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Ordenan primera captura por maltrato animal bajo la Ley Ángel en Colombia
Hombre acusado de asesinar a un gato en Bucaramanga permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial

Un juez de la ciudad de Bucaramanga ordenó este 17 de mayo la detención preventiva de Alexander Parra Carrillo, señalado como el presunto responsable de asesinar a un gato llamado Michín. Este sería el primer caso en el país en el que se aplica una medida de aseguramiento por maltrato animal bajo los lineamientos de la Ley Ángel, aprobada en 2023 y que endureció las penas por delitos contra animales.
La senadora Andrea Padilla, impulsora de la reforma, celebró la decisión judicial y la calificó como un hecho histórico para la protección animal en Colombia. Según explicó, antes de esta legislación las penas no permitían privación de libertad, pero ahora, en casos con agravantes como la muerte del animal, la condena puede alcanzar hasta 98 meses de prisión, haciendo viable la detención preventiva.
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El concejal Camilo Machado, quien realizó la denuncia pública y penal, confirmó que la víctima fue un gato doméstico y que tras los hechos también recibió amenazas por parte del hijo del acusado. “Ahora su hijo está realizando amenazas de muerte en mi contra”, declaró, solicitando medidas de protección y reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos animales.
La Ley Ángel, junto con otras normas aprobadas recientemente, busca castigar con mayor severidad el maltrato, abandono y actos de crueldad contra los animales. Con esta reforma, cualquier pena igual o superior a 48 meses permite a los jueces ordenar prisión preventiva mientras se adelanta el juicio, sin que el agresor enfrente el proceso en libertad.
El caso aún está pendiente de legalización de la captura por parte del juez, quien deberá determinar si se dicta medida de aseguramiento intramural. La senadora Padilla subrayó que esperan una decisión ejemplar, que refleje la gravedad del delito y siente un precedente legal en la aplicación de la nueva normativa.
Las autoridades han reiterado que este tipo de decisiones fortalecen el marco jurídico de protección animal en Colombia. Además, promueven una cultura de respeto hacia los seres sintientes y refuerzan el mensaje de que la violencia contra los animales no quedará impune.
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