Parque Tayrona cerrado indefinidamente: denuncian cobros irregulares y reaperturas no autorizadas

El Parque Nacional Natural Tayrona fue cerrado temporalmente por decisión del Gobierno nacional después de registrarse amenazas dirigidas a funcionarios, bloqueos en sus accesos e imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para visitantes y trabajadores.

La medida fue anunciada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que informó que el objetivo principal es proteger la vida e integridad de quienes ingresan o laboran en el área protegida, así como la de las comunidades asentadas en la zona.

El cierre se ordenó tras incidentes ocurridos en distintos puntos cercanos al parque, ubicado en jurisdicción de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

El 11 de febrero se adelantó una operación para retirar ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida.

En los días posteriores circularon mensajes intimidatorios contra el personal encargado de los controles, al tiempo que se instalaron bloqueos en accesos terrestres utilizados para ingresar a los senderos y playas.

El parque está habitado por pueblos indígenas de la Sierra Nevada —kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo— que consideran el territorio un espacio de especial significado espiritual.

Con ellos existe un acuerdo para realizar tres cierres anuales con fines de conservación biológica y ejercicio cultural.

El cierre decretado por el Gobierno no hace parte de esos calendarios pactados, aunque coincide con la reapertura que se produjo el 15 de febrero al término de una suspensión programada.

El primer día de funcionamiento tras esa reapertura coincidió con nuevas restricciones impuestas por grupos que bloquearon uno de los tres accesos principales.

También se identificaron cobros no autorizados e ingresos de visitantes por vías irregulares sin los requisitos exigidos por la autoridad ambiental.

La institución señaló que la tarifa oficial incluye un seguro obligatorio por accidentes y rescate, que debe estar vigente durante toda la permanencia en el área y que cubre eventualidades como evacuaciones o lesiones.

En este contexto, Parques Nacionales decidió suspender nuevamente el ingreso, advirtiendo que se trata de una medida temporal mientras el Estado restablece su presencia institucional.

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De acuerdo con la información oficial, el parque recibe más de 6.000 visitantes diarios y se mantendrá cerrado hasta que existan condiciones verificables que permitan retomar la actividad ecoturística.

Reapertura de hecho por parte de comunidades y actores locales pese a la orden estatal

Aunque el cierre fue declarado de manera indefinida por el Gobierno, en varios sectores se registró la reapertura informal de accesos y la exigencia de pagos directos a turistas nacionales y extranjeros.

Esta situación fue denunciada por operadores turísticos y por visitantes que llegaron en los últimos días a puntos como El Zaino, Neguanje y Calabazo.

Según relataron, se permitió el tránsito a senderos y playas tras el pago de sumas en efectivo que no correspondían a la taquilla oficial.

Las denuncias recogidas por medios radiales indican que miembros de comunidades asentadas en el territorio habilitaron el paso bajo esquemas propios de cobro y control.

Parques Nacionales reiteró que ningún ingreso tiene autorización vigente y que cualquier recaudo distinto al oficial carece de validez.

La entidad insistió en que los accesos están suspendidos y que la administración del área protegida es responsabilidad exclusiva del Estado.

La situación ha generado efectos económicos entre operadores turísticos con permisos vigentes, quienes manifestaron incertidumbre jurídica por la ausencia de un control estatal efectivo.

Para estas empresas, la falta de claridad sobre quién regula realmente el acceso afecta las reservas, los desplazamientos de visitantes y los servicios programados antes de la declaratoria de cierre.

Intimidaciones y retiro de funcionarios debilitaron el control institucional

La crisis se profundizó después de que la autoridad ambiental retirara parte de su personal por motivos de seguridad.

Funcionarios fueron objeto de presiones y mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales, en los que se les instaba a abandonar el territorio y a entregar sus uniformes.

El retiro generó vacíos que facilitaron la ocupación de accesos por actores no autorizados y el establecimiento de cobros directos a visitantes.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgos para la población debido a la presencia de estructuras armadas en la región.

Entre las mencionadas figuran las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el autodenominado Clan del Golfo, cuya influencia territorial ha sido señalada como un factor que incrementa la complejidad en materia de gobernabilidad.

Parques Nacionales explicó que la decisión de cerrar se adoptó después de que circularan amenazas directas a la jefatura del parque, especialmente tras operativos en el sector de Cañaveral dirigidos a frenar edificaciones sin permiso.

Desde ese momento se reportaron bloqueos, cobros irregulares e ingresos desordenados que impidieron ejercer el control institucional previsto para el área.

Suspensión de actividades marítimas y advertencias sobre riesgos ambientales

La Capitanía de Puerto de Santa Marta respaldó el cierre mediante la suspensión del zarpe de embarcaciones turísticas hacia las playas del parque.

La medida implica que ningún bote está autorizado para acceder a sectores como Cabo San Juan o Arrecifes mientras se mantenga el cierre.

El objetivo consiste en evitar riesgos derivados de la actual situación de seguridad y de las condiciones marítimas en la zona.

Parques Nacionales explicó que, además de los hechos de orden público, existen factores ambientales que exigen prudencia.

Diversos puntos presentan condiciones meteorológicas que requieren evaluación técnica antes de permitir el ingreso de grandes flujos de turistas.

La Oficina de Gestión del Riesgo de la entidad señaló que la suspensión busca proteger derechos básicos como la vida y la integridad, y que la reapertura solo tendrá lugar cuando exista un concepto técnico que confirme la viabilidad operativa del parque.

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