Juliana Guerrero previa a imputación reaparece en elección de rector de la Universidad Popular del Cesar

La polémica funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez reapareció este lunes en la sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en la que fue elegido el nuevo rector de la institución para el periodo 2026-2030.

Su presencia se produjo un día antes de la imputación de cargos a la que está citada ante el Juzgado 25 de Control de Garantías de Bogotá a las 9am.

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De acuerdo con la información conocida, el Consejo Superior Universitario realizó una sesión que duró apenas ocho minutos y en la que se decidió designar como rector a Guillermo Andrés Echavarría Gil, quien asumirá la dirección de la universidad durante el periodo 2026-2030.

Según fuentes políticas regionales, Echavarría sería cercano al representante a la Cámara por el Cesar Alfredo “Ape” Cuello, dirigente conservador con amplia influencia en la política del departamento.

La participación de Guerrero en esta votación generó nuevas críticas debido a que, en paralelo, su trayectoria académica y su permanencia en cargos públicos han sido objeto de controversia y de procesos judiciales.

La sesión relámpago del Consejo Superior

La elección del nuevo rector de la UPC se realizó en el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución. Según la información disponible, la sesión en la que se tomó la decisión duró cerca de ocho minutos, tiempo en el que los miembros del consejo votaron y designaron al nuevo rector.

En esa instancia participa Juliana Guerrero como delegada de la Presidencia de la República, un cargo que ejerce ad honorem dentro del Consejo Superior de la universidad.

El Consejo Superior Universitario está integrado por representantes del Gobierno nacional, del gobernador del Cesar, de los docentes, de los estudiantes, de los egresados y del sector productivo. Entre sus funciones se encuentra precisamente la elección del rector.

La rapidez con la que se tomó la decisión y el contexto político que rodea a la universidad han despertado cuestionamientos en sectores estudiantiles y académicos.

Un contexto marcado por controversias

La reaparición pública de Guerrero ocurre en medio de múltiples polémicas que rodean su carrera política y académica.

Guerrero, quien saltó a la escena pública como dirigente estudiantil en la Universidad Popular del Cesar, fue designada posteriormente como delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior de esa institución.

Sin embargo, su nombramiento ha sido cuestionado por estudiantes y dirigentes políticos, que han pedido su retiro del cargo.

Entre los cuestionamientos más graves se encuentra la investigación sobre su título profesional.

Diversas denuncias indican que obtuvo el título de contadora pública en la Fundación Universitaria San José en un tiempo inusualmente corto y sin cumplir con requisitos obligatorios, como la presentación previa del examen Saber Pro.

La propia Guerrero ha reconocido que fue habilitada para graduarse sin haber presentado inicialmente esa prueba, aunque ha sostenido que posteriormente buscaría cumplir el requisito para despejar las dudas sobre su formación académica.

El proceso de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar ha sido históricamente un escenario de disputa política en la región.

Distintos informes han señalado que en el departamento del Cesar existe una fuerte influencia de clanes políticos sobre instituciones públicas, incluidas universidades. 

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En ese contexto, el representante a la Cámara Alfredo “Ape” Cuello es considerado uno de los dirigentes con mayor peso político en la región, con una trayectoria que se remonta a comienzos de la década del 2000 y con un caudal electoral significativo en el departamento.

La elección de un nuevo rector en una sesión breve y con la participación de una funcionaria cuestionada reavivó el debate sobre la autonomía universitaria y la influencia política en la educación superior pública.

Sectores estudiantiles han advertido que la universidad enfrenta un momento crítico y han pedido mayor transparencia en los procesos de elección de sus autoridades.

La aparición de Juliana Guerrero en la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar coincidió con un proceso penal que avanza en su contra.

La Fiscalía General de la Nación radicó ante la judicatura la solicitud de audiencia de imputación de cargos, relacionada con presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable en la Fundación Universitaria San José.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca determinar si los documentos académicos presentados por Guerrero fueron expedidos sin cumplir con los requisitos legales exigidos para graduarse.

Por estos hechos, el ente acusador anunció que le imputará los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, cargos que también cobijan al entonces secretario general de esa institución, Luis Carlos Gutiérrez.

El anuncio fue realizado por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, quien confirmó que el organismo investigador ya presentó la solicitud formal de imputación ante un juez de control de garantías.

En esa audiencia, prevista para este martes 10 de marzo de 2026, la Fiscalía expondría los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación y solicitaría, además, la imposición de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Guerrero mientras avanza el proceso penal.

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