Ministerio de Transporte rechaza cobro por tonelada de carga impuesto por Buenaventura

El ministerio de Transporte rechazó el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, expedido por la Alcaldía de Buenaventura, mediante el cual se implementó un cobro de $4.235 por cada tonelada de carga transportada que circule por el distrito. Según la cartera, la medida encarece la operación logística, aumenta los costos de las mercancías y afecta la competitividad del comercio exterior colombiano.

La preocupación del Ministerio radica, entre otros aspectos, en la importancia estratégica de Buenaventura para el comercio internacional del país. Por este puerto transita más del 44 % de las operaciones comerciales internacionales de Colombia, por lo que cualquier incremento en los costos asociados al transporte de mercancías podría tener efectos sobre diferentes cadenas productivas.

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Desde la cartera de Transporte se enfatizó que Buenaventura requiere inversión, desarrollo y generación de empleo, en lugar de barreras administrativas que puedan incrementar los costos de las actividades económicas. El decreto establece, además, que la tarifa será ajustada anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión de la administración distrital generó reacciones de desacuerdo entre diferentes sectores vinculados con las exportaciones y el transporte de carga. Uno de los gremios que manifestó su preocupación fue la Federación Nacional de Cafeteros, que advirtió sobre los posibles efectos del cobro en la logística de uno de los principales productos de exportación del país.

Según la Federación, en lo corrido de 2026 el 60,2% de las exportaciones cafeteras se han realizado a través de los terminales marítimos de Buenaventura. Por esta razón, el gremio señaló que la nueva tarifa representa una presión adicional sobre los costos de exportación y resta competitividad a las cadenas productivas.

Ante este escenario, la Federación Nacional de Cafeteros hizo un llamado a las autoridades locales para revisar el alcance del decreto y establecer espacios de diálogo que permitan analizar sus efectos sobre los diferentes sectores económicos que utilizan el corredor hacia el puerto.

Por su parte, la Asociación de Transportadores de Carga (Colfecar) sostuvo que el sector ya ha tenido que absorber importantes incrementos acumulados durante los últimos cuatro años. Entre estos, mencionó un aumento del 25% en el precio del diésel, del 40% en los peajes y del 79% en el costo combinado del salario mínimo y el auxilio de transporte.

Asimismo, Colfecar explicó que los camiones que llegan a Buenaventura transitan por vías nacionales que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) o la Gobernación del Valle del Cauca. En estos recorridos, añadió el gremio, los transportadores ya realizan pagos asociados a peajes y sobretasas al combustible.

A su vez, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Fedetranscol) calculó el impacto que tendría el nuevo cobro sobre las operaciones. De acuerdo con sus estimaciones, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría que asumir un sobrecosto aproximado de $127.050 por operación.

Fedetranscol afirmó que la medida termina trasladando las ineficiencias relacionadas con la infraestructura a las empresas transportadoras y a los propietarios de los vehículos. Según la organización, este efecto económico podría acumularse a lo largo de la cadena logística y terminar reflejándose en los precios que pagan los consumidores.

Finalmente, la Federación Empresarial de Autotransporte de Carga (Fedetranscarga) cuestionó la legalidad del decreto y sostuvo que este presentaría vicios de nulidad al estar fundamentado en la figura de “precio público”.

El gremio argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, un precio público exige voluntariedad por parte de quien realiza el pago. Sin embargo, Fedetranscarga considera que esta condición no se cumple en el caso de Buenaventura, debido a que el tránsito por el corredor vial utilizado para llegar al puerto constituye la única alternativa de acceso.

Además, la organización señaló que la decisión de la Alcaldía vulneraría el artículo 338 de la Constitución Política, relacionado con la reserva legal en materia de tributos. También sostuvo que la medida contraviene el Estatuto del Transporte, regulado por las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.

De esta manera, el cobro de $4.235 por tonelada de carga abrió un debate entre la administración distrital, el Gobierno nacional y los gremios del transporte y la producción, que advierten sobre sus posibles efectos en los costos logísticos, las exportaciones y los precios finales de las mercancías.

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