Parranda vallenata en cárcel de Itagüí habría costado más de $500 millones en artistas y licor

Una nueva polémica rodea a la Cárcel de Itagüí tras revelarse detalles sobre una parranda vallenata que habría tenido un costo superior a los 500 millones de pesos y en la que participaron artistas, invitados externos y presuntamente se consumió licor dentro del centro penitenciario.

La denuncia fue presentada por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien aseguró haber recibido información e imágenes que evidenciarían la realización del evento desde las 9:00 de la mañana en uno de los patios del penal de máxima seguridad.

Según lo denunciado, a la celebración habrían ingresado no solo artistas vallenatos reconocidos, sino también coristas, personal logístico y un grupo de invitados externos, incluyendo mujeres y amigos de los internos, lo que habría elevado el número de asistentes a entre 80 y 100 personas.

La cabildante indicó que el evento se habría realizado en un pabellón donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras criminales vinculadas a procesos de diálogo de la denominada paz urbana impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información conocida, los recursos para la parranda habrían sido recolectados entre varios internos, alcanzando una cifra cercana a los 500 millones de pesos, destinados al pago de artistas, logística y presunto ingreso de bebidas alcohólicas.

Otra de las irregularidades señaladas es que en los registros oficiales del penal no habría quedado evidencia del ingreso del número total de personas que participaron en la actividad, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles internos y la supervisión del personal de custodia.

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Tras conocerse los hechos, se activaron protocolos internos y se notificó a la dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ordenó verificaciones para establecer si hubo omisiones en los controles de ingreso y permanencia de visitantes.

La denuncia también advierte que no sería la primera vez que se registran situaciones similares en ese establecimiento, donde anteriormente se habrían detectado eventos no autorizados y presuntas irregularidades relacionadas con el control de visitantes.

Ante la gravedad de los hechos, sectores políticos y ciudadanos han solicitado investigaciones disciplinarias y penales para establecer responsabilidades entre funcionarios encargados de la vigilancia y custodia del centro penitenciario, así como determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la realización de la parranda.

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