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Ordenan arresto de Jorge Iván Ospina, gerente de Nueva EPS, por desacatar una tutela
Deberá pagar una multa superior a $5,2 millones.
El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, confirmó en segunda instancia la sanción de arresto contra Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor y gerente de la Nueva EPS, y contra Luis Carlos Velandia Cortés, gerente regional Centro Occidente encargado, por desacatar una tutela que ordenaba garantizar la atención integral de un menor diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.
Con esta decisión, quedó en firme una sanción de tres días de privación de la libertad y una multa de 434 Unidades de Valor Básico (UVB) para cada uno de los funcionarios, equivalente a aproximadamente $5.255.740 por persona.
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El juzgado concluyó que ambos responsables incumplieron la orden judicial pese a los múltiples requerimientos realizados durante el trámite del incidente de desacato, motivo por el cual decidió ratificar la sanción impuesta en primera instancia.
La decisión confirma el fallo emitido el pasado 23 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguadas, que había declarado en desacato al agente interventor de la Nueva EPS y al gerente regional Centro Occidente encargado por no cumplir la orden de garantizar la atención médica del menor.
El caso se originó en febrero de 2023, cuando un juez concedió una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida digna de un menor de edad. En esa oportunidad, la decisión judicial ordenó a la Nueva EPS brindar un tratamiento integral conforme a las necesidades clínicas del paciente.
La confirmación del arresto se conoció el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia ordenó al interventor de la Nueva EPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República presentar, en un plazo de 60 días, un plan de acción para cumplir de manera gradual las tutelas incumplidas por la entidad, dando prioridad a los pacientes que enfrentan un riesgo grave e inminente.
La decisión judicial representa un nuevo llamado de atención sobre el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces en materia de salud y sobre la responsabilidad de los directivos de las entidades prestadoras de garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos ordenados por la justicia.
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