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Polémica en Barú por exorbitantes precios aprobados por la Alcaldía de Cartagena
La nueva lista oficial de tarifas en la isla desató un fuerte debate en redes. Muchos consideran que estas medidas limitarán el acceso de turistas nacionales y favorecerán únicamente a visitantes con alto poder adquisitivo.

La Alcaldía de Cartagena ha generado controversia tras oficializar una carta de precios para la isla de Barú, donde algunos productos y servicios alcanzan valores considerados “excesivos” por ciudadanos en redes sociales. Limonadas a $50.000, platos de langosta por $600.000 y cocteles que superan los $180.000 son algunos de los ítems que más han despertado indignación.
La decisión, que busca regular tarifas de servicios turísticos y gastronómicos, fue defendida por el alcalde Dumek Turbay. El mandatario aseguró que se trata de una medida necesaria para evitar la especulación y brindar claridad a los visitantes. “Prefiero precios regulados por normas transparentes a que no haya reglas claras y se especule con los precios”, afirmó en un comunicado oficial.

Entre los argumentos a favor, las autoridades locales y algunos prestadores de servicios aseguran que los altos costos responden a las dificultades logísticas propias de un entorno insular, y que el objetivo es ofrecer experiencias “premium” en un entorno turístico exclusivo. Sin embargo, las críticas apuntan a que estas tarifas encarecerán aún más el turismo nacional, alejando a los colombianos de clase media de este destino.
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“No se trata solo de un lujo, se está normalizando que una playa pública se vuelva inaccesible para la mayoría de los colombianos”, escribió un usuario en X. Las quejas también recordaron casos anteriores de cobros excesivos en playas cercanas a Cartagena, como el de un turista extranjero que pagó hasta $12 millones por unos cocteles y mojarras.
Tweet: https://twitter.com/dumek_turbay/status/1953109906745147816
La Alcaldía respondió que su intención es garantizar orden y buen servicio, y que la regulación se pactó con las comunidades nativas. Aun así, los reclamos por precios desproporcionados no cesan y han reabierto el debate sobre el acceso justo a los destinos turísticos más populares del país.
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