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Universidades privadas más afectadas por el impuesto al patrimonio: Externado, Javeriana, UPB y Andes lideran la lista

Golpe fiscal a las IES privadas: así quedará el pago del impuesto al patrimonio en 2026.

Universidad Externado 1
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 03/03/2026 - 07:52 Créditos: Universidad Externado de Colombia. Tomada de Universidad Externado

La noticia cayó como una señal de alerta en los rectorados de las instituciones privadas más robustas del país. El Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Los Andes encabezan la lista de entidades que deberán pagar las cifras más altas del nuevo impuesto al patrimonio, impuesto creado por el Decreto 0173 para atender la emergencia económica.

Solo estas cuatro instituciones aportarían más de 48 mil millones de pesos, según cálculos del Observatorio de la Universidad Colombiana, en un escenario que ha reabierto debates sobre la sostenibilidad financiera del sector privado y el trato diferencial frente a las universidades públicas.

La obligación tributaria, inédita para muchas de estas instituciones sin ánimo de lucro, surge de un cambio normativo que las ubica como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, pese a pertenecer al Régimen Tributario Especial.

La ausencia de una exclusión explícita en el decreto, como sí ocurrió con entidades de salud o intervenidas, terminó arrastrando a las IES privadas al campo de contribuyentes obligados a pagar.

Para los directivos, el contexto agrava el impacto: la demanda estudiantil se ha movido hacia la educación pública por la gratuidad, las dificultades del Icetex han reducido el acceso a financiación y no ha existido un programa estatal que atenúe el descenso en ingresos de matrículas.

Las cifras recopiladas por el Observatorio dimensionan el alcance de la medida. El patrimonio total del sector privado ronda los 27 billones de pesos, lo que generaría un recaudo cercano a 135 mil millones mediante una tarifa del 0,50 por ciento.

Este impuesto solo aplicará a las instituciones cuyo patrimonio líquido al 1 de marzo de 2026 supere las 20 mil UVT, es decir, los 10.474 millones de pesos.

En ese grupo están las universidades más grandes y antiguas del país, con portafolios amplios de inmuebles, sedes y activos de largo plazo.

Las proyecciones ubican al Externado con un pago aproximado de 23.500 millones; a la Javeriana con 9.100 millones; a la UPB con 8.200 millones; a Los Andes con 8.100 millones; y a instituciones como la Universidad de Medellín, Santiago de Cali, Santo Tomás, la Libre, la Católica de Colombia y EAFIT con desembolsos que oscilan entre 3.200 y 5.500 millones.

El cálculo del patrimonio líquido es, por ahora, el campo de batalla técnico. Aunque pueda confundirse con el activo neto, el decreto señala que debe partirse del patrimonio bruto menos todas las deudas vigentes.

En ese ejercicio, las instituciones cuentan con tres herramientas de depuración: la exclusión de acciones en sociedades nacionales, la reducción de valorizaciones para declarar inmuebles por su costo fiscal y no por avalúos comerciales, y la incorporación de deudas reales con soportes verificables.

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Las áreas financieras trabajan contrarreloj para ajustar cifras antes del 1 de abril, fecha de pago de la primera cuota; la segunda deberá cumplirse el 4 de mayo.

Pese a que algunas universidades muestran patrimonios elevados, los rectores insisten en que gran parte de esos activos no pueden convertirse en liquidez inmediata.

Varias IES han registrado pérdidas operacionales y advierten que la medida llega en un momento de estrechez. Sin embargo, la jurisprudencia es clara: la falta de liquidez no exime del pago de impuestos.

El Gobierno sostiene que una institución con patrimonio líquido alto tiene capacidad de endeudamiento suficiente para asumir la obligación.

Por ello, los caminos disponibles son pocos: solicitar créditos de tesorería, utilizar fondos pensados para infraestructura o tecnología o evaluar la venta de activos subutilizados, una alternativa difícil de ejecutar en semanas.

Mientras estudian posibles argumentos para llevar el caso a la Corte Constitucional, los rectorados asumen que, por ahora, la instrucción es cumplir.

El impuesto al patrimonio irrumpe en la planeación financiera del sistema privado en un momento particularmente complejo, obligando a las universidades a reorganizar presupuestos, ajustar inversiones y tomar decisiones aceleradas para enfrentar un tributo que nunca habían debido pagar.

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