Dos dragoneantes del Inpec delataron cómo se orquestó la fiesta con Nelson Velásquez para divertir criminales

La Procuraduría General de la Nación informó nuevos avances dentro de la investigación disciplinaria que adelanta por la realización de una parranda vallenata en el establecimiento penitenciario y carcelario La Paz, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia, hecho registrado durante el mes de abril de 2026 y que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad y control al interior del centro de reclusión.

El proceso disciplinario está relacionado con la presentación de los cantantes Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada en el penal, un evento que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido promovido por personas privadas de la libertad.

La presencia de los artistas dentro de las instalaciones motivó la apertura de actuaciones por parte de los organismos de control para establecer cómo se autorizó el ingreso de los participantes y si se incumplieron los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Como parte de las diligencias adelantadas por la Procuraduría, dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aceptaron responsabilidad disciplinaria por irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones durante la jornada en la que se desarrolló la actividad musical.

El Ministerio Público confirmó que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David reconocieron las faltas que les fueron atribuidas dentro de la investigación, decisión que quedó incorporada al expediente disciplinario y que permitirá continuar con la siguiente fase del proceso prevista en la legislación aplicable.

Según la información suministrada por la Procuraduría, los hechos objeto de investigación ocurrieron el 8 de abril de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la presentación artística dentro del establecimiento penitenciario.

Durante esa jornada, los funcionarios admitieron que incumplieron procedimientos relacionados con los controles internos exigidos para el registro de novedades y el seguimiento de las actividades desarrolladas en el penal.

Dentro de las conductas aceptadas figura la omisión de las anotaciones que debían realizarse en los libros de minuta del centro penitenciario, documentos utilizados para dejar constancia de los movimientos, ingresos, novedades operativas y demás actuaciones relevantes que ocurren durante cada turno de vigilancia.

Para la Procuraduría, estos registros constituyen un elemento fundamental dentro de los mecanismos de control institucional, ya que permiten reconstruir los hechos ocurridos en un establecimiento carcelario y verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar la seguridad y el funcionamiento del centro de reclusión.

La aceptación de responsabilidad se produjo mediante la figura de la confesión prevista dentro del procedimiento disciplinario.

Con este mecanismo, los servidores públicos reconocen los hechos que les son atribuidos, lo que puede ser tenido en cuenta por la autoridad competente al momento de establecer la sanción correspondiente.

De acuerdo con las normas que regulan este procedimiento, quienes se acogen a la confesión pueden acceder a una disminución de hasta el 50 % de la sanción disciplinaria que eventualmente sea impuesta, siempre que se cumplan los requisitos previstos para la aplicación de dicho beneficio.

Con la aceptación de los cargos por parte de ambos funcionarios, la Procuraduría dio por concluida esta etapa de la actuación respecto de los dragoneantes y anunció que el expediente continuará hacia la fase de juzgamiento, en la cual se evaluarán las pruebas incorporadas al proceso y se determinará la responsabilidad disciplinaria definitiva.

El organismo de control indicó que cuenta con un término de 45 días para adoptar la decisión correspondiente dentro del proceso disciplinario, plazo durante el cual analizará los elementos de prueba, las manifestaciones realizadas por los investigados y las demás actuaciones practicadas durante la investigación.

Las sanciones que podrían imponerse dependerán de la valoración jurídica de las conductas aceptadas y de los demás elementos recaudados durante el proceso.

Entre las medidas contempladas por el régimen disciplinario para los servidores públicos se encuentran la suspensión del cargo, la destitución y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, de acuerdo con la gravedad de las faltas que sean establecidas.

No obstante, la Procuraduría precisó que el reconocimiento efectuado por los dos dragoneantes no pone fin a las actuaciones relacionadas con la totalidad de los hechos ocurridos durante la realización de la parranda vallenata.

El ente de control señaló que las investigaciones continúan con el propósito de establecer si existieron otras irregularidades durante la organización y desarrollo del evento, así como determinar la posible participación de más funcionarios del Inpec o de personas privadas de la libertad en la planeación, autorización o ejecución de las actividades que permitieron la realización de la presentación artística.

Las diligencias también buscan reconstruir la logística que hizo posible el ingreso de los artistas y de las personas que participaron en el evento, además de verificar si se incumplieron otros procedimientos internos relacionados con los controles de acceso, la seguridad del establecimiento y el manejo administrativo de las actividades desarrolladas al interior del penal.

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