Atentan contra testigo clave en caso del profesor del Externado asesinado en paseo millonario en Bogotá

En la tarde de este miércoles 8 de abril se reanudó la audiencia reservada en la cual la Fiscalía General solicita la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cuatro personas por su presunta participación en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá a comienzos de este año.

En el marco del proceso judicial relacionado con el homicidio de un profesor de la Universidad Externado de Colombia, ocurrido tras un hecho de hurto bajo la modalidad conocida como “paseo millonario”, se conoció que una de las personas que habría aportado información determinante para la identificación de los presuntos responsables fue víctima de un atentado.

La situación ha generado solicitudes formales para reforzar los esquemas de protección tanto de los familiares de la víctima como de los funcionarios vinculados al caso.

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Las diligencias judiciales se desarrollan con restricciones de acceso al público, decisión adoptada por las autoridades competentes con el propósito de preservar la seguridad de los intervinientes en el proceso.

Esta medida se sustenta en la existencia de una fuente humana que proporcionó datos relevantes para ubicar a varios integrantes de una estructura delictiva dedicada a ejecutar robos mediante la referida modalidad en sectores del norte de Bogotá.

En este contexto, el abogado Juan David Bazzani Montoya, apoderado de la familia del docente fallecido, solicitó a las autoridades competentes la adopción de acciones adicionales orientadas a garantizar la integridad de las personas involucradas en el desarrollo del proceso.

A través de una comunicación pública difundida en la red social X, el jurista insistió en la necesidad de implementar mecanismos de protección para los familiares del profesor y para los servidores judiciales que intervienen en la investigación, señalando la gravedad de los hechos y los riesgos asociados.

El proceso judicial ha avanzado durante varias semanas con la presentación de elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Según lo expuesto por el ente acusador en las audiencias, existen indicios que permiten inferir la posible participación de Arnold Esteban Páez Herrera, conocido como alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

A estos cuatro procesados les fueron imputados los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, todos con circunstancias de agravación punitiva.

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Adicionalmente, se les atribuyó el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante las diligencias, los imputados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

En el desarrollo de la investigación, han salido a la luz detalles sobre la forma en que ocurrieron los hechos posteriores a la desaparición del docente.

Información revelada indicó que el cuerpo de la víctima habría sido incinerado por los presuntos responsables con el propósito de evitar su identificación y dificultar el avance de las autoridades.

Posteriormente, los restos habrían sido abandonados en una vía sin pavimentar ubicada en la vereda Los Soches, en un corredor que conecta la antigua vía al Llano con la nueva.

El mismo reporte señaló que los investigadores lograron acceder a registros audiovisuales que permiten reconstruir parte del recorrido del vehículo en el que se movilizaba el profesor el día de los hechos. 

Según dichos registros, el docente abordó un taxi en inmediaciones de la Clínica Country, en el norte de Bogotá, el 15 de enero. En las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, el vehículo queda parcialmente oculto por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), lo que habría dificultado su identificación inicial.

Otro de los elementos que ha cobrado relevancia dentro del expediente corresponde a la interceptación de comunicaciones entre los presuntos implicados.

En uno de estos registros, los interlocutores habrían reconocido que la situación se salió de control durante la ejecución del delito, lo cual es valorado por la Fiscalía como un indicio relevante para establecer la dinámica de los hechos y el grado de responsabilidad de los involucrados.

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