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Escándalo en el Liceo Francés de Bogotá: denuncias, amenazas y millonario proyecto sacuden al colegio
La tradicional institución educativa, en su mayoría para estudiantes estrato seis, afronta crisis severa.
El Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá atraviesa una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. Lo que comenzó como desacuerdos administrativos alrededor de la gobernanza del colegio terminó convirtiéndose en un escándalo que involucra denuncias por presuntas irregularidades, amenazas, disputas por millonarios proyectos inmobiliarios y un abierto choque con el Estado francés.
La controversia señala que durante meses avanzó silenciosamente entre reuniones privadas, comunicados internos y versiones cruzadas entre padres de familia y directivos, estalló públicamente luego de que Caracol Radio revelara que Francia contempló retirar el respaldo académico y financiero que históricamente ha sostenido al tradicional colegio bogotano.
La situación puso bajo escrutinio las actuaciones del actual Consejo de Administración, liderado por Cecilia Urrutia, y abrió una profunda discusión sobre el futuro del modelo educativo francés en Colombia.
De acuerdo con información y confirmada por distintas fuentes cercanas al proceso, uno de los puntos de quiebre ocurrió en septiembre de 2022, cuando Maxime Prieto asumió formalmente como rector del Liceo Francés.
Poco después de llegar al cargo, Prieto frenó un proyecto urbanístico que buscaba desarrollarse en terrenos pertenecientes al colegio, ubicados en una de las zonas más valorizadas de Bogotá.
La iniciativa contemplaba la construcción de dos torres de apartamentos, además de locales comerciales y otras obras complementarias.
Aunque sus promotores defendían el proyecto argumentando que incluiría infraestructura para beneficio estudiantil, como una piscina olímpica, galerías y espacios múltiples, críticos de la propuesta advertían que también implicaba reducir áreas verdes y espacios abiertos utilizados por los estudiantes.
El debate adquirió una dimensión mayor debido a que el Liceo Francés opera bajo la figura de asociación sin ánimo de lucro y hace parte de la red educativa respaldada por Francia.
Según versiones conocidas, la decisión del rector de frenar el proyecto generó profundas divisiones internas y fuertes enfrentamientos con integrantes del Consejo de Administración.
El Liceo Francés Louis Pasteur es considerado uno de los establecimientos educativos más prestigiosos del país. En sus aulas coinciden hijos de figuras políticas, empresarios, magistrados y diplomáticos, junto con estudiantes beneficiados por subsidios y programas respaldados por el gobierno francés.
Ese modelo educativo mixto, defendido históricamente por Francia como una apuesta de integración social, quedó en el centro de la controversia luego de que comenzaran a circular versiones sobre una eventual “desconvención”, es decir, la ruptura del vínculo oficial entre el colegio y el sistema educativo francés.
Padres de familia consultados por medios nacionales aseguran que algunos sectores del Consejo de Administración impulsaban desde hace varios años la idea de desligar al colegio de Francia, lo que permitiría transformar el modelo de administración y abrir la puerta a nuevos negocios alrededor del terreno donde funciona la institución.
La crisis alcanzó un punto crítico cuando representantes del Ministerio de Educación de Francia y de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) sostuvieron reuniones extraordinarias con directivos del colegio y miembros del Consejo de Administración.
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Según se conoció Francia contempló suspender el convenio vigente con el Liceo debido a desacuerdos relacionados con la gobernanza de la institución y al incumplimiento de compromisos previamente adquiridos.
La eventual ruptura habría significado la pérdida de cerca de 10 millones de euros anuales que el Estado francés aporta para el funcionamiento del colegio.
Además del impacto económico, también se habría comprometido la continuidad del modelo pedagógico francés, la presencia de profesores enviados desde Francia y la posibilidad de que los estudiantes obtengan el prestigioso diploma del Baccalauréat.
El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, confirmó públicamente que durante seis meses no fue posible alcanzar acuerdos con el Consejo de Administración sobre reformas consideradas fundamentales por el gobierno francés.
Entre ellas, una mayor democratización en la elección de los miembros del consejo y la participación de Francia en decisiones estratégicas relacionadas con bienes inmuebles y cambios estatutarios.
En medio de la disputa comenzaron a circular versiones sobre supuestos hechos de corrupción atribuidos al rector Maxime Prieto.
Según denunciaron varios padres de familia, miembros del Consejo de Administración promovieron conversaciones privadas en las que se afirmaba que existían hallazgos graves contra el rector.
Sin embargo, hasta ahora no se conocen pruebas concluyentes ni investigaciones oficiales que acrediten dichas acusaciones.
De acuerdo con la información, el propio Consejo impulsó auditorías forenses cuyos resultados finalmente no habrían encontrado evidencia concluyente de corrupción, aunque sí observaciones administrativas sobre procesos internos.
La controversia escaló aún más cuando la Agencia Francesa para la Enseñanza en el Extranjero anunció la suspensión temporal de Prieto mientras se adelanta una revisión de la situación institucional del colegio.
Uno de los aspectos más cuestionados por padres de familia y autoridades francesas tiene relación con la composición y funcionamiento del Consejo de Administración.
Las críticas apuntan a una presunta concentración de poder alrededor de un reducido grupo de integrantes, varios de ellos exalumnos del mismo colegio y con vínculos personales entre sí.
También se cuestiona la permanencia de Cecilia Urrutia en el Consejo, pese a que algunos sectores consideran que excedería los límites temporales establecidos en los reglamentos internos.
Según las denuncias conocidas públicamente, su continuidad se habría mantenido mediante una representación de la Asociación de Padres de Alumnos (APA).
El asunto adquiere relevancia porque la APA tendría suspendida su personería jurídica desde diciembre de 2025 por incumplimientos relacionados con la entrega de estados financieros ante la Secretaría de Educación de Bogotá, según denuncias conocidas por medios de comunicación.
A esto se suman señalamientos sobre supuestos vetos a candidatos independientes que intentaron aspirar al Consejo de Administración, entre ellos Mauricio Olivera, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y actual directivo universitario. La confrontación interna derivó además en denuncias penales.
Incluso algunos miembros del Consejo de Administración enfrentan investigaciones relacionadas con un presunto fraude procesal luego de responder una tutela presentada por un padre de familia.
De acuerdo con la denuncia, el Consejo habría ordenado cancelar la matrícula del hijo del demandante y posteriormente negó haber tomado dicha decisión ante un juez. Sin embargo, pruebas posteriores habrían contradicho esa versión.
Paralelamente, varios padres denunciaron amenazas e intimidaciones relacionadas con sus posiciones críticas frente al manejo del colegio.
Algunas de esas denuncias ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Incluso, el embajador francés Sylvain Itté rechazó públicamente los ataques y amenazas dirigidas contra integrantes del Consejo de Administración, e hizo un llamado a manejar la situación con prudencia.
Mientras el conflicto continúa creciendo, decenas de padres de familia reclaman mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan el futuro del colegio.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de información oficial sobre las negociaciones adelantadas con Francia y sobre las auditorías internas realizadas.
Padres consultados afirman que muchas decisiones se han tomado sin consulta amplia a la comunidad educativa y exigen la convocatoria de una asamblea general que permita esclarecer lo ocurrido.
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