Suspenden fallo que restablecía derechos a Silvia Gette como rectora de la Autónoma del Caribe

El Juzgado Segundo Penal Municipal había fallado el 8 de abril a favor de Silvia Gette Ponce, al considerar que fue víctima dentro del proceso adelantado por la Fiscalía contra Ramsés Vargas Lamadrid y varios miembros del Consejo Directivo de la institución, por hechos ocurridos en 2013.

Este martes, el proceso de Silvia Gette Ponce tuvo una decisión judicial clave: Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla decidió suspender los efectos de la determinación adoptada el pasado 8 de abril por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de la ciudad que restablecía sus derechos para que asumiera de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

El despacho tomó esta decisión tras admitir una acción de tutela interpuesta por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, representante de víctimas del Ministerio de Educación Nacional, en contra del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías.

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El representante del ministerio expuso su desacuerdo argumentando que el “juez carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”.

En ese sentido, el despacho judicial acogió la acción de tutela y como medida provisional ordenó "la suspensión inmediata de todos los efectos de la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, en fecha 8 de abril de 2026, dentro del proceso bajo radicado 08001-61-25-724-2017-00782, hasta tanto no se resuelva de fondo la presente acción de tutela o, en su defecto, el recurso ordinario interpuesto contra dicha providencia”.

Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal Municipal había fallado el 8 de abril a favor de Silvia Gette Ponce, al considerar que fue víctima dentro del proceso adelantado por la Fiscalía contra Ramsés Vargas Lamadrid y varios miembros del Consejo Directivo de la institución, por hechos ocurridos en 2013.

Según ese proceso, se investiga una presunta manipulación de actas y estatutos que habría permitido a Vargas Lamadrid asumir la rectoría sin cumplir los requisitos exigidos, además de propiciar la salida definitiva de Gette Ponce del cargo.

Finalmente, Vargas Lamadrid y los demás directivos implicados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

La suspensión se produjo tras la admisión de una acción de tutela presentada por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, representante de víctimas del Ministerio de Educación Nacional, quien cuestionó la competencia del juez que emitió la decisión inicial.

Según el recurso, el despacho judicial “carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”, argumento que fue acogido de manera preliminar por el Juzgado 16 Penal del Circuito.

Como medida provisional, el juez ordenó la “suspensión inmediata de todos los efectos” del fallo del 8 de abril, hasta tanto se resuelva de fondo la tutela o los recursos ordinarios interpuestos contra esa providencia.

La decisión ahora suspendida había concluido que Silvia Gette fue apartada de la rectoría en medio de actuaciones contrarias a los estatutos de la universidad, por lo que debía restablecerse su condición como rectora en propiedad.

En ese pronunciamiento, el juzgado consideró que el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid en 2013 estuvo viciado por irregularidades, entre ellas inconsistencias en actas del consejo directivo que habrían servido como soporte para su designación.

El litigio tiene como eje los hechos ocurridos hace más de una década, cuando se produjo el cambio en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

De acuerdo con la investigación, la designación de Ramsés Vargas habría desconocido los estatutos internos, que establecían que el vicerrector debía asumir el cargo en ausencia de la rectora titular.

La Fiscalía sostiene que, en lugar de seguir ese procedimiento, se habría realizado una elección irregular mediante la manipulación de documentos y decisiones del consejo directivo.

Por estos hechos, el ente acusador imputó cargos por fraude procesal y falsedad en documento privado a Vargas Lamadrid y a varios integrantes del órgano directivo de la época.

Los implicados no aceptaron los cargos y el proceso continúa en etapa judicial.

El expediente también incluye a la propia universidad como presunta víctima, junto con Silvia Gette, quien ha sostenido que su salida del cargo fue ilegal.

En paralelo, el caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos administrativos y judiciales alrededor de la institución durante esa época, así como de investigaciones sobre el manejo de sus recursos y decisiones internas.

Con la suspensión decretada este 14 de abril, el eventual retorno de Gette a la rectoría queda en suspenso mientras se resuelve la acción de tutela.

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