Salud

Decisión de Tribunal del Atlántico que enreda a Ulahy Beltrán superintendente nacional de salud

Declara nulidad del contrato entre Hospital Cari que dirigió el funcionario y el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe. Más de medio billón de pesos en juego.

Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 09/07/2023 - 10:26 Créditos: Foto: Confival

El Tribunal Administrativo del Atlántico decretó la nulidad absoluta del Contrato 690 firmado el 27 de diciembre de 2019 entre el Hospital Universitario Cari ESE, que se encuentra actualmente en liquidación, y el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe. 

Esta decisión llegó como respuesta a una demanda de $646 mil millones que el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe había presentado contra la Gobernación del Atlántico y la ESE Cari por supuesto incumplimiento de contrato.

El fallo del Tribunal se basó principalmente en dos aspectos. Primero, la "falta de competencia del gerente de la ESE" para celebrar dicho contrato sin la autorización de la junta directiva. 

El Tribunal no encontró ninguna evidencia que mostrara que el gerente en ese momento, Ulahy Beltrán, haya solicitado tal autorización a la junta directiva del hospital.

Además, el Tribunal dictaminó que el contrato se adelantó sin respetar el reglamento interno de contratación, lo que se considera una violación de las normas jurídicas de orden público, algunas de las cuales están consagradas como principios constitucionales, como la legalidad y la moralidad administrativa.

El 16 de agosto de 2019, la junta directiva aprobó el inicio de un proceso de selección para la elección de un operador especializado en ofertar servicios de alta complejidad, ejecutar inversiones y administrar la entidad de salud para su recuperación y saneamiento de pasivos. Esta decisión se tomó a raíz de un estudio previo que apuntaba a la necesidad de contar con un operador único.

En el proceso de selección, solo se presentó una propuesta, la de la Unión Temporal Gestor Hospitalario del Caribe, integrada por diversas entidades de salud y farmacéuticas. Sin embargo, en medio de observaciones de la Procuraduría y fuertes cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad, el proceso fue declarado desierto en la primera semana de diciembre de ese año.

Cuatro días antes de finalizar el año, Ulahy Beltrán López, gerente del hospital en ese momento, inició el proceso de contratación directa del operador especializado, adjudicándolo al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe.

Tras la llegada de Elsa Noguera al gobierno en enero de 2020, se iniciaron una serie de actuaciones administrativas para revisar el contrato y tomar una decisión que permitiera rescatar la entidad de los problemas financieros que enfrentaba.

Aun así, la Secretaría Distrital de Salud ordenó el cierre de la habilitación de los servicios por falta de garantías en los estándares de calidad y la incapacidad para prestar los servicios de salud ofertados. La decisión también se tomó en base a la falta de consideración del plan de reapertura y habilitación de los servicios presentado por el consorcio.

La Secretaría de Salud Departamental tomó control de la sede de alta complejidad del Cari en la segunda semana de febrero. Posteriormente, se suspendió la ejecución del contrato y, finalmente, tras un proceso de un año, en diciembre de 2021 se comunicó al consorcio la terminación del contrato.

Como resultado de estos acontecimientos, en febrero de 2022, el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe presentó una demanda contra el Hospital Universitario Cari ESE en liquidación y la Gobernación del Atlántico. En respuesta, el Hospital Cari presentó una contrademanda que fue admitida por el Tribunal en junio de 2022.

El 6 de julio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico falló a favor del Hospital Cari ESE. Este proceso ahora pasa al Consejo de Estado si el consorcio decide presentar una apelación; de lo contrario, se archiva el expediente.

Tras el fallo, la secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, expresó su satisfacción con los resultados. Manifestó que el Tribunal respaldó las actuaciones administrativas y de ley en este caso, y reafirmó que actuó en derecho para proteger los recursos del Estado y la salud de los atlanticenses. 

Agregó que, si la administración departamental no hubiera actuado como lo hizo, no hubiera sido posible la transformación de la salud en el Atlántico, que incluye la modernización de la infraestructura hospitalaria y el pago de los pasivos laborales.

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