Víctimas cavaron su tumba: detalles de la masacre de líderes en Guaviare

La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, con los cuerpos de ocho personas que fueron ejecutadas presuntamente por miembros del Frente Primero de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho, ocurrido a comienzos de abril de 2025, ha sido atribuido a una estructura bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Según el reporte oficial entregado por el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, los fallecidos eran en su mayoría líderes comunitarios y religiosos que habían llegado a la zona procedentes del departamento de Arauca.

Los cuerpos fueron encontrados tras una serie de labores investigativas que se desencadenaron por la captura de un integrante de la organización ilegal, a quien se le incautó un teléfono celular con imágenes que registraban momentos previos y posteriores a las muertes.

En entrevista radial, el fiscal González sostuvo que los autores materiales del crimen obligaron a las víctimas a cavar la fosa donde posteriormente serían enterradas.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los presuntos responsables tomaron la decisión de ejecutar a los ocho individuos tras acusarlos de mantener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un señalamiento que hasta el momento no cuenta con evidencia sustentable.

“La investigación no ha identificado ningún tipo de pertenencia o relación entre estas personas y estructuras armadas ilegales distintas a quienes los victimaron. Todo apunta a una acusación basada en prejuicios por su lugar de origen, ya que eran personas de Arauca, región donde el ELN tiene fuerte presencia”, manifestó el fiscal.

Las víctimas fueron identificadas por sus allegados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

Según información recabada por los investigadores, varios de ellos ejercían liderazgo en procesos agrícolas comunitarios, actividades religiosas y organización de proyectos de subsistencia rural. Uno de ellos era pastor evangélico y, de acuerdo con la Fiscalía, ejercía un rol destacado en espacios sociales, sin pertenecer a ninguna congregación de alcance nacional.

La secuencia de los hechos fue reconstruida a partir del testimonio de testigos y el análisis del contenido del teléfono incautado. Dos de las víctimas fueron citadas a una reunión en la vereda Agua Bonita Media a comienzos de abril, bajo la promesa de resolver dudas sobre su presencia en la región.

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Posteriormente, otros seis ciudadanos fueron llamados bajo el mismo argumento. Durante el encuentro, todos fueron retenidos, interrogados y finalmente ejecutados con armas de fuego.

La ubicación de la fosa se logró gracias a imágenes encontradas en el dispositivo móvil del presunto integrante capturado. Las fotos muestran a las víctimas con vida y, posteriormente, los cuerpos sin vida y cubiertos parcialmente por tierra. La evidencia fotográfica permitió a los equipos forenses determinar la zona exacta del entierro.

“La cadena de mando del Frente Primero es la que estaría detrás de la decisión de ejecutar a estas personas. Se presume que el entorno inmediato de alias ‘Iván Mordisco’ fue informado o participó en el proceso, aunque aún no se ha establecido su involucramiento directo”, explicó González.

Calamar, municipio en el suroriente del país, ha sido escenario recurrente de disputas entre organizaciones armadas ilegales, particularmente aquellas que surgieron tras el proceso de desmovilización de las FARC.

Las disidencias mantienen estructuras de control territorial, implementan retenes informales, realizan censos no autorizados e imponen normativas internas sobre la movilidad de personas, especialmente de aquellas que consideran ajenas a su estructura o influencia.

La Fiscalía y otras autoridades han identificado en este caso un patrón de actuación que podría repetirse en otras regiones con características similares. El fiscal González señaló que esta clase de ejecuciones forman parte de una estrategia interna de prevención armada frente a posibles infiltraciones, amparada en métodos de vigilancia y control extremo sobre quienes ingresan a zonas dominadas por estas facciones.

Actualmente, los equipos del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelantan labores de exhumación, verificación de identidad y entrega digna de los cuerpos a sus familiares. Paralelamente, continúa la judicialización de los capturados y la identificación de otros posibles responsables.

González reconoció durante su intervención que las instituciones encargadas de garantizar la protección de la vida civil presentan deficiencias estructurales en zonas como Guaviare, donde la ausencia estatal facilita el accionar de grupos armados. “Las alertas tempranas deben ser tomadas con más rigor. Lo sucedido evidencia un fallo que se traduce en pérdida de vidas”, afirmó.

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