El desastre económico de la Nueva EPS tras la intervención del gobierno: pasivos suben a $26 billones

La intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, no ha logrado revertir los problemas estructurales de la entidad y, por el contrario, coincide con un deterioro significativo de sus indicadores financieros y operativos, según evidencian documentos oficiales y pronunciamientos de organismos de control.

La medida, adoptada con el propósito de estabilizar la aseguradora y garantizar la prestación de los servicios de salud a millones de afiliados, se ha extendido por más de dos años sin que se hayan superado las causas que la originaron. La situación ha sido objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la propia Superintendencia.

Uno de los hallazgos más relevantes es el crecimiento del rezago en el procesamiento de cuentas médicas. De acuerdo con la resolución de intervención, este pasó de $5,7 billones al inicio del proceso a $14,9 billones a diciembre de 2025, lo que representa más de 14 millones de facturas pendientes de trámite.

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Esta acumulación de cuentas sin procesar impide establecer con precisión el pasivo real de la entidad y compromete la confiabilidad de sus estados financieros.

La Contraloría ha advertido que el volumen total de facturas represadas podría superar los 20 millones, lo que refleja deficiencias estructurales en los sistemas de auditoría y gestión.

Otro de los aspectos críticos es el crecimiento de los anticipos girados a prestadores de servicios de salud. Según el documento oficial, estos recursos aumentaron un 115%, alcanzando cerca de $17,1 billones a noviembre de 2025.

El uso de anticipos sin la debida legalización ha sido identificado como un factor que distorsiona la realidad financiera de la EPS, al dificultar el seguimiento del destino de los recursos y afectar la transparencia en la contabilidad.

Las cuentas por pagar también presentan una tendencia creciente. La información financiera preliminar reportada a la Superintendencia indica que los pasivos aumentaron un 24%, al pasar de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025.

Este incremento está asociado a problemas persistentes en el procesamiento oportuno de cuentas médicas, la legalización de anticipos y la falta de estandarización en la evaluación de contratos con prestadores. Las fallas en estos procesos han impactado directamente la relación con la red hospitalaria y de proveedores.

Pese a las acciones implementadas durante la intervención, la Nueva EPS continúa enfrentando dificultades en la conciliación y depuración de cartera, así como en la consolidación de información financiera confiable.

La concentración de cuentas por cobrar en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que supera el 90% de la cartera, evidencia la dependencia de recursos públicos y la complejidad de su recuperación.

Los organismos de control han señalado que estas debilidades generan riesgos en la adecuada administración de los recursos del sistema de salud y afectan la calidad y continuidad de los servicios para los usuarios.

El deterioro de la situación financiera de la Nueva EPS también ha generado pronunciamientos en el Congreso de la República. El representante a la Cámara Andrés Forero se refirió a los resultados de la intervención en términos críticos: “La resolución de intervención de Nueva EPS es aterradora y muestra el desastre de lo que ha hecho el gobierno. 

En 2 años de intervención los pasivos crecieron 24% y llegaron a $26 B; los anticipos subieron 115% y llegaron a $17 B. El remedio salió mucho peor que la enfermedad”.

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