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Las cifras que llevaron al Instituto Nacional de Cancerologia a suspender los servicios a la Nueva EPS
Reporte financiero y otros pormenores de la determinación.
El Instituto Nacional de Cancerología anunció la terminación definitiva de la prestación de servicios integrales de salud para pacientes afiliados a la Nueva EPS, aseguradora intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que no se lograra un acuerdo contractual ni de pago entre las partes.
Según la comunicación firmada por la directora general del Instituto, Carolina Wiesner Ceballos, el cierre definitivo de la atención se hará efectivo el 30 de abril de 2026, debido a que “no se logró establecer un acuerdo en las negociaciones contractuales”.
En otro comunicado, fechado el 28 de abril de 2026, la entidad precisó que, desde el 1 de mayo, no podrá recibir pacientes nuevos con cáncer afiliados a la Nueva EPS, aunque mantendrá sin restricción la atención de urgencias oncológicas las 24 horas y de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
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La decisión se produce en medio del agravamiento financiero y operativo de la mayor EPS del país. La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud mediante resolución del 3 de abril de 2024, medida que luego fue prorrogada por el propio Gobierno.
En la resolución de prórroga, la Supersalud recordó que el interventor tiene la guarda y administración de los bienes de la EPS y debe garantizar el aseguramiento y la prestación del servicio de salud a todos los afiliados.
El caso pone nuevamente bajo presión al sistema de salud, especialmente porque Nueva EPS concentra más de 11 millones de afiliados.
Se ha reportado que, para enero de 2026, el Gobierno tenía bajo control más del 64 % de los afiliados del sistema, con cerca de 34 millones de usuarios en EPS intervenidas, y que Nueva EPS lideraba ese grupo con más de 11,64 millones de personas.
La crisis financiera ya había sido advertida por la Contraloría. Según reportes basados en ese informe, la deuda y el déficit de Nueva EPS se duplicaron tras la intervención, y la entidad podría enfrentar inviabilidad estructural, con riesgo para millones de afiliados.
El informe también señaló problemas como deudas superiores a $21 billones, millones de facturas sin auditar y facturación duplicada, en medio de un choque entre el Gobierno y el órgano de control.
La situación quedó en evidencia con el caso de Kevin Arley Acosta, niño de siete años con hemofilia severa que murió en febrero de 2026 tras esperar medicamentos que debía suministrarle la Nueva EPS.
La Procuraduría concluyó que hubo negligencia y omisión por parte de la EPS, compulsó copias a la Fiscalía y abrió investigación contra el interventor de la entidad.
A ese caso se sumaron denuncias de organizaciones de pacientes, que llevaron incluso a una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunto incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación suficiente del sistema.
El propio presidente Petro ha hablado de un supuesto “saqueo” a la Nueva EPS y lo calificó como uno de los casos más graves de corrupción en el sector salud, señalando que habría estado asociado a decisiones de financiación política.
Sin embargo, la crisis actual también golpea directamente a la administración de la EPS durante la intervención estatal, en la que se han multiplicado las denuncias por falta de medicamentos, suspensión de servicios, deudas con clínicas y hospitales, y cambios reiterados de interventores.
En su comunicado, el Instituto Nacional de Cancerología sostuvo que ha hecho “todo lo posible” para encontrar una solución que permitiera la continuidad de los tratamientos, pero advirtió que la decisión no depende únicamente de sus directivas. También pidió a los afiliados de Nueva EPS comunicarse con la aseguradora para recibir información sobre la red donde deberán continuar su atención.
La ruptura entre Cancerología y Nueva EPS deja expuesto un punto crítico: la crisis financiera de la aseguradora ya no se limita a balances, deudas o informes de control fiscal.
Ahora impacta directamente a pacientes con enfermedades de alto costo, entre ellos personas con cáncer, que requieren continuidad, oportunidad y tratamientos especializados.
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