Exrectores de la Universidad Nacional regresan al Consejo Superior tras fallo del Consejo de Estado

En una misiva enviada este 15 de octubre a la profesora María Fernanda Lara Díaz, secretaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, nueve exrectores de esa institución hicieron pública una solicitud formal: que se inicie el proceso mediante el cual los exrectores elegirán un nuevo representante ante ese órgano colegiado, luego de su renuncia colectiva temprana al cargo.

La carta, que retoma hechos declarados desde junio de 2024, reaviva la tensión entre instancias administrativas universitarias y exige claridad institucional sobre la legitimidad del rector actual.

En la carta, los firmantes recuerdan que “el pasado 10 de junio de 2024 … nos abstuvimos de formar parte del Consejo Superior Universitario” hasta que el Consejo de Estado se pronunciara de fondo sobre la legalidad del nombramiento del rector.

Explican que su representante, el profesor Ignacio Mantilla Prada, renunció ante la complejidad política generada tras la designación de José Ismael Peña Reyes como rector, un nombramiento que ellos reconocieron en ese momento, pero cuya legitimidad ha sido objeto de litigios.

La misiva también hace mención explícita de la sentencia del 4 de septiembre de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de nulidad contra el Acuerdo 05 del 21 de marzo de 2024, confirmando el actual rectorado de Peña Reyes. Con base en esa decisión, los exrectores exigen que el Consejo Superior abra de forma inmediata el mecanismo de elección de su representante.

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Este gesto no es aislado ni simbólico: representa un choque entre la institucionalidad universitaria y las dinámicas políticas externas que, según diversos sectores académicos, habrían politizado el gobierno de la universidad.

La prensa nacional reporta que, junto con los exrectores, renunciaron previamente al Consejo Superior otros representantes universitarios, como el profesor Diego Torres (docentes), la decana Verónica Botero y la secretaria general Amanda Mora, lo cual sugiere una crisis de gobernabilidad institucional.

Historia y perfil

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) es una institución pública de carácter nacional fundada mediante la Ley 66 del 22 de septiembre de 1867, durante la presidencia de Santos Acosta.

Esa ley creó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, marcando el inicio formal de su historia.

Actualmente, la UNAL ofrece 94 programas de pregrado —con cerca del 83 % acreditados de Alta Calidad— y 329 programas de posgrado (entre especializaciones, maestrías, doctorados y especialidades médicas), de los cuales aproximadamente 56 son doctorados, 152 maestrías, 83 especializaciones y 38 especialidades médicas.

Según el portal oficial de estadísticas de la UNAL, en 2025 la población estudiantil matriculada es de 54.889 estudiantes, de los cuales el 89 % (48.613) corresponden a pregrado, y el 11 % (6.276) a posgrado.

Esa cifra incluye estudiantes en admisión especial (9.209) y abarca las nueve sedes de la universidad.

En cuanto al número de docentes de planta, la universidad reporta una planta de 3.014 profesores, de los cuales el 62,8 % (1.893) ostentan grado de doctorado.

La UNAL se convierte con esas cifras en una de las universidades de mayor rango académico del país, no solo por su tamaño, sino por su perfil de investigación, calidad, acreditaciones y reconocimiento nacional e internacional.

Su carácter público, su extensión regional (sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Amazonía, Orinoquia, Pacífico y La Paz) y su fuerte papel en la génesis de conocimiento la han consolidado como “la mejor del país” en múltiples rankings y comparaciones institucionales.

Una de las razones de su prestigio es su elevada producción científica, la concentración de grupos de investigación (996 según estadísticas recientes) y su papel central en el tejido académico nacional.

También ha mantenido acreditaciones institucionales completas y sido frecuentemente líder en indicadores de calidad.

Para ingresar, los aspirantes a pregrado deben participar en un riguroso proceso de admisión que incluye inscripción, pago de derechos, presentación de la prueba de admisión en una fecha determinada (por ejemplo, en 2025 fue el 21 de septiembre) y alcanzar un puntaje mínimo que habilite la inscripción de un programa elegido.

Ese puntaje no garantiza el cupo, ya que la competencia es alta, dado que muchos más aspirantes que cupos se presentan.

La Universidad Nacional bajo el gobierno de Gustavo Petro

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, la educación superior ha sido uno de los ejes de su proyecto político. El gobierno ha anunciado una meta ambiciosa: crear 500.000 nuevos cupos en educación superior.

Las cifras oficiales reportan que entre 2022 y 2024 las matrículas totales en educación superior pasaron de 2.466.228 a 2.553.560 estudiantes, un incremento de alrededor de 87.332 nuevos matriculados.

Pero ese crecimiento está lejos de la meta propuesta, pues al cierre de 2024 apenas se habría alcanzado alrededor del 13 % (65.000) del objetivo global.

Críticos han cuestionado las declaraciones del presidente sobre la magnitud real de los nuevos cupos versus nuevos estudiantes, señalando que el Departamento Nacional de Planeación usa un indicador distinto al Ministerio de Educación.

Algunos analistas han destacado que el presidente ha exagerado la capacidad del sistema para absorber esa demanda, y que los recursos en financiamiento, infraestructura y calidad no han crecido al mismo ritmo.

Dentro de ese marco nacional, la Universidad Nacional ha experimentado efectos colaterales. En junio de 2024, la controversia por la elección de rector (Leopoldo Múnera contra versiones disidentes) fue interpretada por algunos sectores como una imposición política vinculada al gobierno central, lo que tensionó la autonomía universitaria.

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la carta de los exrectores, defendiendo que el nombramiento de rector se hizo en cumplimiento institucional y reclamando que no se politice la controversia.

Paralelamente, el gobierno ha impulsado la política de “matrícula cero” para beneficiarios de educación superior pública: hasta 108.000 jóvenes habrían accedido a esa gratuidad en los cuatro primeros años de su mandato, con inversiones estatales millonarias.

Esa política tiende a atraer más estudiantes, pero ha sido objeto de debates sobre su sostenibilidad presupuestal y su impacto en las universidades estatales, que ya operan con restricciones financieras.

En resumen, la UNAL no ha sido inmune al escenario político: las tensiones por la autonomía, el control del nombramiento de rector, la exigencia de legitimidad institucional y la presión sobre los organismos de gobierno universitario confluyen con los desafíos de gobernabilidad universitaria y coherencia académica.

La carta de los exrectores es un eslabón más en esa cadena de conflictos internos desencadenada en un momento en que el estado del sistema público universitario está sometido a fuertes tensiones fiscales, políticas y sociales.

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