar el control de la zona. 

Durante varios meses se produjeron escaramuzas y tensiones en el área del río Putumayo, sin que se llegara a una guerra a gran escala. La muerte del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, el 30 de abril de 1933, marcó un punto de inflexión en el conflicto y facilitó la apertura de negociaciones de paz.

Como resultado de este proceso, el Protocolo de Río de Janeiro ratificó la validez del Tratado Salomón-Lozano de 1922, reconociendo la soberanía colombiana sobre Leticia y el Trapecio Amazónico.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la delimitación fronteriza mediante el criterio del “talweg” o línea de máxima profundidad navegable del río Amazonas, que se adoptó como límite natural entre ambos países en el sector fluvial.

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El tratado también incluyó disposiciones para la resolución pacífica de futuras diferencias por medios diplomáticos y el retorno de Leticia a control colombiano bajo supervisión internacional.

El Protocolo fue suscrito en una ceremonia oficial realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con la presencia del canciller brasileño Afrânio de Melo Franco como testigo de honor.

La mediación brasileña fue considerada fundamental para garantizar un desenlace pacífico del conflicto, evitando una guerra prolongada en la región amazónica, donde la geografía selvática y la débil presencia estatal complicaban el control efectivo del territorio.

El tratado fue posteriormente registrado ante la Sociedad de Naciones y se convirtió en uno de los acuerdos fronterizos más importantes del siglo XX en América Latina. Permitió a Colombia consolidar su salida al río Amazonas mediante el control del Trapecio Amazónico, una franja estratégica entre los ríos Putumayo y Amazonas, que conecta al país con las rutas fluviales del Brasil y el resto de la cuenca amazónica.

A pesar de su firma hace más de 90 años, el Protocolo de Río de Janeiro sigue siendo el instrumento vigente que define los límites entre Colombia y Perú en el área amazónica.

Sin embargo, en décadas posteriores han surgido interpretaciones diversas sobre algunos de sus términos, especialmente en lo relativo a la navegación fluvial, el uso de recursos y la ubicación exacta de la línea de frontera en ciertos tramos del río.

Estas diferencias han sido tratadas hasta ahora mediante mecanismos diplomáticos y comisiones bilaterales.

El Protocolo, además de su dimensión geopolítica, tuvo implicaciones para las comunidades indígenas y habitantes de la frontera, muchos de los cuales quedaron divididos por una línea internacional que, en la práctica, alteró dinámicas ancestrales de intercambio y movilidad en la región.

Su impacto en términos de desarrollo estatal, presencia institucional y control territorial se mantiene como objeto de análisis en estudios históricos, jurídicos y geográficos.

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