Policía de Ecuador rescata a dos colombianos secuestrados por disidencias de Farc en Sucumbíos

En una operación conjunta realizada en el sector Tierras Unidas del municipio de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, unidades del Ejército y de la Policía Nacional de Ecuador lograron rescatar a dos ciudadanos colombianos que permanecían privados de la libertad en poder de un grupo armado ilegal.

De acuerdo con los reportes oficiales, los responsables del secuestro serían integrantes de los Comandos de la Frontera, agrupación que actúa como disidencia de la antigua estructura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La intervención de las autoridades ecuatorianas tuvo lugar luego de que información de inteligencia militar identificara la posible ubicación de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad colombiana, quienes habrían sido trasladados a esa zona tras su retención en circunstancias aún bajo investigación.

Durante el procedimiento se presentó un intercambio de disparos entre los uniformados y quienes mantenían bajo custodia a los secuestrados. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los presuntos captores fue abatido.

Otros cuatro individuos armados que hacían parte del mismo grupo lograron escapar, presumiblemente hacia territorio colombiano, según informó el Ministerio de Defensa.

Tras la intervención se logró el decomiso de armamento y material de uso militar. Las autoridades incautaron dos fusiles, un total de 1.505 cartuchos de diversos calibres, varias alimentadoras, mochilas, chalecos tácticos y siete uniformes camuflados que, de acuerdo con los hallazgos en la escena, eran utilizados por los integrantes de Comandos de la Frontera.

Las operaciones contra este tipo de estructuras armadas se enmarcan en el estado de “conflicto armado interno” decretado por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024.

Esta medida se adoptó como respuesta a la expansión y consolidación de redes del crimen organizado, tanto en zonas urbanas como en regiones fronterizas y de selva.

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Pese a este enfoque militar en la política de seguridad, el país cerró el año 2025 con un balance de homicidios que alcanzó un nuevo máximo, con alrededor de 9.300 casos registrados, según datos entregados por el Ministerio del Interior.

El Gobierno de Ecuador sostiene que el incremento de la violencia está directamente relacionado con las disputas territoriales entre agrupaciones delictivas que, además de controlar rutas del narcotráfico, han diversificado sus actividades hacia economías ilegales como la minería.

En esta dinámica, se ha documentado la presencia de alianzas entre bandas locales y estructuras armadas transnacionales como los Comandos de la Frontera, que han extendido su accionar a zonas estratégicas como Alto Punino, en la provincia de Orellana, donde se localizan explotaciones ilegales de recursos minerales.

En mayo de 2025, once militares ecuatorianos murieron en ese territorio amazónico durante una emboscada atribuida a miembros de esa misma organización armada.

El ataque evidenció la capacidad operativa de estos grupos y su disposición a confrontar directamente a las fuerzas del Estado, lo que ha generado una reconfiguración en la estrategia de seguridad en el oriente del país, con énfasis en las regiones limítrofes con Colombia y Perú.

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