Reclutamiento de menores se dispara en Colombia: aumento del 300% en cinco años

El reclutamiento de menores de edad en Colombia registra un preocupante incremento en los últimos años, acompañado de nuevas estrategias utilizadas por grupos armados ilegales para atraer a niños y adolescentes a sus filas.

Según cifras de Unicef, el fenómeno ha crecido un 300% en los últimos cinco años y, solo en 2024, en promedio, un menor fue reclutado cada 20 horas en el país. La organización advirtió que esta práctica no solo expone a los niños a la violencia directa, sino que deja secuelas profundas en su desarrollo y en sus entornos familiares.

La representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de protección, al señalar que los menores también son víctimas de delitos como violencia sexual y otras graves vulneraciones de derechos dentro de estas estructuras.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, las cifras han seguido en aumento. Datos citados por el concejal Julián Rodríguez Sastoque indican que entre 2017 y 2025 se registraron 2.949 casos de reclutamiento, con un incremento sostenido en la atención a víctimas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que pasó de 220 casos en 2022 a 420 en 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, 2024 fue el año con mayor número de denuncias en los últimos ocho años, con 604 reportes, superando ampliamente el promedio anual de 343 casos entre 2017 y 2024.

Las regiones más afectadas continúan siendo Cauca, Nariño y Antioquia, aunque el fenómeno ya no se limita a zonas rurales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el reclutamiento también ha aumentado en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Buenaventura, impulsado por alianzas entre grupos armados y organizaciones criminales.

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Uno de los cambios más alarmantes es la transformación en las modalidades de captación. Organizaciones sociales han documentado cómo los grupos armados ahora utilizan redes sociales como TikTok, donde difunden contenidos que simulan ofertas de empleo para atraer a jóvenes. También se han identificado estrategias de acercamiento en colegios, espacios deportivos y entornos comunitarios.

Testimonios recogidos por la CIDH evidencian casos en los que menores reciben ofertas económicas directas para apoyar a sus familias, lo que, sumado a la pobreza y la falta de oportunidades, facilita su vinculación. En otros escenarios, los grupos optan por mantener a los menores en zonas urbanas para ejercer control territorial a través de ellos, en lugar de trasladarlos a campamentos rurales como ocurría anteriormente.

El impacto es aún más grave en comunidades vulnerables. Según el Registro Único de Víctimas, el 25% de los menores afectados pertenece a pueblos indígenas y el 14% a comunidades afrodescendientes, lo que refleja una concentración del problema en territorios con alta exclusión social.

Además, expertos han alertado sobre diferencias en los roles asignados a niños y niñas dentro de estas estructuras: mientras los primeros son utilizados en actividades criminales, muchas niñas terminan siendo víctimas de trata, explotación sexual o sometidas a trabajos domésticos forzados.

El tema también ha sido abordado por la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga estos hechos dentro del caso 07. En marzo de 2026, exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc reconocieron más de 18.000 casos de reclutamiento de menores durante el conflicto armado, uno de los capítulos más graves de violaciones de derechos humanos en el país.

Pese a los avances judiciales, analistas coinciden en que el problema persiste debido a la débil presencia estatal en varias regiones y a la falta de oportunidades para los jóvenes. En ese contexto, insisten en que cualquier proceso de negociación con grupos armados debe incluir compromisos claros para poner fin al reclutamiento infantil.

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