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Supersalud impone medida cautelar al Fomag por fallas en servicios de salud a maestros
El Fondo del Magisterio tendrá hasta diciembre para corregir retrasos en pagos, entrega de medicamentos y gestión de reclamos, bajo supervisión estricta de la Superintendencia de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) implementar medidas urgentes para corregir deficiencias en la atención a los docentes. La entidad notificó la imposición de una medida cautelar, vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, que busca garantizar mejoras en la prestación de los servicios de salud.
De acuerdo con la resolución 2025310060008564-6, expedida el 23 de septiembre, el Consejo Directivo del Fomag deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles un plan de contingencia que contemple acciones verificables, cronogramas, responsables y recursos definidos. La medida también compromete a la Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo, a ejecutar dicho plan, presentar informes semanales y asegurar el flujo oportuno de los recursos.
Entre los hallazgos reportados por la Supersalud figuran reclamaciones en salud, demoras en los pagos a prestadores, problemas en la entrega de medicamentos y deficiencias en la gestión de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los afiliados.
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El vicepresidente de Fiduprevisora-Fomag, Aldo Enrique Cadena, señaló que el acompañamiento de la Superintendencia permitirá fortalecer el modelo de salud para los maestros y aseguró que varias de las fallas señaladas ya han sido superadas.
La entidad destacó avances recientes como la apertura de sedes exclusivas para urgencias y hospitalización, la consolidación de 1.181 puntos de dispensación de medicamentos, el pago de $3 billones a la red prestadora durante 2025 y la garantía de libre elección en atención primaria con más de 2.500 prestadores.
La Superintendencia subrayó que la medida es de carácter especial y provisional, y tiene como objetivo proteger de manera inmediata la vida y la integridad de los docentes y sus familias, además de asegurar la correcta administración de los recursos públicos destinados a su atención en salud.
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