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Efectos de la rebaja de la calificación de S&P a Colombia por primera vez desde 1993
Estas las afectaciones para la economía del país y otros aspectos.
Por primera vez desde 1993, Colombia desciende a una calificación BB-, un nivel que ni siquiera se alcanzó durante crisis económicas globales o choques internos.
La decisión de Standard & Poor’s refleja un deterioro estructural en las finanzas públicas y anticipa mayores costos para el Estado, las empresas y los hogares.
Colombia registró en abril de 2026 una nueva degradación en su calificación crediticia soberana al pasar de BB a BB- con perspectiva estable, según Standard & Poor’s (S&P).
Se trata del nivel más bajo en más de tres décadas, un hecho inédito incluso frente a episodios críticos como la crisis asiática de 1998, el colapso del sistema UPAC, la crisis financiera global de 2008, la caída del petróleo en 2015 o la pandemia de 2020.
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La rebaja no es un evento aislado. Es la continuación de una tendencia que comenzó con la pérdida del grado de inversión en 2021 y que se ha profundizado en los últimos años con sucesivas revisiones negativas de las principales calificadoras.
Las agencias calificadoras evalúan la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones financieras.
La categoría BB- se considera altamente especulativa, es decir, implica un mayor riesgo de incumplimiento en comparación con economías con grado de inversión.
S&P justificó la decisión en factores que se han vuelto persistentes:
Déficits fiscales elevados, aumento sostenido de la deuda pública, incertidumbre sobre la política fiscal, debilitamiento de la regla fiscal.
Según estimaciones citadas en los análisis, el déficit del Gobierno podría superar el 7 % del PIB, mientras que la deuda pública se mantendría por encima del 60 % del PIB en los próximos años, con un peso creciente del pago de intereses sobre el presupuesto nacional
La degradación tiene efectos concretos y casi inmediatos sobre la economía. Una menor calificación implica que los inversionistas perciben mayor riesgo, por lo que el país debe ofrecer tasas de interés más altas para financiarse en los mercados internacionales.
Esto impacta directamente la deuda del Gobierno, los créditos de las empresas y el acceso a financiamiento externo.
Al ubicarse en una categoría especulativa más baja, algunos fondos internacionales —especialmente aquellos que solo invierten en activos con grado de inversión— pueden retirarse del país.
Esto reduce la liquidez del mercado y presiona al alza las tasas de interés internas. El aumento del riesgo país ya venía siendo anticipado por el mercado, reflejado en el incremento de los rendimientos de los TES (bonos del Gobierno).
En la práctica, esto se traduce en créditos más caros, tanto hipotecarios como de consumo, menor inversión privada y una desaceleración económica.
A su vez, con mayores tasas, el Gobierno debe destinar más recursos al pago de intereses, lo que reduce el espacio disponible para inversión social, infraestructura o programas públicos.
El mercado ya lo había anticipado
Antes de la decisión formal de S&P, los mercados financieros ya reflejaban una mayor percepción de riesgo. Indicadores como el aumento en las tasas de los TES, el incremento del EMBI (prima de riesgo país) y la presión sobre el financiamiento externo mostraban que los inversionistas ya estaban exigiendo mayores rendimientos para prestarle a Colombia.
Esto coincide con advertencias de la calificadora sobre la pérdida de confianza de los inversionistas debido a la trayectoria fiscal del país.
Una diferencia clave frente al pasado
Uno de los elementos más llamativos de la rebaja es su carácter histórico.
Colombia logró mantener calificaciones superiores incluso en momentos de crisis severas. Hoy, sin un choque externo comparable, el país alcanza su nivel más bajo. Esto sugiere que el problema no es coyuntural, sino estructural, marcado por un crecimiento económico moderado, la presión del gasto público y las dificultades para consolidar las finanzas fiscales.
La calificación BB-, en la escala de Standard & Poor’s, ubica a los países dentro del rango “altamente especulativo”, es decir, economías que aún cumplen sus obligaciones, pero con una vulnerabilidad significativa frente a choques económicos o fiscales.
Actualmente, Colombia comparte este nivel con un grupo de economías emergentes y de ingreso medio que presentan debilidades estructurales similares.
Entre los países con calificación BB- (o equivalente cercano según S&P) se encuentran:
Armenia: su calificación responde a avances en crecimiento económico, pero con exposición a riesgos externos y geopolíticos.
Costa de Marfil (Côte d’Ivoire): presenta crecimiento sólido, pero con retos fiscales y dependencia de materias primas.
Jordania: su calificación está condicionada por altos niveles de deuda, presión fiscal y dependencia de ayuda externa.
Moldavia: enfrenta fragilidad económica, riesgos geopolíticos y limitaciones estructurales en su crecimiento.
Mongolia: ha logrado mejoras fiscales recientes, pero sigue siendo vulnerable a la volatilidad de los precios de materias primas.
Honduras y Macedonia del Norte: economías con estabilidad relativa, pero con bajo crecimiento potencial y debilidades institucionales.
El análisis comparado muestra que las economías ubicadas en BB- comparten patrones estructurales:
Déficits fiscales persistentes o dificultad para consolidar las cuentas públicas.
Niveles de deuda elevados o en aumento
Alta dependencia de factores externos (commodities, turismo o financiamiento internacional). Mayor vulnerabilidad a choques externos o políticos. Confianza limitada de los inversionistas internacionales.
En términos técnicos, esto implica que, aunque no están en riesgo inmediato de incumplimiento, sí enfrentan una capacidad más frágil para responder a crisis, lo que eleva el costo de financiamiento.
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