Supersolidaria advierte presunto desvío millonario en Coosalud

Un macroinforme de la Superintendencia de la Economía Solidaria reveló un presunto esquema de desvío y ocultamiento de recursos en la cooperativa Coosalud, que habría operado entre 2019 y 2025 mediante complejas maniobras financieras destinadas, según el documento, a ocultar obligaciones económicas del sistema de salud.

El informe, elaborado tras la intervención administrativa en la entidad, fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que se determinen posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de los hallazgos.

De acuerdo con el documento técnico, durante las auditorías se identificó una arquitectura financiera compleja mediante la cual la cooperativa habría trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de su EPS hacia la propia organización y otras estructuras relacionadas. Según la Supersolidaria, el objetivo habría sido ocultar deudas y modificar la presentación real de los pasivos.

Las investigaciones señalan que se realizaron operaciones sucesivas con clínicas y proveedores a través de compraventa de cartera, cesiones de obligaciones, uso de pagarés en blanco y estructuras fiduciarias. Estas transacciones habrían permitido convertir pasivos en registros contables presentados como inversiones o capitalizaciones, alterando la transparencia financiera de la organización.

Entre las cifras documentadas en el informe, se reportan presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55.000 millones de pesos provenientes de prestadores de salud. También se identificaron contratos que superan los 37.000 millones respaldados con pagarés en blanco, así como la creación de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con acreedores, cuyas transacciones podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos.

El macroinforme también advierte sobre procesos ejecutivos que superarían los 300.000 millones de pesos derivados de estas operaciones, lo que refleja la magnitud del presunto desvío y la complejidad de los mecanismos utilizados.

Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, que debía registrar cerca de 15.000 millones de pesos, pero que presenta un saldo significativamente inferior. Este hecho sugiere que dichos recursos habrían sido utilizados dentro de la estructura financiera señalada, lo que podría afectar directamente el patrimonio de los asociados.

En materia crediticia, el informe identifica un crédito por 221.000 millones de pesos, del cual una parte no presenta trazabilidad clara dentro de la cooperativa, mientras que otros montos habrían sido transferidos a terceros. Esta falta de claridad en los movimientos financieros dificulta la reconstrucción del destino final de los recursos.

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Tras conocerse el contenido del informe, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente y señaló a exintegrantes de la junta directiva de la cooperativa como responsables políticos del presunto desfalco.

“El señor Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos y los demás miembros de la junta de Coosalud deben responder por qué permitieron el desfalco de la EPS Coosalud”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

El jefe de Estado también cuestionó el destino de más de 300.000 millones de pesos que, según afirmó, corresponderían a recursos públicos. Además, recordó que fue sancionado por desacato tras negarse a retractarse de acusaciones previas relacionadas con este caso, pero insistió en que existen pruebas que deben ser evaluadas por las autoridades judiciales.

El caso ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá analizar los hallazgos técnicos y determinar si hubo irregularidades que afectaron recursos del sistema de salud y el patrimonio colectivo de los asociados.

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