Tierreros se apropiaron de 700 hectáreas del Ejército en Tolima y Cundinamarca: revelan red de corrupción

Una extensa red dedicada al acaparamiento y comercialización ilegal de tierras se habría apropiado durante décadas de al menos 700 hectáreas de predios estratégicos pertenecientes al Ejército Nacional en los municipios de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca.

Así lo reveló una investigación de Noticias Caracol, que expuso un entramado de ocupaciones, ventas irregulares y construcciones de lujo en terrenos fiscales destinados históricamente a operaciones militares.

La denuncia pone en evidencia uno de los mayores conflictos sobre bienes de la Nación en el centro del país y salpica a presuntos intermediarios de tierras, funcionarios públicos, exintegrantes de las Fuerzas Militares y personas vinculadas a oficinas de registro y administraciones municipales.

De acuerdo con el informe, los predios afectados hacen parte del área de influencia del fuerte militar de Tolemaida, considerado uno de los complejos militares más importantes de Colombia y sede del Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo y otros centros estratégicos de formación y operaciones del Ejército.

La investigación advierte que las ocupaciones no habrían sido hechos aislados ni invasiones espontáneas, sino un proceso ejecutado de manera “sistemática, calculada y orquestada”, que con el paso de los años permitió la fragmentación y comercialización de extensas zonas pertenecientes al Estado.

En varias de las tierras reclamadas por la Nación hoy existen condominios, casasquintas, explotaciones agrícolas, piscinas y fincas de recreo de alto valor comercial.

Los investigadores identificaron ocupaciones en predios como Berlín, La Cajita, San José, La Calera, Resaca y Sumapaz, propiedades adquiridas por el Estado desde 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla para consolidar el complejo militar de Tolemaida.

Según documentos conocidos por Noticias Caracol, existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran tener derechos sobre terrenos que jurídicamente serían propiedad de la Nación.

El Ministerio de Defensa teme que, ante la ausencia histórica de una defensa jurídica sólida, parte de estos bienes puedan perderse definitivamente mediante decisiones administrativas o judiciales.

Uno de los encargados de documentar el caso es Jorge Iván Reyes Barrera, abogado de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, quien ha liderado labores de verificación de linderos y recuperación de predios.

Durante un recorrido realizado por el predio Sumapaz, en Nilo, Reyes explicó que durante años redes de vendedores ilegales ofrecieron lotes dentro de terrenos militares a familias que desconocían el origen fiscal de esas tierras.

“Los tierreros llegaban, ofrecían los lotes, parcelaban y engañaban a familias enteras”, aseguró el funcionario en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

En varios casos, las autoridades terminaron adelantando desalojos de personas que afirmaban haber comprado de buena fe.

La situación también despertó preocupación dentro de las Fuerzas Militares por el impacto sobre la seguridad del fuerte de Tolemaida, considerado una instalación estratégica para las operaciones del Ejército colombiano.

Las investigaciones indican que en inmediaciones de pistas aéreas, zonas de entrenamiento y corredores militares hoy existen asentamientos humanos, vías de acceso improvisadas y terrenos en proceso de comercialización.

Aunque el acceso principal al fuerte militar cuenta con estrictos controles, existen otros ingresos por sectores rurales que conectan directamente con áreas habitadas por cientos de personas.

El comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, reconoció que el problema se remonta a varias décadas y admitió fallas históricas en la protección de los predios militares.

Según explicó, actualmente se adelanta un proceso de georreferenciación y caracterización de las tierras ocupadas irregularmente, además de un censo de las personas asentadas dentro o alrededor de los terrenos reclamados por la Nación.

El oficial aseguró que se reforzaron las labores de vigilancia, inteligencia y patrullaje permanente en la zona para evitar nuevas ocupaciones y proteger instalaciones sensibles.

Tolemaida ha sido históricamente uno de los complejos militares más relevantes del país. Allí funcionan centros especializados de entrenamiento de combate y unidades tácticas del Ejército. Además, por su ubicación estratégica entre Tolima y Cundinamarca, el fuerte ha sido pieza clave en operaciones militares nacionales.

La investigación interna del Ministerio de Defensa también apunta a presuntas filtraciones de información privilegiada y a posibles actos de corrupción dentro de entidades públicas.

Algunos de los ocupantes o beneficiarios de los predios serían exmilitares, antiguos funcionarios y personas vinculadas históricamente a administraciones locales.

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Para los investigadores, el problema no solo obedeció a invasiones ilegales, sino también a décadas de abandono institucional.

“La corrupción aquí no se mide únicamente por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer”, sostuvo Reyes.
Según el informe, durante años no existieron controles efectivos sobre los terrenos ni acciones judiciales contundentes para impedir las ocupaciones o responder oportunamente las demandas de particulares.

El inspector de convivencia de Melgar, Edwin Leonardo Peña Navarro, aseguró que en numerosos procesos el Estado ni siquiera comparecía a diligencias judiciales o policivas, situación que terminó favoreciendo a ocupantes y reclamantes.

Peña también advirtió que en distintas audiencias surgieron testimonios sobre presuntas actuaciones irregulares de miembros del Ejército y exfuncionarios que habrían facilitado ingresos y ocupaciones de terrenos fiscales.

Debido a amenazas recibidas por sus actuaciones en estos procesos, el funcionario actualmente cuenta con esquema de seguridad.

Entre las personas afectadas aparecen familias desplazadas y campesinos que aseguran haber comprado terrenos creyendo que eran legales.

Uno de ellos es Héctor Arnulfo González, quien relató haber entregado su vehículo y 21 millones de pesos luego de encontrar una oferta de venta en Facebook. Tiempo después descubrió que el lote hacía parte de predios militares.

“Si el Estado no cuida sus tierras, otros terminan ocupándolas”, afirmó el campesino, quien aseguró sentirse engañado y cuestionó la falta de control sobre los bienes fiscales.

Las autoridades buscan ahora establecer quiénes figuran formalmente como propietarios de las construcciones levantadas en sectores como Resaca, sobre la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá, donde abundan casas de recreo y propiedades de lujo.

La revisión incluye escrituras, licencias de construcción, registros catastrales y posibles actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

“No es tolerable”: ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como un grave caso de corrupción que compromete bienes estratégicos de la Nación y afecta directamente la seguridad nacional.

“No es tolerable para nada. Si se siguen permitiendo las mismas prácticas, aquí le van a robar al Estado en sus propias narices y no va a pasar absolutamente nada”, afirmó el funcionario.

Sánchez señaló que algunas personas habrían adquirido o arrendado propiedades sin conocer el origen irregular de los terrenos.

“Uno encuentra personas, incluso figuras públicas, actores o presentadores, que compraron o alquilaron fincas allá probablemente sin saber que estaban involucradas en una situación ilegal. Pero por debajo yace un problema grave de corrupción”, indicó.

Actualmente avanzan decenas de querellas policivas y procesos judiciales en Melgar y Nilo mientras el Ministerio de Defensa intenta recuperar terrenos que, según las investigaciones, fueron parcelados y comercializados ilegalmente durante décadas.

El caso se suma a otras controversias recientes relacionadas con el fuerte militar de Tolemaida y operaciones dentro del sector Defensa, escenario que en los últimos años ha sido mencionado en investigaciones por presuntas irregularidades contractuales y hechos bajo indagación judicial.

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